Cuentas del fracaso

No es del todo cierto, aunque resulte discreta la observación, eso de que el resultado del referéndum de autonomía, del que masivamente se han abstenido los andaluces, haya constituido una hecatombe para los partidos políticos en él involucrados. Todos ellos han fracasado, evidentemente, en teoría (la pretensión del PA de atribuirse los ‘noes’ no tiene el menor fundamento), eso lo entiende cualquiera a pesar de la propaganda machacona que enaltece el triunfo del ‘Sí’, pero menos gente sabe seguramente que del referéndum se han sacado esas “empresas” una tajada que va a despejarles alegremente el horizonte financiero y a algunas de ellas incluso a ahuyentarles el “cobrador del frac”. Habría que publicar con detalle las cifras del negocio político, sobre todo cada vez que los partidos se quejan de la mala financiación pública de su alta tarea, y sin remedio cada vez que se presenten en público como sufridas víctimas a las que mueve en exclusiva el interés colectivo por que ellos velan apostólicamente. Pero no se hace. Los “andaluces y andaluzas”, como ellos dicen, no tienen ni idea de lo que la política cuesta y mucho menos, como es natural, de lo que cada formación política se lleva caliente de esas elecciones de las que la leyenda ha conseguido hacer la imaginaria causa de su frecuente ruina, descontado lo que las entidades financieras, sobre todo las Cajas de Ahorro, tienen  a bien condonarle por la cuenta que les tiene. Asómense, sin ir más lejos, al BOJA de 17 de enero pasado en el que un decreto establece la recompensa que la Junta largará a quienes no han sido capaces siquiera de movilizar al electorado en términos decorosos. Son éstas: en primer lugar, un millón de euros por partido (vaya traduciendo a pesetas para mejor enterarnos, por favor); en segundo, 1’1374 euros por voto obtenido en las autonómicas del 2004; luego, 3.330 euros por escaño entonces obtenido; y por fin, otro millón de euros por barba que la Administración otorga para compensar los gastos publicitarios. Hagan las cuentas, o mejor, se las hago yo ahora en un pis pas.
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Veamos el BOJA de 30 de marzo del 2004. ¿Qué se lleva el PSOE del controvertido referéndum al que los electores andaluces han vuelto la espalda a coro? Pues, aparte de las otras dos partidas, teniendo en cuenta sus 6 escaños más sus dos millones y medio largos de votos, habrá de trincar 3.832.444 euros. ¿Qué se lleva el PP? Pues 2.804.912 euros por sus 37 escaños y el millón cuatrocientos mil votos bien despachados. ¿Y la arruinada Izquierda Unida? Bueno, IU “sólo” arrambla con 1.463.137 euros que corresponden a sus 6 diputados y sus 337.000 votos mal contados, una cantidad ligeramente superior a la que cobrará el PA (1.391.189 euros) a razón de sus 5 escaños y sus 276.000 votos también largos. ¿Qué, es negocio o no es negocio el oficio electoral, resulta o no resulta escandaloso que para compensar a 5 o 6 diputados regionales y sus mariachis por los esfuerzos del referéndum (su trabajo, después de todo) se les pida a los sufridos contribuyentes esas prohibitivas fortunitas? Un total de 9 millones y medio de euros van a caerles en la bolsa a los partidos por su brillante papel en un referéndum que pasará a la historia por la llamativa abstención registrada, circunstancia que probablemente haga preguntarse a muchos ciudadanos qué hubiera ocurrido de habernos ahorrado ese dineral  teniendo en cuenta el escaso margen de empeoramiento que ofrecen los resultados del domingo. La política, esta política de la que la sociedad se aleja a paso ligero, se está convirtiendo en un desvergonzado festín en el que el despilfarro es aceptado por todos a prorrata de sus respectivos beneficios. ¡1.580 millones de pesetas a repartir entre cuatro por gestionar un desastre sin precedentes! No está nada mal. Los ciudadanos deben saber estas cosas, como deberían saber, por supuesto, otras muchas.

