Negocio y política

Ciertos o conjeturales, confirmados o pendientes de prueba, los escándalos atribuidos a dirigentes políticos en el ámbito del urbanismo y/o la especulación no cesan ni a la de tres. ¿Qué significa que el delegado de la Junta en Almería –la primera autoridad autonómica de la provincia—se vea envuelto sin salida en la acusación de participar una empresita que facturaba a la Diputación por un tubo? ¿Y qué quiere decir que la Diputación gaditana venda a una empresa (que a su vez ya ha traspasado la patata caliente a otras manos) un pinar en un precio ocho veces inferior al de mercado? ¿Qué fue del delegado de Medio Ambiente decapitado en Huelva por negarse a refrendar el megaproyecto auspiciado por el secretario provincial y que el propio Chaves hubo de parar en seco ante la bronca provocada? No sólo en Marbella cuecen habas y no sólo allí borbotea e hiede el puchero político. El Parlamento, por pura dignidad, debería elaborar una relación de casos sospechosos o demostrados y proceder en consecuencia, si quiere que la democracia conserve su cada vez más cuestionada legitimidad.

¡Ay, Manuela!

Movida y gorda la provocada por la información, absolutamente verificable, de que la candidata a la alcaldía de la capital, Manuela Parralo, no ha iniciado siquiera los trámites para empadronarse en Huelva hasta que no ha tenido en la mano la designación de candidatura. Pero no va ser ésa la única cuita que abrume a la Parralo, ese icono inconfundiblemente pijo con tan innegables proximidades con el negocio urbanístico, que ni se plantea llevar a sus hijos a la escuela pública y de la que cuentan que perdió en algún barrio proleta un abrigo de visón. No hay que cabrearse, en todo caso, sino asumir el rol de cada cual y sus implicaciones simbólicas, dejando luego que sea el electorado el que libremente decida si las prefiere rubias y pijas o se decanta por otros modelos. Pero me da el pálpito de que los ‘exploradores’ de la “mesa camilla” han seguido, una vez más, el rastro equivocado. Forastera, ‘uper class’ y dieciocho hoyos de golf sería demasiado hasta para Rosa Luxemburgo. Para Manuela Parralo puede ser un hándicap insalvable. 

Cabezas de ratón

 

Si hace unas fechas un jugador catalán de no sé qué deporte de minorías se negaba a jugar en la selección española con el argumento de que prefería jugar en la de su tierra chica o en ninguna, el mismo día del abandono a los puntos (o quien sabe si por K.O.) de Maragall, la diputación de Gerona ha propuesto una moción a favor de que se elimine de la Ley del Deporte la obligación que incumbe a todos los deportistas españoles de incorporarse a la selección común en caso de ser requeridos. Hay que admitir que unos tíos que reclaman tener selección propia no tenían más remedio que acabar por solicitar la exención para sus jugadores de la obligación de jugar con el combinado nacional, entre otras cosas porque para ellos hasta eso de “nacional” resulta inapropiado, ya que ‘nación’, lo diga el preámbulo o lo especifique su porquero, sería también su taifa y, por consiguiente, carecería de sentido mantener esa suerte de doble militancia deportiva. Adiós a la leyenda de Ramallets, adiós al recuerdo de los Biosca, de los Gonzalvos, del gran Basora, de tantos ases del Barça como destacaron en la Selección a la que prestaron tan señalados servicios. El menbrillaje ultranacionalista ha hecho bandera lugareña de la bufanda deportiva hasta convertir en un objetivo político preferente este plante deportivo que rezuma por los cuatro costados el humor viscoso del rencor o tal vez de la envidia, pero que ha sido asumido, para estupor de ajenos pero también de muchos propios, por los mismos políticos catalanes del primer nivel. No jugar con España es un gesto separatista que, en el nivel simbólico popular, resulta más inequívoco desde luego que el batiburrillo estatutario y toda esa disentería semántica que ha crecido como un alevoso tumor en el tradicional sentimiento de unidad. Lo que no sé es cómo le caerá la ocurrencia a los propios ases cuya aportación al equipo nacional es tan valiosa como la renta profesional que pare ellos supone participar en sus filas. Lo cierto es que la balkanización palabrera ha llegado al fútbol y habrá que ir haciéndose a la idea de ver el Gobierno de la nación en manos de un presidente que no tiene otra remedio que alentar a la Selección pero que es hincha de un equipo “extranjero”, que es mi más ni menos lo que, a la sombra del nuevo Estatut, será el Barça de aquí en adelante.

