Hermanos separados

Sé bien que hablamos de un tema aviejo, de una reliquia del imaginario progre incapaz de percatarse del paso del tiempo, pero la vuelta a la actualidad de la reclamación de una carretera Huelva-Cádiz, la plantee el PP o su porquero, es algo que el PSOE (la Junta de todos, la Diputación de ellos) no va a tener más remedio que acabar tomando en cuenta tras la incorporación de los empresarios a la demanda. La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), las Cámaras de Comercio de esa capital y de Jerez, junto a las de Sevilla, Huelva y Ayamonte, además de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) representan a un sector demasiado amplio e influyente de la vida de las dos provincias que no puede ser olímpicamente desoído por un arbitrismo que, a estas alturas, resulta ya un poco arcaico. No tiene sentido mantener el histórico aislamiento de dos capitales geográficamente vecinas más allá del elemental acuerdo medioambiental cuando estamos ya unidos por autopista en todas las direcciones posibles.

La tortuga judicial

Hace años que sigo con interés el “affaire Seznec”, grandísimo embrollo judicial francés inaugurado en 1923 con una cadena perpetua impuesta a un ciudadano bretón acusado sin pruebas de haber matado a otro. Sin crimen, sin confesión, sin víctima siquiera, Guillaume Seznec pasó el resto de su vida en penales, primero en el terrible de la isla de Saint Martin-de-Ré y luego en el famoso de la Guayana francesa que Papillón haría célebre con su epopeya presumiblemente inventada. El año del bicentenario de la Revolución (1989) viví de cerca en París la constitución de un  grupo de apoyo formado de notables e intelectuales (por ese orden) que proponía –Seznec había muerto en el 54–  la revisión del proceso, y poco después se abriría una comisión encargada que acabaría rechazando la petición siete años más tarde, lo que dio lugar a que el Consejo General de Bretaña acordara por unanimidad renovar la solicitud, finalmente decidida por la ministra del ramo en el año 2001. Más de ochenta años después se celebra estos días el nuevo juicio en medio de un debate social que mantiene intactos, al cabo de tantas décadas, las posturas y prejuicios de los primeros actores, en medio de un novelesco enredo de pruebas falsas, testigos inencontrables y hasta policías sospechosos de haber fabricado contra el pobre Seznec las evidencias precisas para salir del paso. De Francia se pueden despotricar muchas cosas pero no cabe sostener que esa gran nación no conserve viva la vieja tradición justiciera que le viene derecha de la Ilustración..
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No saldría bien parada nuestra opinión pública ni nuestro sistema judicial de una comparación con los del país vecino. Cuando pasen ochenta años no quedará en pie ni un alma entre los testigos abrumados del 11-M (como no quedan del fracaso del pobre Seznec), por ejemplo, y la triste odisea de las asociaciones de víctimas, manipuladas o sin manipular, no habrá de dar de sí  más que para unas líneas entresacadas a duras penas de la hemeroteca. Pero casos como el deplorable de la condena de Seznec –sobre todo si finalmente se consigue la rehabilitación del condenado– tendrían que hacer reflexionar a los apresurados partidarios de cerrar como sea un proceso tan agujereado como el que nos traemos entre manos en España a pesar de le evidencia de la extrema debilidad de la instrucción y de la inverosimilitud de sus conclusiones. Nadie ha resuelto en Italia a estas alturas el “caso Sofri” a pesar de la contribución excepcional de Carlo Ginzburg en su defensa y haría falta todo un Voltaire para repetir la hazaña de aquel “caso Jean Calas” que inspiró al filósofo el “Tratado sobre la Tolerancia”, o un Zola bragado capaz de enfrentarse a una galaxia judicial con tanto agujero negro y tanta estrella rutilante. La experiencia demuestra que con frecuencia lamentable la opinión pública se divide esquizofrénica sajada por la filosa navaja de la pasión, como si tomar partido fuera preferible a buscar la verdad o como si los graves desafíos de la realidad obligaran a la Justicia a forzar sus propias limitaciones. Un país que ochentaytantos años más tarde sigue atento las vicisitudes de un proceso que busca rehabilitar a un condenado que murió hace medio siglo constituye todo un ejemplo de seriedad para oponer a quienes querrían perpetrar en el nuestro una faena de aliño para liquidar el mayor atentado de nuestra historia. Uno que ha conseguido reducir el pleito a una confrontación partidista, en cambio, apenas merece la Justicia que dice reclamar desde ambas orillas. Es posible que jamás sepamos toda la verdad de esta historia como nunca descifraremos probablemente el complot que acabó con Kennedy o cual fue la verdadera historia del famoso molinero de Friuli. A esos que se desgañitan protestando contra la teoría conspiratoria habría que recordarles que poco podrán hacer ellos mismos fuera de su propia teoría de la conspiración.

