Más trampas para Marbella

 

A la desvergonzada propuesta de IU de “flexibilizar” la aplicación de la normativa sobre incompatibilidades a los miembros de la Gestora que Chaves impuso a toda prisa en Marbella para evitar unas elecciones adelantadas que no le favorecían nada, se ha unido el refuerzo del PA y, finalmente, la aún más descarada petición del PSOE de que, en vista de las circunstancias, se hagan “excepciones” en la aplicación de esa normativa. Es decir, que los mismos que deberían tentarse la ropa en el mayor laberinto municipal conocida hasta ahora, supeditan, a su vez, los intereses generales y la necesidad imperiosa de normalizar la administración con garantías de honradez, a sus particulares conveniencias. No hay mayor fracaso de la ley que el desistimiento voluntario de aplicarla por parte del Poder ni mayor escándalo posible que ver a los “moralizadores” llegar al lío proponiendo trampas legales. Los ciudadanos de Marbella serán responsables de lo que se quiera mirando hacia atrás. Pero mirando lo que hoy ocurre son, en realidad, las víctimas de estos nuevos caciques que han llegado reclamando sin disimulo las llaves del cortijo.

La candidata se empadrona

 

Me cuentan que la candidata del PSOE, el abracadabrante relevo prometido para el derrotado Pepe Juan, es decir, Manuela Parralo, se ha empadronado en dos etapas en la capital, qué duda cabe que para sacudirse la incómoda objeción de que cómo va a aspirar a la alcaldía una dama que vive en una urbanización chic fuera de ella. Parece que Parralo lo intentó primero en un local de su esposo –¡será por locales!—en la calle Rico y,. con posterioridad, en un piso, ¡aún por construir!, en la calle Rábida, y la verdad, no sé en qué habrá quedado el cuento. Ya sólo le queda probar que no educó a su prole en colegios de élite, que no gasta coches de lujo y que nadie en su familia íntima tiene graves intereses urbanísticos en entre la Isla Chica y Cardeña. Pero todo se andará, ya lo verán, mejor o peor, eso sí, y al final va a resultar que la decorativa candidata es más de Huelva que el drago del El Punto. Hay mucha gente que insiste en que a Pedro Rodríguez le ha tocado el gordo con esta designación. La verdad es que si llega a seguir Pepe Juan tampoco se habría arruinado.

Medios y fines

Una característica de los gobiernos socialdemócratas recientes es que producen leyes benéficas y progresistas pero de difícil o imposible aplicación por falta de recursos económicos. Un caso mil veces repetido fue el de la LOGSE célebre, una ley que, más allá de su lenguaje solecista, invadía a saco las rutinas tradicionales y abría perspectivas prometedoras en una enseñanza que arrastra demasiada ganga romántica a pesar de los múltiples planes de reforma que ha padecido. Pero hay otros muchos casos, entre ellos uno que est`s días trae en un sinvivir a media España a propósito de la implantación de esas drásticas medidas coercitivas con que el Gobierno se propone frenar la sangría del tráfico de una vez por todas, no sólo a base de penalizar con la sisa de puntos el carné del conductor imprudente, sino con la estupenda medida de tipificar en el Código Penal la conducción temeraria de aquellos insensatos que circulen bien a mayor velocidad de la permitida, bien bajo los efectos del alcohol. Y bien, resulta que esta ley que tanto consenso ha despertado entre la ciudadanía peatonal e incluso entre la otra, la motorizada (véanse las diversas encuestas para comprobarlo) bien (quiero decir ‘mal) podría aplicarse a rajatabla habida cuenta que la previsión estima que los sancionados penalmente por la nueva norma serían por lo menos 80.000 y no hay que ser una minerva para discurrir que en nuestras abarrotadas cárceles, que ya están hasta las trancas desde hace tiempo, no cabría ni de lejos esa irresponsable legión. Otra ley en papel mojado, pues, otro fiasco para la opinión pública que no se explica cómo es posible que el Gobierno no calcule los efectos de las leyes antes de sancionarlas y más en un caso tan elemental como éste que anuncia el encarcelamiento irremediable de miles de ciudadanos. ¿Qué hará la Justicia, aplicar la norma caiga quien caiga, enviar a la ergástula colmatada a los malos conductores, o bien adecuarse como quien no quiere la cosa a la realidad –fíjense qué contrasentido: una ley incompatible con la realidad—y hacer la vista gorda a la hora de la ejecución de las sentencias? También es verdad que a los pobres jueces les ha caído encima la del tigre con esta tendencia del Poder a endosarle marrones tan graves como esa propuesta de prevaricación subliminal de pasarle la mano a los etarras o ahora con esta encerrona de los delincuentes de la ruta.

