La aldea parlante

 

Uno no recuerda mejor caso demostrativo de que las necesidades se crean que la difusión fulmínea de la telefonía móvil. En los días anublados del desarrollismo franquista el número de teléfonos por habitantes (eso de ‘ratio’ no se estilaba todavía, al menos en el uso común) constituía el mejor indicador de progreso y prosperidad que podía caer en manos de un ministro de la dictadura a la hora de enfatizar nuestro desarrollo. Costaba Dios y ayuda que el monopolio telefónico concediera un número con su terminal de bakelita y, de hecho, el teléfono disponible llegó a funcionar como un factor de integración interfamiliar –al menos en la escalera y, especialmente, en el descansillo– convertido en el “don” maussiano que probaba la buena vecindad como entre los esquimales la hospitalidad se prueba tradicionalmente mediante el préstamo de la esposa al huésped. Hoy todo ha cambiado. Una de las noticias de la semana anterior ha sido el dato de que en España hay actualmente más teléfonos móviles que habitantes, un dato que, desde luego, nadie va a poner en duda con sólo observar por la calle el ubicuo diálogo de los viandantes o reparar en la propia dependencia de ése que ha dado en considerarse el electrodoméstico de mayor peso en nuestra vidas. En muy poco tiempo hemos alcanzado un nivel de intercomunicación antes impensable, con independencia de que cada día abunden más las críticas al abuso de una conversa universal que, no sin razón, los expertos consideran artificiosa e innecesaria. Por supuesto que la distribución de ese avance entre la población no deja de ser irregular y, en el fondo, clasista, como casi todo en la vida, pero de lo que no cabe duda es de que el hallazgo de la comunicación generalizada e instantánea no tendría ya vuelta atrás. Costó casi un siglo meter el teléfono fijo en nuestras vidas; para universalizar el móvil han bastado unos pocos años.

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Esa nueva realidad cuenta ya incluso con sus inquietantes leyendas propias lo que, sin duda, acredita su arraigo cultural. Parece que ha habido países africanos en que la difusión de mensajes maliciosos provocaron el pánico de los usuarios con amenazas de misteriosas muertes hasta el punto de obligar a las operadoras a salir al paso del infundio con enérgicas campañas de publicidad contra la superstición potenciada por el medio. O que en países más avanzados funcionan sofisticados sistemas sacaperras que acechan al usuario tras cebos irresistibles y hasta en un coloquio reciente, en el que intervenía Sartori, alguien llegó a postular que el contacto fácil y continuo que permite este artilugio universal ha afectado muy probablemente a los usos amorosos, facilitando el contacto y ritualizando el cortejo. Sin olvidar el uso eventual del celular como bomba accionable a distancia, que ya costó la vida a un conspicuo terrorista islámico, o como activador de explosivos a distancia, de lo que en España tenemos triste experiencia no exenta de enigmáticas sombras, una función que ha logrado despojar al telefonillo de su inicial apariencia inofensiva. Dicen incluso que es probable duplicar la cifra de aparatos en un futuro próximo, lo que tal vez indicaría que el ingenio ha alcanzado ese confortable estatuto industrial reservado hasta ahora en la historia humana a muy pocos bienes. Lo que está claro es que su contribución a la banalidad es inmensa y que su ortografía propia está pulverizando lo que quedaba de esa disciplina tras la implacable erosión de nuestra legislación educativa. Kas por cus, equis por chés, fulminantes abreviaturas de vocales huidas en las que el breve acrónimo ‘tq’ incluye toda una declaración amorosa y ‘abe’ transforma en quimera ortográfica la expresión ‘a ver’. Cuesta imaginar a dónde va una civilización que impone disponer de varias teles, varios ordenatas y varios telefonillos por término medio mientras una legión de individuos se debate, con pocas o ninguna esperanza, en la pobreza cuando no en la miseria.

