La tortura legal

La precampaña electoral americana se está convirtiendo en una atropellada carrera sobre los clásicos derechos humanos que han hecho célebre la democracia de la gran potencia. El presidente Bush acaba de reservarse legalmente la prerrogativa de interpretar el significado y alcance del trato dado a los prisioneros, es decir, de legitimar por su cuenta la tortura a los detenidos, un asunto que no es en absoluto nuevo si recordamos que, según reveló el Wall Street Journal no hace tanto tiempo, Rumsfeld solicitó y obtuvo de un grupo de “notables juristas” un dictamen en el que se sostenía la licitud de las torturas infligidas cuando la información buscada justificase el imprescindible empleo de los malos tratos. Recuerdo la que se armó cuando, con motivo de la detención del gran asesino pakistaní Jalid Sheij Mohamed, la “doctrina” imperial acuñó el concepto de la “presión apropiada” para referirse a atrocidades como los tormentos de privación del sueño, los cambios extremos de temperatura y el empleo de misteriosas drogas no especificadas. También el revuelo organizado tras el descubrimiento de las ergástulas de Guantánamo o Abu Ghraib en que la humillación se añadía a las sevicias más inhumanas. Los EEUU se han negado siempre a firmar el Tratado Internacional de la Tortura –igual que se cerraron en banda para no adherirse al Tribunal Penal Internacional mientras no admitiera la impunidad de sus propios agentes— y el propio espectáculo del pulso judicial al ejecutivo, que hemos visto fracasar varias veces, pone en evidencia la determinación a no renunciar a ese instrumento que Voltaire deploraba ingenuamente en su tiempo que el progreso no hubiera conseguido abolir de la faz de la Tierra. Después de todo, si en Roma la tortura se reservaba a los esclavos, en la mismísima Atenas se admitía su práctica para tratar los crímenes de Estado, y en nuestra España democrática, sólo en veinticinco años, Amnesty International ha constatado más de un centenar de casos judicialmente reconocidos. Pocos estigmas bárbaros se habrán resistido tanto como el de la tortura a desaparecer de la crónica negra de la Humanidad.
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Volviendo a la coyuntura electoral yanqui, más que la brutalidad de Bush me ha escandalizado la marcha atrás escenificada por la candidata Hillary Clinton al pasar de la condena expresa del tormento, mantenida bajo la advocación de George Washington, a la aceptación de su utilización legal en el caso de que los detenidos tengan información (¿) sobre una amenaza inminente al pueblo americano, una solución nada salomónica que la dama entiende, sin salir del plano técnico-político, como un simple “apartamiento de los estándares internacionales”. El horror de las cárceles secretas o la infamia de los aviones inquisitoriales permitidos por nuestras democracias, los calabozos sustraídos al control judicial o los suplicios aplicados por encargo en países bárbaros pero amigos, empiezan a encajar, después de todo, en un panorama dominado por el miedo en el que ningún político está dispuesto a exponer su éxito mostrando una cara humana que podría ser interpretada en clave de debilidad. En cierto modo, es probable que el daño de mayor cuantía que la amenaza terrorista pueda causar al sistema de libertades sea esta defección moral que, en pleno siglo XXI, auspicia sórdidas teorías de la legitimidad del tormento entendidas, faltaría más, bien como supuestos excepcionales, bien como paréntesis forzosos en la normalidad democrática. Y ya me dirán quién puede tirar la primera piedra, a estas alturas, en un mundo en el que el debate sobre la legitimidad del suplicio apenas es ya más que un escrúpulo. La diferencia entre Hillary y Bush es, en este asunto, meramente gradual, y en cierto modo, esa maniobra casuística la hace aún más repugnante. Puede que no tardemos mucho tiempo en comprobar que la vieja aspiración ilustrada ha rebotado, tras el 11-S, mucho más atrás de Voltaire.