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Hacer leyes de cumplimiento problemático o, sencillamente, imposible, no es solamente un despropósito sino un ataque fatal a la seguridad jurídica. No recuerdo la frase exacta, pero sí el sentido del aviso de que daba Richelieu a sus ministros cuando sostenía que hacer leyes y dejar luego de ejecutarlas supone ni más ni menos que autorizar aquello que se pretendía prohibir. Fíjense en este caso sin ir más lejos: tipificar como delito aquellas infracciones de tráfico y dejar en la calle a los condenados vendría a provocar sin remedio el efecto contrario al pretendido, a saber, enviar a la opinión el mensaje de que conducir a velocidad o bebido en exceso es algo que, en definitiva, puede hacerse con toda tranquilidad habida cuenta de, que por encima del incidente procesal que sea, el resultado será la impunidad total pro falta de plazas en las prisiones. Razón por la que puede que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad y la nueva ley añada confusión al temible panorama actual sin aportar beneficio alguno. Aparte de todo lo cual, habría que ir planteando la cuestión general que, a mi entender, resulta más preocupante, esto es, la evidencia de que el incremento exponencial de los delitos hace tiempo que dejó fuera de juego a un sistema penitenciario acostumbrado a convivir con su propia miseria. No deberían promoverse normas que no puedan ponerse en práctica, es dañino para la sociedad radicalizar el trato penal cuando no se dispone siquiera de calabozos suficientes. Puede que la nueva norma amplíe al Parlamento y al Gobierno la celebrada convicción de que la Justicia es un cachondeo.

Transfuguismo de partido

Hay un transfuguismo personal, que va por libre en busca sólo del beneficio o la revancha del tránsfuga, y hay otro –de esto no cabe ya duda posible—que es propiamente un transfuguismo de partido, una defección institucional, es decir, un engaño urdido desde la propia organización partidista, normalmente bajo cuerda y pasándose por el arco los pactos y contratos mil que se llevan suscritos. El caso de Gibraleón –un “golpe de gobierno municipal” protagonizado por el grupo del PSOE en peso, junto a una fugada del PP, que se integraron para disimular en el grupo mixto—es un caso extremo, una auténtica exhibición de cinismo por parte del partido que diseñó el golpe y que ahora, en buena lógica –hay que reconocerlo– recupera a los golpistas para presentarlos de nuevo en sus listas como si no hubiera ocurrido nada. No hace ni un mes que se aprobaba en el Congreso, una vez más, un acuerdo de inflexibilidad absoluta contra esos filibusteros de la política, pero el caso de Gibraleón de muestra que la piratería no se fragua solo en las Tortugas sino también en Maracaibo.

