Transfuguismo de partido

Hay un transfuguismo personal, que va por libre en busca sólo del beneficio o la revancha del tránsfuga, y hay otro –de esto no cabe ya duda posible—que es propiamente un transfuguismo de partido, una defección institucional, es decir, un engaño urdido desde la propia organización partidista, normalmente bajo cuerda y pasándose por el arco los pactos y contratos mil que se llevan suscritos. El caso de Gibraleón –un “golpe de gobierno municipal” protagonizado por el grupo del PSOE en peso, junto a una fugada del PP, que se integraron para disimular en el grupo mixto—es un caso extremo, una auténtica exhibición de cinismo por parte del partido que diseñó el golpe y que ahora, en buena lógica –hay que reconocerlo– recupera a los golpistas para presentarlos de nuevo en sus listas como si no hubiera ocurrido nada. No hace ni un mes que se aprobaba en el Congreso, una vez más, un acuerdo de inflexibilidad absoluta contra esos filibusteros de la política, pero el caso de Gibraleón de muestra que la piratería no se fragua solo en las Tortugas sino también en Maracaibo.

Caso límite

Si será feo el asunto protagonizado por el redactor de Canal Sur que teledirige la tele de Gibraleón sin moverse de su despacho, que hasta un probado tragasables como el director del ente ha decidido abrirle desde Sevilla un expediente o, por lo menos, eso es lo que el tragasables le ha dicho al prescindible y bienpagado Consejo de Administración de la radiotelevisión pública que nos está arruinando al tiempo que envileciendo. Claro que no se explica por qué ese investigado sigue en su puesto, pero lo que uno se pregunta es cómo, llegado el caso, se podría sancionar a quien, vulnerando lo que queramos, no ha hecho, en última instancia, más que seguir las instrucciones políticas del partido al que sirven él y su mujer, esto es, al rival del que servían antes del golpe. Porque tampoco es cosa de creer que un redactor de Canal Sur se lanza por su cuenta y riesgo a semejante aventura si no es porque se siente respaldado y, verosímilmente, comisionado por quien manda en sus alturas. Ya estaría bien con que se sancione como es debido al aventurero, desde luego, pero hacerlo dejando a salvo a los inductores –y eso no tiene remedio– no deja de ser una injusticia más.

La nueva clase

Cada día va resultando menos cómodo definir al millonario. El millonario original, el que en la España tradicional alcanzaba el millón raspado, ni siquiera entra hoy en las estadísticas en un país en el que el telediario puede adornarse con el reportaje de una cocinera que se gasta un kilo de euros en un solo día y en caprichos en la Costa del Sol. El ironista Carlos Rodríguez Brown, profesor de economía, nos explicó en una de nuestras “Charlas” onubense que el ‘boom’ inmobiliario había producido en España el tremendo milagro estructural de crear, casi de la Nada y de la noche a la mañana, un país de millonarios condenados a vivaquear sobre su fortuna: los propietarios de unas viviendas que han triplicado su valor (su precio más bien) en el último quinquenio. Pero ahora sabemos que un importante estudio ha cifrado en sólo 148.000 los ‘millonetis’ de nuestro Olimpo económico, una cifra de magnates que nos situaría en el décimo lugar en la estadística planetaria de “omes ricos”, como (ciertamente con un sentido bastante más complejo) se decía en la “otra Edad Media”. Claro que ésas no son las noticias que tiene Hacienda, celosísima Escila que, sin embargo, al aceptar como buenos los valores declarados por los contribuyentes e ignorar las inversiones extranjeras, reduce aquella nómina a solamente treinta mil afortunados de esos que dicen que pesan su influencia en ocultos billetes de quinientos euros como el viejo Aga Khan lo hacía en joyas y metales preciosos. Pero hay un dato que destaca sobre todos los demás y es el de que, durante el año 2005, es decir, en el “primer año triunfal” de ZP, en España han superado ese rito de paso nada menos que 7.600 nuevos ricos, una cifra que supone el 6’5 por ciento más que el ejercicio anterior. Cuando dijo que éste es el país en que más rápidamente puede enriquecerse una criatura, Solchaga no estaba empleando ninguna metáfora.

