La Junta frena a Huelva

Rara decisión la del TSJA cuestionando la venta de los terrenos del magno proyecto del Ensanche, un acto que contaba ya con dos pronunciamientos judiciales favorables. El recurso de la Junta repite la fallida aventura de la Isla Chica, que hizo perder ocho años a la capital aparte de fracasar en su intento de cazar al alcalde que, en lo que se refiere a este empeño de acercar Huelva a la Ría, no hace más que ponerle letra a la música que tarareaba el PSOE en los años 70. Lo que sea sonará, por supuesto, pero la Junta no podrá evitar que los onubenses se pregunten por qué tanta hostilidad y tanta dureza frente a actuaciones municipales que se comprende que inquieten a un PSOE fracasado en el asalto al Ayuntamiento, pero que a quien perjudican, en definitiva, es al pueblo de Huelva. Es verdad que en su día Chaves le paró al propio Barrero un megaproyectazo en Punta Umbría que incluía ilegalidades patentes y que desde Presidencia se reconocía ayer mismo que, en este caso, no hay más que algún escollo subsanable. Con todo, sería mucho más natural que la Junta renunciara a ese absurdo papel de “marcador” partidista del Ayuntamiento. 

La gripe democrática

Circulan estos días noticias variadas que conciernen a la vida democrática en el mundo entero. Desde los EEUU donde, por una vez, no ha habido la menor queja sobre el escrutinio, que ya es decir, hasta esa aldea de Waldemburg, en Arkansas, racimo de 80 habitantes bien avenidos, donde uno de los candidatos, el barman Randy Wooten, ha batido un extraño récord al no obtener ni su propio voto. En Lysowice, al suroeste de Polonia, se ha registrado un ruidoso incidente electoral al parapetarse un miembro de mesa en unos servicios reteniendo las papeletas de las urnas. Anécdotas, si se quiere, letra menuda de esta charanga que desafina cada día más, no en esos gallos, por supuesto, sino en las estrategias suicidas de algunas grandes fuerzas políticas dispuestas a pasar, si fuera preciso, sobre el cadáver del régimen de libertades. Acabamos de escuchar perplejos al portavoz del CGPJ asegurar que la Justicia vive hoy el mayor acoso de su historia, una afirmación gravísima pero difícil de rebatir si escuchamos a los espontáneos ir predicando por ahí, en la estela de la propia Fiscalía del Estado y del Gobierno mismo, la injusta doctrina de la “circunstancialidad” de la Justicia y, en consecuencia, de la aplicación de la Ley. Un alto dirigente de la organización terrorista Batasuna, Pernando Barrena, ha roto la baraja al recomendar alto y claro a ese Gobierno entregado que “se libre de la legalidad, de la Constitución y demás zarandajas (sic)” si quiere llevar a buen puerto su entendimiento con los bandidos. ¿Quieren más? Pues oigan al mismísimo ministro de Justicia calificar en público al CGPJ –órgano legítimo y supremo de control de los jueces– de “muerto viviente” aparte de cuestionar su vigencia. ¿Qué, hay crisis democrática o no la hay, vivimos una situación de emergencia no asumida ni declarada, o acaso estas condiciones son normales y compatibles con una democracia respetable? Lejos del anecdotario y la coyuntura, es necesario reconocer que un régimen de autogobierno sólo con extrema dificultad podrá sobrevivir a la conjura conjunta de los deslegitimadotes de la Justicia, los promotores de la corrupción y los cuestionadores del propio orden constitucional. Cuando Guerra tituló un libro sobre nuestra situación con el título “La democracia herida” no resultaba fácil imaginar en qué poco tiempo ese inquietante adjetivo iba a quedársenos corto.
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De un modo imperceptible nos hemos ido deslizando desde la inicial situación de optimismo hasta la actual circunstancia entre pesimista y cínica. Y lo hemos hecho degradando las instituciones y su funcionamiento día a día, socavando sus cimientos sin pausa en busca cada cual de su interés exclusivo. Ningún Congreso que se precie se hubiera prestado a legitimar un ataque a la Constitución como el que supuso entre sus renglones torcidos el famoso Estatut y, aunque la cuestión sea mucho menos relevante, qué duda cabe, tampoco hubiera tragado por unanimidad un texto como ese disparatado centón que es, a pesar del repulido, el aprobado para Andalucía. Ningún Gobierno democrático osaría auspiciar y respaldar un acoso a los jueces como el que se está viviendo aquí y –todo debe decirse—ningún poder judicial serio hubiera tolerado esta ingerencia que es ya más bien un golpe casi definitivo a la imprescindible división de poderes. El absentismo electoral registrado en Cataluña –como el previsible en Andalucía—ilustra un alejamiento entre pueblo y política que evidencia el deterioro fatal de una democracia que no faltará quien esté tentado de tomar prestada la expresión del ministro de Justicia para verla, a su turno, como un zombi sin remedio. ¿Alarmismo, dicen? En cualquier caso hablamos de una crisis que ya no es posible ocultar ni con todo el manto mediático de que dispone el poder. El sabio vio a la democracia escindida entre una minoría corrompida y una masa incompetente. Pone los pelos de punta releer hoy sus razones.