En sus trece

Ni una autocrítica, ni un mal argumento razonable, ni una disculpa siquiera musitada ante el incontestable fracaso de la convocatoria política. Ante la evidencia de un electorado que le vuelve la espalda sin contemplaciones, esta clase política opta por mantenerse en sus trece o por buscar la escapatoria, a sabiendas todos de que ni uno solo dice la verdad. Chaves sabe de sobra que la abstención es un revés, Arenas dice ahora que no tenía sentido lo que ayer predicaba, los de IU fingen creer en el éxito de lo que saben que ha fracasado y en lo que nunca creyeron, el PA trata de apropiarse de un ‘No’ que no hay duda de que engloba votos que van de la izquierda extrema a la derecha extrema pasando por los electores disidentes del PP, que deben de haber sido legión. Y lo peor acaso sea este cinismo justificador que tiene el descaro de sostener su postura incluso después de ver al pueblo de espaldas. No habrá entre los profesionales andaluces un colectivo más fresco y mejor pagado que estos políticos que se conforman ya con mantener las formas en su cómoda faena.

Tragarse el sapo

Ha dicho el coordinador de la campaña del Referéndum de Autonomía, Díaz Trillo, tras su rotundo fracaso, que “la democracia es así”. Y no señor, nada de eso. Una democracia en la que los dos tercios se abstienen de participar es una democracia enferma y quien no quiera aceptar eso es que tiene de la voluntad democrática una opinión muy mísera. ¡Cómo va a “ser así” un sistema que se basa precisamente en conocer la voluntad de los ciudadanos, cómo va a dar lo mismo que la asamblea participe o que se quede en casa! Lo que se demostró el domingo es que a la inmensa mayoría de los onubenses no les interesa ni poco ni mucho cuestiones inventadas que los políticos reputan trascendentales pero que a aquellos (y a Alfonso Guerra, insistamos) les dice su sentido común que ni les van ni les vienen. En todo caso, ojo, porque Huelva ha batido su récord de abstención y eso, no cabe duda, supone un indisimulable parpajazo para quienes convocaban a las urnas. Ellos van por un camino y el pueblo por el suyo. La democracia no es así, don Pepe Juan, lo que le pasa es que está enferma.