El bozal y la porra

No puede hablarse libremente ya en nuestras universidades –ni en Cataluña, ni en el País Vasco, pero tampoco en Andalucía por lo que vamos viendo–, al menos sin el consentimiento de los llamados “grupos incontrolados”, esto es, los reventadores de izquierda o de derechas, ambas extremas, a los que la autoridad académica les pasa la mano por el lomo. El argumento dado del rectorado de Granada para ni siquiera abrir expediente a los bárbaros que impidieron la inauguración del curso en Ciencias Políticas de que no se da en esa actitud vandálica “ningún tipo de delito penal”, resulta birrioso total porque, de ser aceptado, abriría la puerta a la censura a la carta por ambos bandos, eso sí. A mi no me da igual que se le impida hablar ni siquiera a Fraga o a Carrillo, pero aquí no pueden hablar ya desde Boadella a Savater pasando por Espada o Rosa Díez y eso es definitivo. La universidad tiene que garantizar ese derecho básico y para ello resulta imprescindible que no escurra el bulto y ponga a los salvajes extremistas en su sitio. 

Alerta en el ‘JRJ’

Convendría confirmar con rigor si es cierto, como me aseguran fuentes sindicales y hospitalarias, que nuestro “hospital de referencia”, el ‘Juan Ramón Jiménez’, soporta en este momento la más alta contaminación por ‘legionella’ de su historia en aguas sanitarias. Es el viejo problema nunca resuelto por estos mandrias, el que ya hizo que durante meses a los enfermos y acompañantes hubiera que facilitarles agua mineral para beber y asearse. Y los mismos responsables, por supuesto, que son, aparte de los políticos que desde el partido respaldan tanta incuria, un delegata al que no le caben ya dislates en su tremendo historial y una consejera capaz de decir algo tan femenino como “¡A mí no me toquéis la p…!”, con perdón, pero sin arrestos o capacidad para erradicar un problema tan grave como el mencionado. Es imprescindible que la autoridad aclare qué ocurre en el ‘JRJ’, si es verdad o no o en qué medida, que vive en el filo de esa navaja epidémica. Anteponer los intereses partidistas al interés de los ciudadanos es un disparate de lesa democracia. 

Un hombre libre

Perfil de Antonio Gala por Jose Antonio Gómez Marín

Cuando me planteé elegir una personalidad señera para concelebrar este “centenario” de nuestras “Charlas en El Mundo” pocas dudas tuve antes de decidirme a proponerle el encargo a Antonio Gala. Tiene Gala singular atractivo para la inmensa mayoría no sólo como persona de probado criterio sino como personaje –y eso es ya, en términos gracianescos, algo que depende más del ojo ajeno que de su propia voluntad—cuyo peso en la vida pública española no precisa ser subrayado. El hombre original, el poeta delicado, el atractivo novelista, el articulista incisivo que en una pieza es este hombre peregrino lo han convertido hace mucho en un referente de nuestra vida cultural y, en ocasiones, también de nuestra vida política. Es posible, en cualquier caso, que mi concepto y mi visión tanto de la persona como del personaje no coincidan, el menos de entrada, con los de quienes se atengan a su perfil mediático, sin duda atractivo, pero quizá, al menos para mí, insuficiente.

Hay una distancia larga entre la ‘persona’ y el ‘personaje’, entre la imagen que nos proporciona el conocimiento atento y directo de alguien y la sombra que, iluminada por la luz terciada de la vida, proyecta esa realidad íntima. Y, ciertamente, por lo que se refiere a Antonio Gala, muchos años de observación atenta y algo devota de una y de otra tal vez me permiten hoy distinguir entre ellas de modo que acaso no coincida con el de la estimativa más general. Para decirlo todo de una vez, lo que trato de dejar claro es que mi visión de Antonio Gala, simpatizando con su leyenda amable e inevitablemente “literaria”, tiende a valorar más, por debajo o por encima del ‘personaje’ popular, a la ‘persona’ enteriza que ha sabido mantener, a través de tiempos tan difíciles, un mismo gesto ético y una moral autónoma capaces de soportar el peso de su compromiso público.