Desrizar el rizo

No entiendo la protesta de la Junta y su empecinamiento frente al proyecto cordobés de “legalizar” ciertas parcelas ilegales, porque eso precisamente –legalizar lo ilegal—es la solución que la Gestora que Chaves ha puesto en Marbella propone para salir del paso o la que se ha utilizado más de una vez, pro ejemplo en una Chiclana en la que las viviendas ilegales se contaban por miles y fue la propia Junta la que decidió legalizarlas. La Junta usa con grandes prisas una vara para medirle las costillas a un empresario de El Puerto la demolición de cuya obra está pendiente de recurso pero cierra los ojos y deja pasar el tiempo frente a algún amigo del expresidente González que no tiene ya ninguna razón para no demoler su construcción ilegal en Monteenmedio. El negocio del ladrillo ha descrestado sobre toda previsión y ya no hay quien lo pare como no sea con providencias tan absurdas como ésa de legalizar lo ilegal que sería una puerta abierta para los futuros infractores. A ver cómo sale ahora la Junta de su propio laberinto repartiendo por igual palos y cataplasmas. 

¿Vacante en Ayamonte?

El alcalde de Ayamonte, Rafael González, ha anunciado como el que no quiere la cosa que existe un alto porcentaje de probabilidades de que no se presente a las próximas elecciones municipales. Habrá que ver qué ocurre, sea cual sea el porcentaje teórico, porque no es la primera ni la segunda vez que ese destacado alcalde anuncia su retirada, pero en todo caso, de cumplir su anuncio no cabe duda de que supondría un quebradero de cabeza para el PSOE, que tiene prácticamente asegurada la alcaldía con él. Se libraría el partido, eso sí, de un hombre de disciplina difícil, que ya se ha enfrentado al “aparato” en varias ocasiones y que mantiene con el consejero Saldaña, su antecesor, pésimas relaciones que él define como “ni buenas ni malas sino inexistentes”. Y abriría una interesante incógnita en el mapa electoral, no sólo por la suerte de su pueblo, sino por la repercusión que su retirada pudiera tener en la Costa. Pero nadie se precipite, insisto, porque con González no se sabe nunca. Lo único probable, en este momento, es que en ese “aparato” la noticia habrá sido acogida con tanta preocupación como alivio. 