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Lo que no se puede saber ni bien ni mal es qué será del fútbol catalán una vez que las fronteras se cierren y se vea recluido y forzado a competir dentro de un territorio que, evidentemente, se le queda chico de todas, todas. Ahí tienen el ejemplo de las selecciones balcánicas, incluida la de ese Montenegro que viaja sin demasiado éxito, todo hay que decirlo, como joroba de Serbia, a pesar de haber obtenido mejores resultados en su reciente referéndum que el registrado luego en Cataluña. Pero tal vez nadie aprende en cabeza ajena, y de lo que se trata por el momento en la hoja de ruta secesionista es de obstruir cualquier traza de racionalidad que pudiera insinuarse en el grave y tal vez irreversible proceso abierto por la imprudente promesa de ZP y consumado hace bien poco en las urnas aunque por parte de una exigua minoría. La gran parroquia barcelonista dispersa por toda España, esas peñas y aficionados motivados más que nada por la leyenda antimadridista, lo van a tener crudo en adelante para mantenerse como “torcida” de equipos autoexcluidos de nuestro deporte nacional, y sin duda el abandono de la Selección, caso de consumarse, habrá de dañar de modo lamentable el afecto que tantos españoles profesan desde siempre a los clubs catalanes. Pocos casos habrá habido en el Historia en que se haya traslucido con tanta diafanidad el peso decisivo de los políticos en decisiones que la gente no sólo no comparte sino que ni siquiera entiende. Me gustaría saber qué piensan Pujol o Xavi de la petición nacionalista, porque a ellos es, por supuesto, a quienes les va a tocar pagar el facturón causado por el capricho político.

Más trampas para Marbella

 

A la desvergonzada propuesta de IU de “flexibilizar” la aplicación de la normativa sobre incompatibilidades a los miembros de la Gestora que Chaves impuso a toda prisa en Marbella para evitar unas elecciones adelantadas que no le favorecían nada, se ha unido el refuerzo del PA y, finalmente, la aún más descarada petición del PSOE de que, en vista de las circunstancias, se hagan “excepciones” en la aplicación de esa normativa. Es decir, que los mismos que deberían tentarse la ropa en el mayor laberinto municipal conocida hasta ahora, supeditan, a su vez, los intereses generales y la necesidad imperiosa de normalizar la administración con garantías de honradez, a sus particulares conveniencias. No hay mayor fracaso de la ley que el desistimiento voluntario de aplicarla por parte del Poder ni mayor escándalo posible que ver a los “moralizadores” llegar al lío proponiendo trampas legales. Los ciudadanos de Marbella serán responsables de lo que se quiera mirando hacia atrás. Pero mirando lo que hoy ocurre son, en realidad, las víctimas de estos nuevos caciques que han llegado reclamando sin disimulo las llaves del cortijo.

La candidata se empadrona

 

Me cuentan que la candidata del PSOE, el abracadabrante relevo prometido para el derrotado Pepe Juan, es decir, Manuela Parralo, se ha empadronado en dos etapas en la capital, qué duda cabe que para sacudirse la incómoda objeción de que cómo va a aspirar a la alcaldía una dama que vive en una urbanización chic fuera de ella. Parece que Parralo lo intentó primero en un local de su esposo –¡será por locales!—en la calle Rico y,. con posterioridad, en un piso, ¡aún por construir!, en la calle Rábida, y la verdad, no sé en qué habrá quedado el cuento. Ya sólo le queda probar que no educó a su prole en colegios de élite, que no gasta coches de lujo y que nadie en su familia íntima tiene graves intereses urbanísticos en entre la Isla Chica y Cardeña. Pero todo se andará, ya lo verán, mejor o peor, eso sí, y al final va a resultar que la decorativa candidata es más de Huelva que el drago del El Punto. Hay mucha gente que insiste en que a Pedro Rodríguez le ha tocado el gordo con esta designación. La verdad es que si llega a seguir Pepe Juan tampoco se habría arruinado.