Pobreza y miseria

Conviene comparar el obligado sofisma que empleo el presidente Chaves en el Parlamento –no hay tantos pobres, venía a decir, sino personas que viven en el “umbral” de la pobreza—con la crítica severa lanzado por el Arzobispo de Sevilla, cardenal Amigo, reivindicando una adecuada y justa conceptuación del pobre y del “sin techo”, un criterio alejado de los tópicos en que se apoya para justificarse la inepcia política. Los datos son concluyentes y tremendos, diga lo que guste Chaves, y las condiciones de los marginados son cada vez más desdichadas, lo que no deja de constituir una curiosa paradoja tras un cuarto de siglo de un “régimen” de izquierda que se reclama “socialista obrero”. Que la propia Iglesia denunciante podría hacer mucho para paliar esa tragedia es tan cierto como que la Junta no debe esperar ayudas a la hora de remediar ese fracaso social básico sino actuar con sus propios medios. Un cuarto de siglo es mucho tiempo para seguir con las prórrogas o con los sofismas. Y una sola noche al raso, con el estómago vacío, más todavía. 

Dudosa nueva era

Dudosa nueva era la que promete el urbanismo auspiciado desde el propio poder, en este caso el del PSOE onubense, propiciando crecimientos urbanísticos que impliquen auténticos saltos poblacionales en el vació. Fíjense, en El Almendro, con 600 habitantes, se proponen construir 3.200 viviendas; en Ayamonte, una población de 18.000 almas, el proyecto (inevitables golfs y puertos aparte, claro) pretende hacer 6.300. En Punta Umbría, ya saben que el propio Chaves hubo de paralizar el “megaproyecto Barrero” y en Gibraleón, qué duda cabe que siguiendo cálculos electorales, el Ayuntamiento tránsfuga propone una ordenación nueva que eleve los habitantes de los 16.000 actuales a 35.000, puñalaíta derecha al costado de la capital que sería la sufridora de esa sangría. ¿Es “sostenible” un modelo majareta de crecimiento o se trata solamente de que a grandes proyectos, grandes beneficios? En cualquier caso, está claro que no tiene sentido desbaratar de un zarpazo y sin mejores razones las proporciones de un tejido social elaborado por los siglos. 

