Marbella-Sevilla

Arrecia el revuelo en torno a la “tercera fase” de la ‘Operación Malaya’, se repasa la lista de trincados, se especula por libre (y, en ocasiones, con temeridad) sobre las conexiones restantes, en especial sobre las presuntas que pudieran descubrirse en el ámbito político. Y se eleva sobre el clamor una nota disidente y clara: ¿qué es de la Junta de Andalucía, qué papel –pasivo, activo o mixto– le ha correspondido en este montaje descomunal, por qué se inhibió de hecho durante tantos años, a qué obedecieron sus aproximaciones al propio Gil o su ceguera y dontancredismo mientras esas mafias actuaban a plena luz del sol? El saqueo de Marbella es, ante todo, un cataclismo político del que no podrá salir indemne una Junta que presume de cortar, por un quítame allá esas pajas e incluso en casos muy dudosos, los planes de los ayuntamientos electoralmente rivales. Pero la gente piensa cosas incluso peores y es imprescindible que se despejen tales dudas. En Marbella se ha hecho lo que se ha permitido desde Sevilla. Vamos a ver si la Justicia es capaz de ponerle el cascabel a ese gato. 

Fines y medios

Ha resultado canallesco el tratamiento mediático dado por la fanfarria que apoya al poder al extraño auto del TSJA contra el proyecto municipal del Ensanche, llegándose a incluir un caso puramente administrativo en la penosa relación de golferías urbanísticas que estos días se lanzan a la cara mutuamente PSOE y PP. Incluso desde la Junta –que es la autora del lamentable recurso contra Huelva—se protesta que no se busca más que la legalidad, extraño argumento si se conoce el asunto, y más si se compara la diligencia mostrada por Chaves contra el proyecto del Ayuntamiento con la escandalosa inhibición mostrada por la Junta frente al desbarajuste de Marbella, que ahora más de uno y más de cien relacionan con la Administración autónoma sin cuyo concurso, siquiera pasivo, hubiera sido imposible. Lo del Ensanche es otra vez lo de la Isla Chica: un intento partidista de evitar a toda costa que el gobierno municipal culmine un sueño que era el de los sociatas—ahí está la hemeroteca– en los años 70: acercar la ciudad a la Ría. Por eso es canallesco el tratamiento informativo que desliza sospechas de corrupción y lanza sin miramientos esas pedradas al aire que tarde o temprano caerán sobre su tejado de vidrio. 

