El triunfo de los tránsfugas

 

El manejo de la Dipu para condenar a los tránsfugas apoyados en tránsfugas resultaría cómico si no fuera dramático. ¿Cómo erradicar esa lacra contando con los propios leprosos, apoyándose en sus votos, teniendo en cuenta sus miserables argumentos? El transfuguismo es un negocio que no sólo beneficia a los golfos/as que lo practican sino a los partidos que los respaldan en su juego sucio, a los dirigentes que dan sus vistos buenos si es que no suministran la propia idea. Si existen personajes como los tránsfugas colectivos de Aracena o Gibraleón, si se lanza humo para que no se vea qué ocurre en el laberinto de Beas, es porque los “aparatos” implicados así lo quieren, si se paga a manos llenas a los traidores es porque el negocio no es exclusivo de ellos. En Huelva se están batiendo todos los récords de cinismo y amparo al transfuguismo quizá porque de ese cenagal sacan los mandarines partidistas sus únicos “éxitos”. Manuel Guerra o Esperanza Ruiz no serían nadie sin Barrero y Cejudo. Lo malo es que, a estas alturas, quizá estos tampoco lo serían sin ello.

El eco de Larra

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acaba de insultar gravísimamente a casi dos millones y medio de trabajadores, los funcionarios españoles, a los ha acusado de no trabajar como es debido y de aprovecharse de su estabilidad en el empleo. Es un ‘leitmotiv’ del partido del ministro desde que Guerra inauguró su era demagógica prometiendo en titulares que iba “a meter en cintura a los funcionarios”, sin especificar a qué funcionarios, así en general, incluyendo –tal vez por mera ignorancia– a, pongamos por caso, policías o bomberos, jueces o profesores, proyecto que produjo ciertas disfunciones pero que, como es natural, no cambió seriamente las circunstancias de una función pública degrada al máximo desde aquella experiencia en adelante. La idea que maneja ahora el ministro está arraigada en el subconsciente colectivo como lo está la que de los políticos son corruptos, pero lo que oculta, en última instancia, no es más que el designio de hacerse políticamente con la Administración en bloque, de tal manera que deje de ser un ámbito profesional para convertirse en una inmensa oficina de partido. El expresidente Borbolla dijo en el Parlamento una vez –está en el Diario de Sesiones—que el funcionario no tenía que ser neutral sino obediente con el poder político que en cada momento dominara la situación, es decir, justamente la idea antípoda al objetivo progresista y modernizador que, al menos desde el XIX, viene tratando en España y Europa en general de convertir la función pública en un ámbito profesionalmente protegido dentro del que una razonable estabilidad en el empleo garantice la independencia de sus trabajadores que, de otro modo, no serán más que siervos de los políticos de turno. Y eso es lo que el ministro Sevilla quiere erradicar, la estabilidad en el empleo, la independencia relativa del funcionario que se sabe a salvo del capricho político, para sustituir el sistema por otro en el que el funcionario dependa plenamente del político. No se conforman con extender el concepto de “libre designación” a la totalidad de los puestos con responsabilidad mayor. Lo quieren todo: quieren poder quitar y poner, despedir y reemplazar. Si sale adelante este demagógico intento las Administraciones españolas serán en breve una gigantesca oficina de partido.