xxxxx

Uno comprende con facilidad que el número de millonarios que posee una colectividad es un indicador estupendo del progreso de un colectivo pero, sobre todo, no vayan a decirme que no, del progreso de ellos mismos. Aparte de que tampoco es difícil de entender que la cifra real de pobres constituye un indicador elocuente a la hora de matizar la índole de ese progreso y su auténtico alcance social. Esta misma temporada vuelve a porfiarse sobre esa negra realidad, que Cáritas descubrió en su día la primera y que el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), ciñéndose en exclusiva a Andalucía, calcula en medio millón de parias para que la Junta lo rebaje –reduciéndolo de manera drástica en función de su noción de “pobreza severa”– a unos treinta mil mal contados. Lo que no dice la Junta es cuántos afortunados han accedido en ese periodo a lo que podría llamarse, a ver por qué no, “riqueza severa”, siempre, claro está, desde la inquietante perspectiva que ofrece al axioma bolsístico de que en este perro mundo “cuando una gana un duro, es que otro lo pierde”. En todo caso, ese dato –el de los 2005 nuevos potentados del año 2005— habrá de planear sobre cualquier teoría que pueda ocurrírsenos para justificar o, simplemente, para explicar (Goldmann ya aclaró con finura la diferencia entre “explicar” y “comprender”) cómo es posible que una hegemonía sociata produzca a un tiempo tanto rico y tanto pobre, tanto millonario y tanto “pobre severo”. A uno, por ejemplo, no le escandaliza nada que un expresidente de ese color tenga amigos potentados, pero lo deja más que perplejo que los amigos más visibles que tenga sean precisamente los opulentos. Eurípides decía que la riqueza no es nada, pero que lo es todo, fíjense qué ambigua acuidad. Esos clásicos “nada” y “todo” son los conceptos que hoy se retuercen en la conciencia de una izquierda rampante que sabe cuánto puede esperar de la “nueva clase” sin descartar que le hagan un sitio en ella. Djilas lo anunció hace la tira de años. Ahora ya no es teoría sino simple realidad.

El gobierno amigo

Gran lección, estupendo aviso para navegante, el trágala que le han dado a la ministra Narbona, reo/a de haber denunciado lo que es un escandaloso secreto a voces: que la política de la Junta en la Costa –ahí está el lío de El Algarrobico, ahí el montaje de Costa Doñana, ahí el frenado macroproyecto de Punta Umbría, ahí el laberinto sin papeles de Chiclana, ahí Marbella—durante todos estos años ha sido nefasta. ¿Discrepar en el seno del partido paradigma de la democracia interna? ¡Y un jamón, señora ministra, incluso con chorreras, como en este caso! La declaración del portavoz de la Junta, ese logóforo inefable, en el sentido de que Chaves acoge “como normal” las excusas de la ministra del Gobierno son de para troncharse, el sometimiento de la ministra, de traca, y la soberbia de Chaves, proverbial. Bastante tenía él ya con ponerse de rodillas ante Maragall. Igual Narbona se ha creído que todo el monte era orégano.

Mangas verdes

Eso es lo que subleva y suliveya al gentío: que haga falta que ocurra una desgracia, que se produzca una tragedia –un moribundo abandonado sin asistencia en un consultorio del SAS–, para que la Junta ceda y abra la posibilidad a de aumentar los efectivos del sistema sanitario. En el mismo lugar donde ese desdichado falleció hubo no hace tanto tiempo un conflicto tal que el único médico presente, asistido de una médica recién licenciada que pasaba por allí, debió atender a cientos de personas hasta que él mismo hubo de ser trasladado al Hospital por sufrir un accidente vascular. Claro que bien está lo que bien acaba, si es que acaba, es decir, si los buenos propósitos no se agotan en dos o tres parches insalvables, sino que se traducen en una nueva filosofía que pueda entender hasta el obtuso delegata que manda/obedece en Huelva. Los familiares del difunto dirán que a buenas horas, mangas verdes. Los miles de ciudadanos que se arremolinan en las consultas de verano podrían, sin embargo, agradecer aunque fuera un intento.