El disputado voto

Un empresario rumano, Augusto Constantin, ha impulsado en Castellón la formación de un partido político específico para sus compatriotas que trataría de agenciarse en las elecciones municipales previstas para el 2007 un hueco en varios Ayuntamientos de la provincia. Cuanta para ello, de momento, con un censo de 21 votantes potenciales, cifra que, traducida en el alambicado sistema electoral vigente, podría proporcionarle nada menos que siete escaños en seis municipios. Si hemos de creer el INE en España habría 380.000 ciudadanos de esa nacionalidad, no menos de 93.000 búlgaros y unos 40.000 polacos, sin contar los 165.000 residentes legales del Reino Unido, siendo ya mucho más oscuras las cifras de inmigrantes marroquíes –la mayor de todas—y la legión hispanoamericana a la que en la reciente conferencia de Montevideo se le han tendido expeditos puentes de plata. Un periódico de Barcelona sostiene que sólo en la capital catalana conviven 60.000 argentinos, dentistas en su mayoría, pero también psiquiatras, informáticos, diseñadores y hasta camareros, un contingente que, con la ley Electoral en la mano, bien podría suponer al menos un concejal. Si el Gobierno resuelve los convenios pendientes con los países respectivos, en esos comicios podrán votar si les apetece un millón sobradísimo de extranjeros, es decir, el triple de los que votaron en los anteriores del 2002. Ecuatorianos, peruanos, chinos, franceses, colombianos, italianos o alemanes, por ese orden, dispondrían de efectivos todavía mayores, una realidad que, incluso descartada por compleja e improbable la hipótesis de una candidatura unitaria de extranjeros, no cabe duda de que introduce un inquietante factor político en la vida municipal que, en adelante, bien podría quedar hipotecada aquí y allá por ciudadanos foráneos. Sólo el tiempo permitirá valorar esta novedad que, como es lógico y natural, los partidos habrán de disputarse a dentelladas allí donde su presencia resulte grave o incluso determinante. Al viejo municipalismo (no el actual de mentirijillas) es probable que se le abrieran las carnes ante una situación semejante.
                                                               xxxxx
No debería tomarse ese negocio a título de inventario ni en función de intereses partidistas, en todo caos, porque resulta claro que aceptar un factor extranjero en la formación del poder local va a forzar situaciones nunca imaginadas y, en cierto sentido, algo intranquilizadoras, en la medida en que se abre la posibilidad de que la vida de nuestros pueblos y ciudades quede eventualmente a merced de una decisión que, con toda probabilidad, habrá de ser eminentemente utilitaria. El líder rumano, por ejemplo, ya a anunciado su disposición a ejercer de “bisagra” bien con el PP, bien con el PSOE, y no es dudoso que otras minorías étnicas o nacionales harían lo propio en cuanto dispusieran de capacidad bastante para ello, lo que, desde luego, plantearía una visión muy diferente de la que hoy por hoy subyace en los proyectos municipales. Será disputado, pues, ese voto forastero que, de momento al menos, divide la opinión entre quienes esperan que con él se volatilice la xenofobia latente y los que, en cambio, ven en esta inesperada presencia algo así como una amenaza a la índole tradicional e íntima propia de la vida local, eventualmente amenazada por la imprevisible presión que, sin duda, acabarán ejerciendo las minorías representadas. Y lo raro es la escasa atención que hasta ahora se ha dedicado al asunto, cada cual pendiente si acaso de captar el interés de unos nuevos votantes para los que carecerán de valor y sentido los sentimientos terruñeros y la propia idiosincrasia. Nuestro municipalismo supo siempre mucho de candidatos cuneros. No sé por qué iban a resultar más alarmantes estos votantes exóticos que los impuestos que, elección tras elección, envían a esta provincia sí y a aquella también desde los cuarteles generales de Madrid.

La saga de Marbella

Otra ‘fase’ de la “Operación Malaya”, en esta ocasión para añadir al medio centenar de personajillos empapelados y detenidos, algún mascarón habitual de la telebasura. Lo que faltaba. Se comprende la complejidad que tantos años de administración pirata, en el más completo descontrol de la autoridad competente, conviertan el caso en un laberinto, pero está claro que el sentido común reclama hace tiempo que se cierre un sumario no poco extravagante que, a la vista de las actuaciones ya conocidas, tiene en un sinvivir a más de uno y a más de dos, incluso en las altas esferas administrativas y políticas. Nunca es bueno que se prolonguen los enredos judiciales, y menos que nunca cuando lo que se descubre provoca una alarma social sólo comparable a la demoralización sentida en la opinión pública. Hay ahora mismo en España unos cuantos laberintos que, sin grandes dificultades, podrían equipararse al de Marbella. Es lástima que la lentitud con que se gestiona éste lo esté convirtiendo, en exclusiva, en una novela rosa lo que ya tiene bastante de novela negra. 

La Junta frena a Huelva

Rara decisión la del TSJA cuestionando la venta de los terrenos del magno proyecto del Ensanche, un acto que contaba ya con dos pronunciamientos judiciales favorables. El recurso de la Junta repite la fallida aventura de la Isla Chica, que hizo perder ocho años a la capital aparte de fracasar en su intento de cazar al alcalde que, en lo que se refiere a este empeño de acercar Huelva a la Ría, no hace más que ponerle letra a la música que tarareaba el PSOE en los años 70. Lo que sea sonará, por supuesto, pero la Junta no podrá evitar que los onubenses se pregunten por qué tanta hostilidad y tanta dureza frente a actuaciones municipales que se comprende que inquieten a un PSOE fracasado en el asalto al Ayuntamiento, pero que a quien perjudican, en definitiva, es al pueblo de Huelva. Es verdad que en su día Chaves le paró al propio Barrero un megaproyectazo en Punta Umbría que incluía ilegalidades patentes y que desde Presidencia se reconocía ayer mismo que, en este caso, no hay más que algún escollo subsanable. Con todo, sería mucho más natural que la Junta renunciara a ese absurdo papel de “marcador” partidista del Ayuntamiento. 