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Naturalmente es falso que los funcionarios no trabajen, o lo es en la misma medida que esa licencia pueda predicarse de los políticos, los comerciantes o los agricultores. Y más falso es aún que el proyecto de este Gobierno comporte alguna novedad puesto que los mecanismos para expedientar y sancionar, incluso para desposeer de plaza y hasta de empleo, al funcionario son tan viejos como la Tana burocrática. Si un funcionario malgasta su tiempo será porque se lo permite su responsable político, que tiene en su mano aplicarle el reglamento y a otra cosa. Pero es que el ministro Sevilla, como Guerra en su día, no está pensando de verdad en reducir a una presunta masa ociosa, sino en apropiarse, no sólo de hecho sino también de derecho, de la totalidad de las plantillas públicas en régimen clientelar riguroso y, en su caso, para irlas reconvirtiendo en pesebres exclusivos del partido en el poder. Si los funcionarios tuvieran mayor sentido de la dignidad profesional no tolerarían así como así semejante insulto y menos que, desde unos hemiciclos con demasiada frecuencia desiertos, se tuviera el desparpajo de instaurar la feudalización de la función pública y el desmantelamiento de esa relativa gran conquista de la modernidad que es la teórica independencia que la estabilidad proporciona al trabajador público. Los políticos luchan a brazo partido por su profesionalización –reclaman buenos salarios, pensiones muníficas, planes a cargo del erario, vacaciones excepcionales—pero pretenden precarizar al máximo la función pública. González sólo defendió una vez a un funcionario: a Amedo. Larra no supo lo que hizo cuando escribió esa fábula de la ventanilla que el rencor maneja como una filosofía.

El incendio de Marbella

 

El efecto del escandalazo final (esperemos que sea final) del Ayuntamiento de Marbella está provocando vivas reacciones en muchos pueblos y ciudades de Andalucía en los que, con evidente exageración, se viene a decir que si se intervinieran todos los consistorios más de uno y más de tres acaban con sus ediles en el trullo. Está demasiado extendida la conciencia del abuso, hay demasiados municipios en los que se han visto operaciones sospechosas en torno al urbanismo, en ocasiones vinculadas de manera clamorosa a las más altas instancias del poder, cesiones de terrenos o recalificaciones en beneficios de amiguetes del alcalde y demás trucos de repertorio. Verdaderamente se impone un ejercicio amplio y profundo de revisión de las condiciones en que actúan esos municipios nuestros que, con más competencias que nuca, aún reclaman más funciones y más dinero. Que eso, evidentemente, no vaya a hacerlo el partido en el poder, no quiere decir que no pueda constituirse en una aspiración saludable.

¿Barbas vecinas?

 

No me parece que sea éste buen momento para embarrar todo el escenario político, pero supongo que Barrero habrá caído a estas alturas en la cuenta de lo impropio, además de injusto e infundado, que resultaba su alusión a las barbas ajenas por referencia a Marbella y al Ayuntamiento de la capital. Ahí tiene ahora, por ejemplo, a la oposición diciéndole lo propio a uno de los suyos, al alcalde de Almonte, que no es que tenga muy buena defensa, y hablando, a su vez, de “trama marbellí” de Almonte, algo de lo que Barrero no debería extrañarse a poco que recuerde de qué injusta manera se trató de involucrar al alcalde de Punta Umbría –justo al que le dio el revolcón electoral a él mismo– en un escándalo sevillano. ¿Marbella y Almonte? Vamos a acabar todos con el barro hasta el cuello, pero ciertamente los políticos no podrán quejarse más que de sus propias acciones y reacciones.

Todos a la carcel

Por fin la Justicia ha entrado a saco en el Ayuntamiento de Marbella y se ha llevado por delante nada menos que a la alcaldesa y a la tránsfuga del PSOE que probablemente sea el cerebro del gobierno municipal “tripartito”, junto con varios ediles más. Es la tercera vez que el primer regidor de Marbella da con sus huesos en la cárcel y, en medio del general asentimiento, el PSOE parece apuntarse con entusiasmo a la operación de acoso y derribo, no sólo actuando institucionalmente para controlar el despiporre urbanístico –hombre, algo discreto habría que hacer antes de presentarse a las elecciones– sino incluso sumándose a las manifestaciones cívicas convocadas en apoyo de la intervención. La situación marbellí, sin embargo, el ominoso caos institucional de su concejo, no es un fenómeno espontáneo como se pretende hacer creer al personal. Gil llegó a Marbella y triunfó, primero, impulsado por la propia corrupción que le precedió, y segundo, impulsado por un PSOE que, repitiendo la jugada de Mitterrand con Le Pen, trataba de restar votos como fuera al PP. Y lo logró. No sólo lo logró sino que, poco después, cuando ya las intenciones y manejos de Gil eran un secreto a voces, pudo cortar por lo sano simplemente dejando que Gil fuera a la cárcel al ser condenado por segunda vez, en lugar de indultarlo, González y el biministro Belloch sabrán por qué poderosa razón, es decir, que si Gil permaneció organizando la trama marbellí fue porque al Gobierno del PSOE así le convino. Escenificaciones amistosas entre el propio González y Gil, como las vividas en el palacio de San Telmo un 28F, u otras por el estilo vividas en el palco del Nou Camp, sólo añadieron evidencia a lo que estaba más que claro: que al PSOE le venía mejor que peor que Gil permaneciera en Marbella. ¿Por qué? Eso tendrán que preguntárselo, insisto, a quienes desde el Poder auspiciaron su desembarco, evitaron su descabalgamiento y mantuvieron intacto su tinglado. A los ciudadanos, excluidos quizá los de Marbella, que al cabo votaban esa opción, que nos registren.

