La justicia, sin medios

Hay quien dice fue un disparate que las competencias en materia de Justicia pasaran del Estado a la Junta. No seré yo quien lo repita aunque si escuchan ustedes a muchos jueces y fiscales, verán lo que es bueno. ¡Pero si el urinario de la Audiencia de Sevilla no lo han adecentado hasta que llegó el mediático acontecimiento de los ERE! Antier se inauguró por todo lo alto la nueva oficina fiscal, proclamada como un “hito histórico” por la consejera Aguilar pero, ay, sin la imprescindible dotación digital. Y lo curioso fue el silencio de las fiscalas con mano en plaza ante el desahogo juntero: no dijeron ni mu sobre esa deficiencia. Por lo que se ve, digan lo que digan los magistrados de a pie, los que tienen cargo parecen haberse acomodado sin problemas a la nueva situación.

La otra paradoja

La provincia de Huelva mantiene desde hace años una elevada tasa de desempleo. Mayor que la mayoría de las otras andaluzas –se columpia sobre el 20 por ciento y ha llegado a sobrepasar el 31— ofrece, sin embargo, la curiosa paradoja que supone necesitar y no encontrar, ni siquiera ofreciendo curro por Internet, 100.000 trabajadores para sus labores agrícolas. Es verdad que hay que tener en cuenta las duras condiciones de empleo y subsistencia de esa mano de obra temporera y hasta, según ciertas denuncias solventes, de su contratación tramposa, a pesar de que, desde la propia Asaja, los empresarios se desmarquen de esas trampas. La autoridad tendría que actuar con firmeza –y no sólo en el sector agrario— para evitar que la peste del paro se convierta en el negocio de unos pocos a costa del suplicio de muchos.

De ayer a hoy

¡Lo que va de ayer a hoy! ¡Mira que se ha largado durante años contra el mal llamado PER, es decir, contra el subsidio agrario en el que se decía ver un instrumento clientelar decisivo inventado por el “régimen” andaluz y, en especial, sobre el vidrioso asunto de las famosas peonadas exigidas para acceder a él! Bueno, pues ahora –sin aviso previo y a iniciativa de los conservadores andaluces– el Gobierno del PP va y reduce de un plumazo a 20 las 35 peonadas vigentes, medida que, con carácter retroactivo, afectará a miles de braceros andaluces a partir de septiembre. ¡Todo el mundo es socialdemócrata ya, por lo visto, hasta los liberales! Vivimos todos inmersos en un lubricán en el que ya no se distingue el hilo blanco del negro. Los estrategas del electoralismo tendrán que inventarse un argumentario nuevo.

Memoria y rencor

Hace sólo unas semanas, tuvo lugar en la localidad huelvana de Nerva un hecho singular: el discreto entierro en su cementerio de un soldado nervense caído en Rusia durante la Guerra Mundial. Descubierto su cadáver por una piadosa asociación que vela por esas memorias perdidas, sus promotores sugirieron al Ayuntamiento que, al haber fallecido los familiares del soldado, reclamara su cadáver en nombre del pueblo con el fin de obtener su repatriación, y así lo propuso al Pleno el alcalde del PSOE que preside un tripartito apoyado por Podemos e IU, obteniendo su apoyo por unanimidad. Un gesto noble y sensato que, a mi entender, bien merecería el reconocimiento de una nación tristemente atrapada, al cabo de tres cuartos de siglo, en el sórdido y banderizo complejo de las “dos Españas”. Con orgullo pueden levantar la cabeza esos regidores que contrastan, como digo, con tantos ejemplos contrarios.

Miren y comparen con lo ocurrido en Callosa del Segura, una histórica población alicantina, cruelmente castigada durante la Guerra Civil, con motivo de la empeñada operación municipal de retirada de una Cruz de los Caídos que, desde hace cerca de 80 años, recuerda el trágico sacrificio de más de 80 vecinos, operación que, una vez ejecutada, paralizó –¡a buenas horas, mangas verdes!– el TSJCV. Gran ejemplo de cordura y espíritu pacificador el dado por los ediles nervenses y por su pueblo (castigadísimo en la represión franquista, por cierto) frente al espectáculo triste de un pueblo dividido y enfrentado con dureza a causa de una ocurrencia política que ahora tendrá que buscar a ciegas la concordia perdida.

Cualquiera que conozca la Historia de España sabe hasta qué punto nuestra supervivencia colectiva ha dependido no del olvido ciego, sino de un saludable instinto de concordia gracias al cual, desde Sertorio y Perpenna, hemos ido superando tantas dualidades cainitas. Pero las “dos España” goyescas y machadianas siguen ahí, tranca en mano, enterrados los contendientes en la ciénaga del rencor y recíprocamente dispuestos a machacarse. Lo recordaba el domingo pasado en este diario mi dilecto amigo Andrés Amorós, de cuyo argumento no me resisto a recoger, como colofón de mis líneas, este párrafo severo pero luminoso: “Estas dos Españas existen hoy en día, pero no tienen ya que ver con las tradicionales derechas e izquierdas. Ahora mismo se trata de elegir entre el egoísmo insolidario, paleto, muy viejo, aunque intente disfrazarse con las galas del progresismo buenista, y la normalidad democrática de una nación europea que mira ya sin ningún complejo a las de su entorno”.

El barco del arroz

Mientras los estrategas de la Junta bailan la yenka –un pasito adelante, un pasito atrás— en el laberíntico procedimiento judicial de los ERE, el PP parece dispuesto a reclamar ante la misma Justicia los (al menos) 741 millones de euros que de la instrucción se deducía que desaparecieron ilegalmente de las arcas autonómicas. Doble contra sencillo a que los reclamantes no logran arañar ni un euro pero, en todo caso, cierto es que tendría que aclararse por qué esa Junta decidió renunciar al rescate de esos fondos perdidos en una de las operaciones más oscuras y torticeras registradas en la crónica democrática. Los propios letrados de la Junta tendrían, a su vez, que explicar por qué renunciaron a reclamar la fortuna perdida y, desde luego, quién les dio esa orden a todas luces desconcertante.

El sermón y el trigo

Veo una intensa campaña publicitaria de la Junta (que pagamos todos, ojo) proclamando el derecho de los “dependientes”. Junto a la foto de algunos de ellos, el cartelón dice entusiasta: “Andalucía dice SÍ”, con mayúscula subrayada. Pero al mismo tiempo busco los datos reales y compruebo que esa Junta entusiasta mantiene “sine die” en el limbo administrativo a ¡más de 91.000! solicitantes de la ayuda. Eso se llama predicar y no dar trigo, penúltimo recurso de la clásica “agitprop”. ¿No era la Ley de Dependencia –aprobada por unanimidad aunque apropiada por el PSOE– la “joya de la Corona” democrática? Pues parece que puede que lo sea de boquilla pero no a la hora de echar mano a la bolsa y cumplir ese elemental compromiso. Hace falta poca conciencia para ahorrar a costa de esos ciudadanos impedidos.