Porque, verán, Antonio Gala es ante todo un espíritu comprometido con un puñado de ‘certezas’ –y ojo, porque no pretendo ahora decir de ‘verdades’—sobre las que ha construido al unísono el edificio de su vida y de su obra, un ámbito reservado y no poco exclusivo desde el que ha tratado de alcanzar una independencia insólita compatible con una excepcional capacidad de influencia. Se equivoca, a mi juicio, quien vea en la crítica política que Gala prodiga un ejercicio suplementario del creador, algo así como una entrometida licencia del poeta (y ahora sí que hablo en griego) que invadiera ocasionalmente la plaza pública con su voz disonante o cautivadora. Y se equivoca porque, sin perjuicio de esa índole poética, tanto la persona como el personaje de Antonio Gala han estado desde que yo les sigo el rastro –y va ya para muchos años—radicalmente comprometidos con la realidad contemporánea y, en concreto, con la vida española que es, sin género de dudas, una de sus pasiones dominantes. A algunos no nos sorprendió, por eso mismo, aquella aventura de los molinos que Gala protagonizó quijotescamente cuando la sedicente izquierda española se rajó ante las presiones para desdecirse de su tradicional neutralidad estratégica y rechazar el alineamiento en la OTAN. Como no nos sorprendió la entereza de su discurso, la energía moral de su exigencia y el rigor de su apuesta política que, frente a la miseria de los rendidos, resaltaba, hay que reconocerlo, con un brillo especialísimo. Y no nos sorprendió quizá porque, aunque distinta en el tono y diferente en la impostación, no era difícil identificar en esa voz, la voz de siempre, la misma que en los poemas desmayaba por el hombre y sus debilidades, la que en sus prosas diversas se revolvía inquieta en busca de un norte común y de una deriva decente.

Gala nos hablará hoy de la Libertad, de cuanto en ella hay de materia mítica, que es, por supuesto, lo que la inerva y robustece, lo que hace que por ella merezca la pena vivir y, llegado el caso, según dice los héroes, también morir. No de la libertad minúscula que se predica en mítines y pasquines, sino de la grandiosa que confiere al hombre su naturaleza última precisamente por ser ella condición o requisito de la propia vida, la libertad que nos esclaviza sartrianamente y nos hace libres como la verdad de Juan. De ella viene a hablarnos Gala en esta tribuna que libre ha querido ser ante todo y que hoy dobla una sugestiva esquina del tiempo, una vuelta del camino, como diría Baroja, más allá de la cual –y ahora quien habla es Pessoa—nadie sabe qué nos aguarda aunque nos es forzoso saber qué buscamos. Las “Charlas” han sido un privilegio para Huelva y Gala lo es hoy para las “Charlas”, es decir, para ustedes. Y con todos sus avíos: con su ternura y su dureza, con su impertinencia y su discreción, con ese personalísimo estilo, en definitiva, que ha hecho de él una figura indiscutible de esta difícil hora española. Dentro de unos años, cuando otro “centenario” nos de la ocasión, volveremos a invitarlo con la esperanza, desde ahora, de que lo que para entonces tenga que decirnos sobre la Libertad pueda prescindir de la aspereza de la prosa crítica porque quepa ya holgadamente en un poema. 