El ritmo migratorio

 

Los teóricos de la Andalucía “cruce de culturas”, “crisol de razas” y demás pueden estar contentos con el respaldo que les concede la realidad. Fíjense en estos datos, al margen de cualquier valoración ideológica al uso: en Andalucía se hayan instalados ya, por primera vez en la Historia, más de 200.000 inmigrantes ilegales, concretamente (contabilizados los de origen europeo), el primero de marzo pasado había en nuestra comunidad 208.250 de ellos. Un ejército, qué duda cabe. Sólo en enero aumentó nuestra estadística en 27.272 nuevos inmigrados y eso que el gran tráfico, como todo el mundo sabe, se ha desviado esta temporada a Canarias. Habrá que repensar ese problema sin prejuicios (sin xenofobia pero también sin papanatismo, quiero decir), será preciso calcular cual es la capacidad real de resistencia de nuestra sociedad y de nuestro mercado laboral. Y nada de ello se ha hecho hasta ahora, convertida la inmigración –como todo—en arma arrojadiza entre los dos grandes partidos. Hemos cruzado la raya de los 200.000, sin embargo. Andalucía tiene hoy pocos problemas como ése.

Huelva no es Sevilla

 

Las mujeres del PSOE sevillano han promovido, desde su estructura federal desde la regional y desde la provincial, un manifiesto en el que se pide, con toda la razón del mundo, la dimisión del concejal botarate de Aznalcóllar que agredió a una mujer del consistorio. Noten qué diferencia con lo ocurrido en Huelva cuando un concejal de Aracena hubo de ser condenado por la Justicia por tocarle el trasero a una mujer y le pegarle a otra, pues lo que aquí ocurrió –con la honrosa excepción de la consejera Micaela Navarro y los pujos reprimidos de algunas compañeras—fue que hasta se defendió al agresor buscándosele un empleo “de alta dirección” y exigiendo que se diera por liquidada su culpa con la sentencia misma. Huelva no es Sevilla, está visto, ni siquiera a la hora de defenderse a sí mismas las propias mujeres. Aquí ha llegado a salir a defender al agresor hasta una diputada. En Sevilla parece que la cosa va por otro camino.

Guerras de tribus

No hace falta mantener intacta nuestras devociones juveniles por don Miguel de Unamuno para reconocerle una prodigiosa capacidad para clavar con breves sentencias los más complejos problemas. Uno de esos aciertos suyos que no se deberían caer de la memoria es su dictamen de que lo que mueve la Historia de España no es la ‘lucha de clases’ sino la ‘guerra de tribus’. Don Miguel comprendía el potencial histórico de la dialéctica estructural –bien conocemos su juventud socialista– pero estaba lo bastante familiarizado con el pasado español como para ver que lo que en él pesaba más, a fin de cuentas, no era siquiera la losa de las desigualdades sino la obsesión lugareña por la diferencia, el prurito aldeano de la singularidad (es decir, de la superioridad) de lo pueblerino sobre lo nacional o, lo que viene a ser lo mismo, la confusión fatal entre el sentimiento comunitario básico y el proyecto romántico de ‘nación’, ese “plebiscito de todos los días” de que hablaba Renán. Es cierto que a don Miguel le tocó vivir una coyuntura lamentable –que como vasco logró implicarle en la medida que hoy conocemos bien—pero sin duda posible la que estamos viviendo hoy en España no queda a la zaga de aquella ni por sus perspectivas ni por la posible irreversibilidad de algunas de sus consecuencias. Hace poco decía un ministro del Gobierno que le parecía muy precipitada la propuesta de un “charnego” para presidir la Generalitat y hace un par de días ha sido el propio President quien ha mantenido en público –evidentemente en alusión a la candidatura del andaluz Montilla—que tienen escasa credibilidad las posibles candidaturas a presidir el gobierno regional de españoles nacidos fuera de Cataluña, pongamos por caso alguien, como ese ministro, nacido en un pueblo andaluz. La “naturaleza”, el origen de la persona, marcan, pues, su destino político incluso en el caso de esos reconvertidos, no pocas veces renegados, que aceptan gustosos el dictado de “charnegos” con que se les insulta desde la xenofobia excluyente. Unamuno llamaba “política de campanario” a las que se centran onfálicamente en su identidad entendida como valor. Hoy debería bastar con responderle a los xenófobos del PSC y a la compañía secesionista con el reproche constitucional.