Medios y fines

Una característica de los gobiernos socialdemócratas recientes es que producen leyes benéficas y progresistas pero de difícil o imposible aplicación por falta de recursos económicos. Un caso mil veces repetido fue el de la LOGSE célebre, una ley que, más allá de su lenguaje solecista, invadía a saco las rutinas tradicionales y abría perspectivas prometedoras en una enseñanza que arrastra demasiada ganga romántica a pesar de los múltiples planes de reforma que ha padecido. Pero hay otros muchos casos, entre ellos uno que est`s días trae en un sinvivir a media España a propósito de la implantación de esas drásticas medidas coercitivas con que el Gobierno se propone frenar la sangría del tráfico de una vez por todas, no sólo a base de penalizar con la sisa de puntos el carné del conductor imprudente, sino con la estupenda medida de tipificar en el Código Penal la conducción temeraria de aquellos insensatos que circulen bien a mayor velocidad de la permitida, bien bajo los efectos del alcohol. Y bien, resulta que esta ley que tanto consenso ha despertado entre la ciudadanía peatonal e incluso entre la otra, la motorizada (véanse las diversas encuestas para comprobarlo) bien (quiero decir ‘mal) podría aplicarse a rajatabla habida cuenta que la previsión estima que los sancionados penalmente por la nueva norma serían por lo menos 80.000 y no hay que ser una minerva para discurrir que en nuestras abarrotadas cárceles, que ya están hasta las trancas desde hace tiempo, no cabría ni de lejos esa irresponsable legión. Otra ley en papel mojado, pues, otro fiasco para la opinión pública que no se explica cómo es posible que el Gobierno no calcule los efectos de las leyes antes de sancionarlas y más en un caso tan elemental como éste que anuncia el encarcelamiento irremediable de miles de ciudadanos. ¿Qué hará la Justicia, aplicar la norma caiga quien caiga, enviar a la ergástula colmatada a los malos conductores, o bien adecuarse como quien no quiere la cosa a la realidad –fíjense qué contrasentido: una ley incompatible con la realidad—y hacer la vista gorda a la hora de la ejecución de las sentencias? También es verdad que a los pobres jueces les ha caído encima la del tigre con esta tendencia del Poder a endosarle marrones tan graves como esa propuesta de prevaricación subliminal de pasarle la mano a los etarras o ahora con esta encerrona de los delincuentes de la ruta.

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Hacer leyes de cumplimiento problemático o, sencillamente, imposible, no es solamente un despropósito sino un ataque fatal a la seguridad jurídica. No recuerdo la frase exacta, pero sí el sentido del aviso de que daba Richelieu a sus ministros cuando sostenía que hacer leyes y dejar luego de ejecutarlas supone ni más ni menos que autorizar aquello que se pretendía prohibir. Fíjense en este caso sin ir más lejos: tipificar como delito aquellas infracciones de tráfico y dejar en la calle a los condenados vendría a provocar sin remedio el efecto contrario al pretendido, a saber, enviar a la opinión el mensaje de que conducir a velocidad o bebido en exceso es algo que, en definitiva, puede hacerse con toda tranquilidad habida cuenta de, que por encima del incidente procesal que sea, el resultado será la impunidad total pro falta de plazas en las prisiones. Razón por la que puede que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad y la nueva ley añada confusión al temible panorama actual sin aportar beneficio alguno. Aparte de todo lo cual, habría que ir planteando la cuestión general que, a mi entender, resulta más preocupante, esto es, la evidencia de que el incremento exponencial de los delitos hace tiempo que dejó fuera de juego a un sistema penitenciario acostumbrado a convivir con su propia miseria. No deberían promoverse normas que no puedan ponerse en práctica, es dañino para la sociedad radicalizar el trato penal cuando no se dispone siquiera de calabozos suficientes. Puede que la nueva norma amplíe al Parlamento y al Gobierno la celebrada convicción de que la Justicia es un cachondeo.