Grifos y quimeras

La polémica levantada por la sugerencia de la ministra de Medio Ambiente (ella dice que sacada de contexto, pero bueno) sobre la solución que supondría reducir el consumo de agua a sesenta litros por habitante y día no ha hecho más que airear un tema tabú al que nadie quiere enfrentarse en esta parte desarrollada del planeta. La situación real del problema, desde luego, justifica de sobra la preocupación de la ministra española, con independencia de que tal vez su comentario no fuera afortunado o careciera del imprescindible peso argumental. Que hay sed en el mundo, que hay muchedumbres privadas del agua en vastas zonas del planisferio conocido, no es ninguna novedad. Hace años hizo furor la noticia –las imágenes, porque fue una tv la que lanzó el tema—de las madres etíopes obligadas a recorrer leguas diariamente para acarrear hasta sus míseros ‘hogares’ (valga la expresión) la cantidad mínima exigida por la subsistencia, y no menos ruido vienen provocando, sobre todo en la sensible Europa, los avisos de las organizaciones sanitarias de mayor crédito sobre el impacto mortífero que la escasez de agua supone para muchos pueblos afligidos por tasas de mortalidad infantil idénticas a las de hace siglos. Famosa fue la campaña de una ONG, creo que “Médicos sin Fronteras”, cuando organizó una intensa campaña basada en la idea de que un simple lavado de manos reduciría exponencialmente las enfermedades infantiles más mortíferas. Pero si ya sabíamos que más de mil millones (uno de cada cinco) habitantes de la Tierra carece de agua limpia en su vida diaria y que millones de niños fallecen anualmente por esa carencia atroz, el Informe sobre Derechos Humanos 2006 de la ONU viene ahora a reforzar el viejo argumento de que esa situación critica –de la que en absoluto se libran los países desarrollados– no se debe tanto a la escasez del elemento como a la exclusión provocada al alimón por la pobreza y la pésima gestión política de ese recurso. Más apocalíptico si cabe, algún experto sostiene que no hay que descartar que una discriminación vital semejante pueda traducirse en conflictos violentos a corto y medio plazo, un hecho que, después de todo, no constituye ninguna novedad en la historia humana, tantas veces polarizada en la lucha por la exclusividad del pozo o por el control del río. Lo único nuevo en esta vieja guerra es el hecho de que la escasez afecte también al paraíso y no sólo a los trascorrales del universo capitalista. La imagen (divulgada hace años) de la madre sedienta con el cadáver del niño en brazos no es ni de lejos tan inquietante como la del grifo seco en París o en Nueva York.
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Es probable que la solución no estribe tanto, pues, en contingentar rigurosamente el agua, o en aumentar su precio, como se viene haciendo ya muchos países europeos (el precio español es ridículamente bajo en relación con los vecinos), sino en atacar a fondo una situación social que parece haberse conformado con indiferencia con el carácter estructural de su marginalidad. Hay diferencias, hay despilfarros, hay pérdidas lamentables en la gestión del agua, por supuesto, aunque lo que hay, sobre todo, es una tremenda conformidad con la injusticia como lo revela que si en USA o Japón un ciudadano dispone para su consumo de 350 litros de agua al día y en Europa alcance los 200 litros, la media en el África subsahariana se discute si queda más cerca de los 10 o de los 20 litros por persona, es decir, un abastecimiento insuficiente que pone en peligro la propia vida. Y lo malo es que se habla mucho y se hace poco. Siempre que sale este tema recuerdo la elocuente broma de Henri Michaux, ese genio que pateó tanto mundo olvidado, y que venía a decir que si un contemplativo se echa al agua, no tratará de nadar sino de comprenderla, con un previsible resultado: que se ahogará. He cerrado mi dossier sobre al agua, pleno de protestas y admoniciones, sin poderme quitar de la cabeza la imagen de ese ahogado.

Los que tienen que enseñar

Hoy habrá huelga de profesores en Andalucía, y la semana próxima, y sabe Dios cuántas más, salvo que Dios lo remedie, porque lo que es esta autoridad no lleva trazas de solucionar el gravísimo problema de la indefensión del docente. Que la Junta haya tapado esa tremenda realidad es absurdo; que no se haya personado nunca en un procedimiento judicial por agresiones a uno de sus enseñantes, resulta lastimoso; que el TSJA opine, ¡al fin!, que pegarle a un profesor no es sólo una falta sino un delito de atentado bien pudiera ser el principio de una solución. Es urgente desterrar la idea de que el enseñante forma parte de un maltratado servicio doméstico incluso en los hogares que carecen de él. Y urgente exigirle a la Junta que proteja a esos funcionarios propios, colegas, por cierto, de la propia consejera o del mismísimo presidente. ¿Consideraría la Junta mera “falta” una agresión a Chaves o a doña Cándida? Por si acaso, mejor será no dejar en sus manos el remedio sino rematar aquella reacción judicial.