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Tres alcaldes encarcelados han sido precisos para que el PSOE decida actuar en Marbella con todas sus consecuencias, ahora que parece saber que la candidatura que maneja –la de Paulino Plata- no está ni mucho menos madura. El “caso Montaner” demostró la connivencia entre el PSOE y Gil cifrada en un talón del ‘Ostentóreo’cobrado por el partido y, todo hay que decirlo, nunca devuelto, pero es igualmente cierto que en Marbella han sido denunciadas obras ilegales tras las que aparecía un exresponsable máximo de la Junta, o que en la ciudad se han mantenido activa una oficina de gestión de intereses urbanísticos constituida por personas próximas al partido y, en algún caso, vinculadas a la misma familia que anduvo por medio en el “caso Montaner”. En cuanto a la retirada de competencias urbanísticas decretada hace poco por Chaves, hay que decir que por infinitamente menos se le aplicó una medida semejante al alcalde de El Puerto, y que si es cierto que hay en Marbella miles de viviendas ilegales, en otros municipios regidos por destacados alcaldes del PSOE –en Chiclana mismamente—se habla de cifras superiores a las marbellíes. Nunca es tarde si es buena la dicha, por supuesto, pero parece obvio que el PSOE llega tarde al incendio y que no se involucra en su extinción en tanto no decide aspirar a la alcaldía. Pero ¿cómo olvidar que el gilismo no habría existido hace mucho si su Gobierno hubiera dejado actuar a la Justicia y sacar a Gil de la vida política, y cómo olvidar todo lo demás? Lo de Marbella era intolerable, pero no tiene sentido plantear que ese desmadre ha consistido en un mero fenómeno surgido espontáneamente de la caja de Pandora que es el populismo. Gil solo habría durado poco, debidamente controlado, habría fracasado. Esta es la hora de limpiar el Ayuntamiento, de juzgar a la alcaldesa y a sus comparsas. Pero sin olvidar a sus mentores en la sombra.

El Marbellazo

El colmo de los colmos: tres alcaldes consecutivos a la cárcel. Ganando en las urnas, no se olvide. Protegidos por la ceguera voluntaria de la autoridad competente. Escándalos tan famosos como el del saqueo, páginas tan vidriosas como la del suicidio del funcionario judicial, climas tan deplorables como aquel en el que Gil decía, en sede judicial, a sus matones, que al corresponsal de El Mundo había que ajustarle las cuentas. Indultos inexplicables (más bien inexplicados), encuentros en la cumbre, ojos cerrados, cohechos demostrados ante la Justicia, aunque sólo una vez prescritos los presuntos delitos, ¡mecachis! Y ahora resulta que todo el mundo estaba contra la situación, que Gil actuaba solo, que nunca ocurrió lo que todos hemos visto y venimos denunciando algunos desde hace años, que un consejero de Chaves se propone desembarcar en el Ayuntamiento para deshacer el ovillo cuyo enredo tal vez se conoce bien en la Junta. Una alcaldesa tapándose la cara, otros descarados mirando a la cámara, detenciones en el aeropuerto. Lo pasado, pasado está, pero también está claro que Torrente, el brazo tonto de la Ley, no tendría que quebrarse la cabeza para dar su siguiente pelotazo.