Oprobio de la locura

Un proyecto de ley del ministerio del Interior que, en breve, debatirán la Asamblea francesa está provocando en los sectores más sensibles de la sociedad vecina un intenso debate que se centra, sobre todo, en media docena de artículos que ponen en manos del prefecto o del alcalde, es decir, de la autoridad gubernativa, el destino de los enfermos mentales. Denuncian los especialistas la tremenda confusión entre el trastorno mental, la peligrosidad y la delincuencia que inspira una norma que nos retrotraería a tiempos pasados en que la enfermedad de esa naturaleza estuvo estigmatizada socialmente como consecuencia de la pervivencia más o menos explícita de viejos mitos degenerados en prejuicios no menos efectivos. El insuperable tratado de Michel Foucault, “Historia de la locura en la época clásica”, aparecido a mediados de los años 60, descubrió la índole ideológica de las concepciones tradicionales de la enfermedad y el eficacísimo carácter simbólico de las respuestas históricas que sucesivamente fueron recibiendo males como la lepra, las venéreas y, finalmente, la locura, incomprensibles fuera del sentido trascendente que en cada momento les atribuía el grupo para justificar ese “espacio moral de exclusión” en que los pacientes serían recluidos con el argumento de la protección común. Más allá del humanismo implícito en el erasmiano “Elogio de la locura”, la imagen insensato que ofrece Modernidad poco varía, si no es para empeorar las cosas, respecto de la Edad Media que fletaba piadosamente aquellas “naves de los locos” cuyo trasunto pervive en los cuadros del Bosco. Ninguna sociedad ha sido capaz hasta ahora de integrar decorosamente la locura en su engranaje y no pocas entre ellas hallaron la mejor justificación de su impiedad en el estigma que, en cierto modo, la identificaba con la maldad. Poco varían, en el fondo, los pudrideros de dementes del XVII de los que todavía hemos conocido muchos de nosotros a pesar de la importante tarea de desestigmatización que se ha ido consiguiendo un poco por todas partes. Ver ahora que una ley sobre esta materia la hace el ministerio Interior y no el de Salud no deja de ser un buen aviso de por donde van los tiros en el neohumanismo del signo que sea.
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No tiene buen arreglo el tratamiento de la enfermedad mental. El intento de eliminar por las bravas los viejos manicomios, perpetrado en la España de los 80, dio de sí el discutible resultado que todos conocemos, es decir, el de la reclusión del enfermo en el hospital convencional una vez demostrada la inviabilidad y los colosales peligros del manicomio sin rejas que propuso la progresía recién llega al poder. Pero la medida que se atribuye a Sarkozy se complica por el hecho de que –como demuestra el papel decisivo que se atribuye a los responsables gubernativos—lo que hace la proyectada Ley es volver a la identificación absoluta o relativa del trastorno y la peligrosidad que, finalmente, acaba por sugerir cierto perfil delincuente en el enfermo mental. Europa vuelve, al cabo de los siglos, al triste “espacio moral de exclusión” justificado por el miedo pero eficaz, sobre todo, en función de su potencial simbólico, lo que significa echar por tierra –algo bueno hubo de tener el sesentayochismo—una larga tarea desmitificadora que luchó por borrar del inconsciente colectivo el imaginario feroz que pudo inspirar en su momento un panorama como el que aparece en el “Marat-Sade” de Peter Weiss. Sarkozy debería pensar que personajes como Baudelaire, Artaud, Van Gog o el propio Niestzche darían con sus huesos en la celda hoy como ayer, verosímilmente confinados por un poder que explota el miedo colectivo al tiempo que ignora los decisivos avances del conocimiento. Una vez más nos damos de bruces contra la nueva Edad Media, otra vez comprobamos el fracaso del progreso que imaginábamos irreversible. Decididamente, Tristán y don Quijote no tienen sitio en la postmodernidad.

Hechos y palabras

Está muy bien que la consejera de Obras Públicas  (PSOE) se disculpe por haber borrado de la foto oficial al alcalde de Málaga (PP), por el procedimiento elemental del “fotoshop”. No lo está que trate de minimizar el disparate reduciéndolo a un inverosímil incidente “fortuito” tan imposible de creer que no hace falta insistir en el tema. Sin salir de Málaga –aunque se podría para ir a Jaén o a otras provincias—las Administraciones que dice la consejera que han de actuar concordes han perpetrado acciones semejantes no pocas veces, incluso recurriendo a engañar al alcalde citándolo tarde a la cita. No, no es casual ni fortuito que un funcionario se aplique a borrar una imagen de una foto como los maquilladores de la prensa del corazón se dedican a eliminar arrugas y patas de gallo. Al contrario, es evidentemente deliberado, fruto de una estrategia diseñada y puesta en práctica, a la que la consejera no ha hecho más que plegarse. A estos extremos de ruindad hemos llegado en la política andaluza y no hay indicios de que la que se avecina vaya a ser mejor.