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Los políticos pueden desdramatizar cuanto quieran pero no tendrán modo de esconder el efecto rompedor que sobre nuestra realidad histórica tienen estas veleidades pardales que han conseguido ya lo que tal vez no logró ni el seísmo separatista durante la última República. Y si alguien lo duda, ahí tiene a todo un ministro o a todo un ‘president’, no ya boicoteando el uso inmemorial de la lengua, sino haciendo del nacimiento local, en un alarde de ultrarromanticismo de lo más añejo, una condición inexcusable para la idoneidad presidencial. El nacionalismo es ante todo una xenofobia, la creencia, verdaderamente idiota, de que hay razas, como la propia, superiores a otras y que, en consecuencia, no es posible la igualdad entre los ciudadanos de un territorio sin menoscabo del imaginario derecho autóctono. Malraux estaba convencido, en cambio, de que, tanto para lo bueno como para lo malo, estamos ligados a la patria común en términos tales que no encontraríamos manera de ser europeos sino asumiéndola en su compleja y plena realidad, y partiendo luego de ella. Claro que Maragall no es Malraux ni nosotros somos ya uno de esos pueblos europeos a los que la conciencia clara de lo que costó la ‘nación’ ha hecho enterizos hasta el chauvinismo. Puede que antes de lo que piensan algunos andemos aquí también dándole del revés, como le dan ahora en Alemania, al manubrio de la desnacionalización, pero para entonces puede también que de esta catedral soberbia que un catalán eximio como Pí y Margall veía en la antigua España histórica no quede ya más que un solar.

La guardia andaluza

 

Dicen que para ser una ‘nación’ en condiciones lo que necesita un grupo humano es un ejército y una moneda. Vascos y catalanes, las comuneros “primera” en este Estado cada día más desigual, han descubierto una variante: lo imprescindible es disponer de una policía mandada y, a ser posible, también de una Justicia local. Andalucía va a tener de todo en la letra de su nuevo Estatuto, pero en la realidad seguirá, al parecer, manteniendo pacientemente sus carencias hasta que Madrid lo disponga y al partido le convenga, como acaba de demostrar Chaves una vez más al renunciar por tercera vez (2001, 2004, 2006) a su compromiso de conseguir para la comunidad una policía autónoma durante la legislatura. Eso sí, sobre el papel, que todo lo soporta, tenemos ya exclusivas tan improbables como la que nos atribuimos sobre la gestión del Guadalquivir o el cuidado del flamenco y hay consejera que no se ha cortado al pedir un TSJA con “sensibilidad andaluza”. Lo que habrá de esperar será la guardia andaluza. Chaves no podrá pasar revista a sus tropitas como Maragall ni falta que hace.

La alarma social

No le ha gustado a la Junta el estudio sobre mortalidad del profesor Benach (Universidad Pompeu Fabra) más que el que en su día hizo público (hay que decir que con excelente acogida científica internacional) un acreditado endocrino local, el doctor Rueda, sobre lo que él denominó “el síndrome de Huelva”. Lo ha manifestado la consejera con la negada por respuesta y sin mayores argumentos, aparte de decir lo de siempre: que para estudios, los muchos que continuamente hace la Junta, aunque nadie los conozca. Pero Benach ha demostrado que en el triángulo suroccidental (Cádiz, Sevilla, Huelva) los índices de mortalidad son excepcionales y eso no se echa por tierra con la declaración de una responsable sin mayor bagaje científico. ¿Dónde están esos estudios contradictorios que ella dice poseer, por qué no los publica? No genera alarma social quien avisa de riesgos sino quien se niega a conjurarlos. Que aquí ha ocurrido o está ocurriendo algo queda fuera de dudas. Que la Junta no quiera enterarse resulta sencillamente irresponsable.