Los otros guerrilleros

Parece que, como tal vez no podía ser de otra manera, la moda de los reventadores de actos ha llegado también a Andalucía. No es sólo ya en el País Vasco –ese territorio en libertad vigilada—donde al ciudadano no se le garantizan los derechos que le otorga la Constitución, ni siquiera en Cataluña, reino de la intolerancia nacionalista más desacomplejada, donde el discordante no puede manifestarse en público, sino en la pacífica y no poco mansueta Andalucía, según acabamos de comprobar en Granada y en sede universitaria en la violenta bullanga organizada contra Fraga en la inauguración del curso. Ninguna muestra de descomposición más elocuente que ésta del imperio de la violencia y su empleo como instrumento político, y pocas tan peligrosas en el clima de enfrentamiento maniqueo, sin duda auspiciado por la propia estrategia gubernamental, que se desarrolla hoy bajo la excusa de recuperar la memoria histórica. Es verdad que el propio presidente de la Junta y del PSOE ha debido desautorizar a esas bárbaros y que las Juventudes Socialistas han rechazado como impropio semejante ataque a la libertad de las personas y de las instituciones. Era lo menos que podían hacer. Pero pone los pelos de punta escuchar la desinformada y tremenda retórica del Sindicato de Estudiantes mostrando “todo su respaldo” a esa “partida de la porra”, escucharle decir bobadas como que la presencia de Fraga en una universidad constituye “un insulto para la izquierda así como para el  movimiento estudiantil y obrero (¿)”. Da grima oír a unos jóvenes criados en democracia ver en ese ejercicio incívico “una reacción espontánea de una mayoría” contra cuyos miembros aseguran que Fraga firmaría sin despeinarse las sentencias de muerte que fueran precisas. ¿Se les está yendo o no se les está yendo de las manos la función, era o no peligroso sembrar los vientos que están provocando hace tiempo estas tempestades? En España empieza a ser normal o a considerarse inevitable no sólo la exclusión de Fraga o Carrillo, de Acebes o de Piqué, de la vida pública sino el silencio impuesto ya en muchas ocasiones a gente como Savater, Rosa Díez, Albert Boadella, Arcadi Espada o cualquiera que ose discrepar de la opinión minoritaria pero realenga de esas partidas tumultuosas. Entre la ‘kale borroka’ y estos porristas de ocasión no hay más que una diferencia de grado y el Estado carece de autoridad para cumplir con su elemental función como garante de la libertad y la seguridad de todos. Es triste y es indignante escuchar a estos jóvenes envenenados. E inquietante comprobar que su anomia es tolerada como inevitable.
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Hay una diferencia, en todo caso, entre los demócratas y esos revolucionarios mediopensionistas. Y es que mientras los primeros no consideran democrático un régimen donde un solo ciudadano sea silenciado por la violencia, para los segundos silenciar por la violencia es acaso su única (sin) razón política. Son “los otros guerrilleros”, y como aquellos –los que se afiliaban nada menos que bajo la advocación de Cristo Rey– probablemente acabarían escondidos bajo las piedras, a las primeras de cambio, en cuanto la autoridad los pusiera en su sitio. No hay modo, por eso mismo, de condenar a estos rebeldes sin causa sin pedirle cuentas a esa autoridad débil, atrapada en sus inconfesable compromisos, que tunde a palos, cuando el caso llega, a los jornaleros que importunan a una duquesa amiga, pero permite que los alevines de sus “amigos políticos” destrocen la democracia como en los viejos tiempos. Una pena, que cuatro gatos puedan erigirse en instancia superior a la Constitución y administrar por su cuenta, aunque con poco riesgo, la libertad de los demás. La de Carrillo como la de Fraga, o la de los demócratas de esa lista en la que, por desgracia, a estas alturas faltan ya muchos. La revolución de pacotilla es un disparate. Pero el fracaso de la autoridad es un drama que puede terminar en tragedia.

Paripé vergonzante

El “caso Chaves” es natural que sea pinchado, en la medida de sus posibilidades tanto por la Junta como por sus actores. No van a reconocer así como así que en torno al Presidente sus familiares han tejido un entramado de influencias como una catedral ni se les puede pedir que se traguen ese amargo veneno que los dejaría a los pies de los caballos. Pero una cosa es reconocer ese humano derecho a salvarse de la quema y otra muy diferente recurrir a paripés tan ignominiosos como el de respaldar la no responsabilidad política de un director general hermanísimo que adjudica un contrato a la empresa que “asesora” el otro y en la que trabaja su propio hijo, con el propio argumento de ésta. El “caso Chaves” lleva el mismo camino que el “caso Guerra”: degradarse a fuerza de maniobras equívocas. Lo único coherente que hasta ahora cabe registrar en su crónica es el forzoso silencio del Presidente.