Ropa vieja

 

A pesar de que un nutrido grupo de celebridades ha reclamado en un manifiesto la tutela estatal del patrimonio cultural, el ministro francés de la cosa, Donnedieu de Vabres, no acaba de decidirse a pujar por ese manuscrito en que el autor, aconsejado por Balzac, se propuso, al parecer, reformar “La Cartuja de Parma”. Lo saca a subasta un bibliófilo parisino que posee, junto a esa rara joya y entre otras tantas, cartas escabrosas intercambiadas entre Rimbaud y Verlaine, fábulas originales de La Fontaine y algún cuadro de Matisse desconocido hasta ahora, y lo que plantean los notables al manifestarse es que el patrimonio cultural, incluyendo el papelorio que los escritores dejaron olvidados en sus gavetas, no debe ponerse en almoneda para que acabe en la caja fuerte de algún millonario yanqui o saudí o quién sabe si en el cuarto de baño de algún mandante de Marbella. Está muy bien esa resistencia activa –en España el patrimonio, el material y el inmaterial, los dos, se está escapando a chorros ante la pasividad del Estado—como lo está la discretísima oposición manifestada recientemente a propósito de la publicación familiar de papeles que Camus dejó sin publicar, sólo él sabría por qué y seguramente porque le dio la gana. Una cosa es el desdén por los residuos biográficos de los grandes hombres –tantas veces iluminadores—y otra bien distinta la violación palmaria de un secreto decidido soberanamente por el autor en uso de su incuestionable libertad. ¿Quién es una hija o un yerno, quién un sobrino o incluso un ropavejero oportunista, para dar a la luz lo que el autor prefirió dejar en penumbra o incluso en la oscuridad más rigurosa? Pues nadie, a ver, aunque otra cosa diga la práctica en todas las épocas, unas veces guiada por la beatería filológica, otras por la rapiña familiar y siempre por el fetichismo que trasmuta el desperdicio literario en dudosa reliquia. El negocio de los ropavejeros atrae tanto a las editoriales como suele desazonar a los compradores, pero también suele ser redondo.

xxxxx

Nosotros tenemos, en los últimos tiempos, no pocos casos por el estilo. Una costosa edición de Machado ha dado a la luz poemas que está claro por qué no publicó el poeta pero, no conforme con esa licencia, hasta ha incluido en el lote hasta ¡un cuadernillo de aritmética! que el maestro habría utilizado en su época de opositor. Tres cuartos de lo mismo me temo que acabe ocurriendo con los papeles del muy celoso Juan Ramón Jiménez –de quien Ricardo Gullón solía decirnos que era “un corrector de sí mismo”, perfeccionista hasta la neurosis—con motivo del insólito “trienio” conmemorativo que le ha consagrado la política onubense, acaso para desagraviarlo de la quema pública de sus libros que hubo de sufrir en los malos tiempos. Como no hace tanto tiempo ocurrió con las decepcionantes memorias de guerra garrapateadas por don Pío Baroja y que cuerdamente el autor dejó enterradas en vida. Supone un grave daño para la cultura la inhibición del Estado en la protección del patrimonio pero, en no pocas ocasiones, el riesgo mayor es que se hagan cargo de él las Diputaciones y las cajas de ahorro seducidas por los ropavejeros y tentadas por los causahabientes. Y hombre, un respeto para lo que Balzac tuviera a bien opinar sobre “La Cartuja” con su superior criterio, pero supongo que una legión de lectores de todos los tiempos firmaría conmigo otro manifiesto reclamando que no nos anden jodiendo entre unos y otros y dejen la colosal novela tal como Stendhal, es decir, Henri Beyle, la envió a la editora tras corregir sus pruebas. Alguna vez saldrá adelante la tesis de que la obra literaria, muerto su autor, es por naturaleza un bien demanial del que nadie debe disponer como no dispuso él mismo. Entonces nos evitaremos ridículos como los que hoy se perpetran. Entonces podrá morirse el escritor en paz aunque no haya tenido tiempo de quemar sus papeles.