La memoria difícil

Es posible que la muerte de Maurice Papon reabra en Francia, imagino que tímida y quizá efímeramente, el debate sobre la recuperación de la memoria que también allí plantean determinados grupos sociales. De momento, un representante de los estudiantes judíos organizados ya ha comentado que, mientras el verdugo ha muerto plácidamente en su cama, sus víctimas no gozaron de ese privilegio en los campos nazis a los que él las envió. No creo, sin embargo, ya digo, que la polémica llegue muy lejos porque ya el proceso en que Papon fue condenado en 1998 dejó claro que Francia –el “país oficial” tanto como el “país real”– no deseaba abismarse de nuevo en la sima de la memoria. Ya dice mucho que Papon haya sido el único funcionario francés condenado desde la Francia democrática y no es ningún secreto que si se le juzgó fue sólo por la tenacidad de sus acusadores que lograron vencer las más altas resistencias, ya que no en vano el acusado había sido hombre de confianza del propio De Gaulle pero también ministro de Giscard y prefecto de Mitterand, con cuya biografía hubo de compartir algunas oscuridades. En mi mocedad todavía se relataba en voz baja por los mentideros de Saint Michel y Odéon sobre la matanza del otoño del 61, una carnicería perpetrada bajo las órdenes del difunto en la que, según la leyenda, entre doscientos y trescientos argelinos murieron masacrados en el patio de un cuartel policial, aunque de este “accidente” no se hablara en el proceso que le montó la justicia girondina, centrado en su papel –descubierto por “Le Canard Enchainé”, no se lo pierdan– en los planes genocidas de la Gestapo bajo el régimen de Vichy. La biografía de Papon constituye un  arquetipo para entender la secreta afinidad que puede existir entre el crimen y la democracia, es decir, para ilustrar eso que, lamentablemente, suele entenderse por “realismo” político en muchas democracias consolidadas. Pero también para ayudarnos a entender la aparente paradoja de ciertas tolerancias democráticas. El flamante ministro español de Justicia ha sostenido en público que la reacción contra el terrorismo de los GAL fue un acto de hipocresía colectiva. Y ahí lo tienen de ministro. Como si nada.
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Lo decisivo del proceso de Papon fue, sin duda, el reconocimiento de que responsabilidades como las suyas no son exclusivas del ciudadano sino que alcanzan al Estado. Los familiares de deportados judíos han pleiteado y vencido a la empresa de ferrocarriles francesa por considerarla colaboradora necesaria del operativo genocida y, de hecho, la sentencia contra Papon implica el reconocimiento de que en los crímenes imputables a ese personaje tenía su arte y su parte el propio Estado, sobre el que recaerían, como consecuencia, la carga de las reparaciones. Y todo ello sin que en Francia se le ocurra a ningún lenguafloja la ocurrencia de que reaccionar contre el crimen de Estado implique hipocresía, ni siquiera conociendo hasta qué punto llegó la inhibición de la sociedad francesa ante el proyecto y las maniobras del exterminio judío. Papon pagó muy poco pero por todos, ésa es la verdad, lo que no supone en modo alguno que su castigo no fuera justo y merecido, pero sí que quiere decir que la sociedad en su conjunto, motivado cada ciudadano o cada grupo por su razón particular, prefirió sacrificar al buco antes que diezmar la cabaña. No hubiera podido ser de otra manera si se piensa en esa misma biografía, en la enigmática impunidad de culpables de primer rango como Papon que no sólo borraron sus huellas en los archivos sino que lograron hacer impresionantes carreras vayan ustedes a saber a costa de qué valiosas discreciones y de cuántos imprescindibles silencios. Estos que mueren serenos en la cama suelen guardar bajo el colchón trilita suficiente para volar medio mundo. Yo creo que los franceses enterraron apresuradamente la memoria precisamente por eso.

Fracaso colectivo

Quedarse en esa cifra de participación en un referéndum al que se le ha atribuido tanta virtud constituye un fracaso del “régimen autonómico” y, en especial, de quienes en él se han profesionalizado. De Chaves, en primer lugar, que fue quien lo inventó y de su partido que lo ha secundado, bien que con algunas protestas inaudibles. De IU que ha ido de monaguillo y, por si algo faltaba, con la extravagante cantinela nacionalista entre dientes. Del PA, ingenuo o desesperado, que vio en el ‘No’ una salida sin darse cuenta de que, en realidad, esa opción no podía ser más que una coartada del ‘Sí’. Del PP forzado por el fantasma de Lauren Postigo que hubo de tragarse de tan mala gana ese sapo intragable. Los ciudadanos le han dado ayer la espalda a la clase política, eso es lo que hay, dejándola en una evidencia tal que, de haber vergüenza torera en ese ruedo, estarían ya rulando las dimisiones. Ya pueden pintarlo como quieran que aquí saben hasta las ratas que lo ocurrido ha sido un rotundo fracaso de todos.

Juegos de cifras

¡Nueve de cada diez votantes apoyan en Huelva el nuevo Estatuto! Lo han dicho y repetido hasta el cansancio, sólo que olvidando un dato: que más o menos siete de cada diez ciudadanos llamados a votar no han aparecido por los colegios electorales. Si sólo hubieran ido a votar 10 onubenses, nueve a favor del ‘Sí’, podrían decir lo mismo: que el éxito de la consulta habría sido apoteósico. En Canal Sur, los portavoces de la Junta hablan de victoria rotunda pero no hay ni una sola mención a esa abstención enorme que si no deslegitima, sí que descalifica una operación política que hasta Alfonso Guerra dijo en su momento que no era más que un trapicheo de políticos. Políticos cada día más lejanos del pueblo, democracia cada día más burocrática: ésa es la única conclusión verdadera que podemos sacar del carnaval de ayer.