La gripe democrática

Circulan estos días noticias variadas que conciernen a la vida democrática en el mundo entero. Desde los EEUU donde, por una vez, no ha habido la menor queja sobre el escrutinio, que ya es decir, hasta esa aldea de Waldemburg, en Arkansas, racimo de 80 habitantes bien avenidos, donde uno de los candidatos, el barman Randy Wooten, ha batido un extraño récord al no obtener ni su propio voto. En Lysowice, al suroeste de Polonia, se ha registrado un ruidoso incidente electoral al parapetarse un miembro de mesa en unos servicios reteniendo las papeletas de las urnas. Anécdotas, si se quiere, letra menuda de esta charanga que desafina cada día más, no en esos gallos, por supuesto, sino en las estrategias suicidas de algunas grandes fuerzas políticas dispuestas a pasar, si fuera preciso, sobre el cadáver del régimen de libertades. Acabamos de escuchar perplejos al portavoz del CGPJ asegurar que la Justicia vive hoy el mayor acoso de su historia, una afirmación gravísima pero difícil de rebatir si escuchamos a los espontáneos ir predicando por ahí, en la estela de la propia Fiscalía del Estado y del Gobierno mismo, la injusta doctrina de la “circunstancialidad” de la Justicia y, en consecuencia, de la aplicación de la Ley. Un alto dirigente de la organización terrorista Batasuna, Pernando Barrena, ha roto la baraja al recomendar alto y claro a ese Gobierno entregado que “se libre de la legalidad, de la Constitución y demás zarandajas (sic)” si quiere llevar a buen puerto su entendimiento con los bandidos. ¿Quieren más? Pues oigan al mismísimo ministro de Justicia calificar en público al CGPJ –órgano legítimo y supremo de control de los jueces– de “muerto viviente” aparte de cuestionar su vigencia. ¿Qué, hay crisis democrática o no la hay, vivimos una situación de emergencia no asumida ni declarada, o acaso estas condiciones son normales y compatibles con una democracia respetable? Lejos del anecdotario y la coyuntura, es necesario reconocer que un régimen de autogobierno sólo con extrema dificultad podrá sobrevivir a la conjura conjunta de los deslegitimadotes de la Justicia, los promotores de la corrupción y los cuestionadores del propio orden constitucional. Cuando Guerra tituló un libro sobre nuestra situación con el título “La democracia herida” no resultaba fácil imaginar en qué poco tiempo ese inquietante adjetivo iba a quedársenos corto.
                                                                xxxxx
De un modo imperceptible nos hemos ido deslizando desde la inicial situación de optimismo hasta la actual circunstancia entre pesimista y cínica. Y lo hemos hecho degradando las instituciones y su funcionamiento día a día, socavando sus cimientos sin pausa en busca cada cual de su interés exclusivo. Ningún Congreso que se precie se hubiera prestado a legitimar un ataque a la Constitución como el que supuso entre sus renglones torcidos el famoso Estatut y, aunque la cuestión sea mucho menos relevante, qué duda cabe, tampoco hubiera tragado por unanimidad un texto como ese disparatado centón que es, a pesar del repulido, el aprobado para Andalucía. Ningún Gobierno democrático osaría auspiciar y respaldar un acoso a los jueces como el que se está viviendo aquí y –todo debe decirse—ningún poder judicial serio hubiera tolerado esta ingerencia que es ya más bien un golpe casi definitivo a la imprescindible división de poderes. El absentismo electoral registrado en Cataluña –como el previsible en Andalucía—ilustra un alejamiento entre pueblo y política que evidencia el deterioro fatal de una democracia que no faltará quien esté tentado de tomar prestada la expresión del ministro de Justicia para verla, a su turno, como un zombi sin remedio. ¿Alarmismo, dicen? En cualquier caso hablamos de una crisis que ya no es posible ocultar ni con todo el manto mediático de que dispone el poder. El sabio vio a la democracia escindida entre una minoría corrompida y una masa incompetente. Pone los pelos de punta releer hoy sus razones.