Caso límite

Si será feo el asunto protagonizado por el redactor de Canal Sur que teledirige la tele de Gibraleón sin moverse de su despacho, que hasta un probado tragasables como el director del ente ha decidido abrirle desde Sevilla un expediente o, por lo menos, eso es lo que el tragasables le ha dicho al prescindible y bienpagado Consejo de Administración de la radiotelevisión pública que nos está arruinando al tiempo que envileciendo. Claro que no se explica por qué ese investigado sigue en su puesto, pero lo que uno se pregunta es cómo, llegado el caso, se podría sancionar a quien, vulnerando lo que queramos, no ha hecho, en última instancia, más que seguir las instrucciones políticas del partido al que sirven él y su mujer, esto es, al rival del que servían antes del golpe. Porque tampoco es cosa de creer que un redactor de Canal Sur se lanza por su cuenta y riesgo a semejante aventura si no es porque se siente respaldado y, verosímilmente, comisionado por quien manda en sus alturas. Ya estaría bien con que se sancione como es debido al aventurero, desde luego, pero hacerlo dejando a salvo a los inductores –y eso no tiene remedio– no deja de ser una injusticia más.

La nueva clase

Cada día va resultando menos cómodo definir al millonario. El millonario original, el que en la España tradicional alcanzaba el millón raspado, ni siquiera entra hoy en las estadísticas en un país en el que el telediario puede adornarse con el reportaje de una cocinera que se gasta un kilo de euros en un solo día y en caprichos en la Costa del Sol. El ironista Carlos Rodríguez Brown, profesor de economía, nos explicó en una de nuestras “Charlas” onubense que el ‘boom’ inmobiliario había producido en España el tremendo milagro estructural de crear, casi de la Nada y de la noche a la mañana, un país de millonarios condenados a vivaquear sobre su fortuna: los propietarios de unas viviendas que han triplicado su valor (su precio más bien) en el último quinquenio. Pero ahora sabemos que un importante estudio ha cifrado en sólo 148.000 los ‘millonetis’ de nuestro Olimpo económico, una cifra de magnates que nos situaría en el décimo lugar en la estadística planetaria de “omes ricos”, como (ciertamente con un sentido bastante más complejo) se decía en la “otra Edad Media”. Claro que ésas no son las noticias que tiene Hacienda, celosísima Escila que, sin embargo, al aceptar como buenos los valores declarados por los contribuyentes e ignorar las inversiones extranjeras, reduce aquella nómina a solamente treinta mil afortunados de esos que dicen que pesan su influencia en ocultos billetes de quinientos euros como el viejo Aga Khan lo hacía en joyas y metales preciosos. Pero hay un dato que destaca sobre todos los demás y es el de que, durante el año 2005, es decir, en el “primer año triunfal” de ZP, en España han superado ese rito de paso nada menos que 7.600 nuevos ricos, una cifra que supone el 6’5 por ciento más que el ejercicio anterior. Cuando dijo que éste es el país en que más rápidamente puede enriquecerse una criatura, Solchaga no estaba empleando ninguna metáfora.

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Uno comprende con facilidad que el número de millonarios que posee una colectividad es un indicador estupendo del progreso de un colectivo pero, sobre todo, no vayan a decirme que no, del progreso de ellos mismos. Aparte de que tampoco es difícil de entender que la cifra real de pobres constituye un indicador elocuente a la hora de matizar la índole de ese progreso y su auténtico alcance social. Esta misma temporada vuelve a porfiarse sobre esa negra realidad, que Cáritas descubrió en su día la primera y que el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), ciñéndose en exclusiva a Andalucía, calcula en medio millón de parias para que la Junta lo rebaje –reduciéndolo de manera drástica en función de su noción de “pobreza severa”– a unos treinta mil mal contados. Lo que no dice la Junta es cuántos afortunados han accedido en ese periodo a lo que podría llamarse, a ver por qué no, “riqueza severa”, siempre, claro está, desde la inquietante perspectiva que ofrece al axioma bolsístico de que en este perro mundo “cuando una gana un duro, es que otro lo pierde”. En todo caso, ese dato –el de los 2005 nuevos potentados del año 2005— habrá de planear sobre cualquier teoría que pueda ocurrírsenos para justificar o, simplemente, para explicar (Goldmann ya aclaró con finura la diferencia entre “explicar” y “comprender”) cómo es posible que una hegemonía sociata produzca a un tiempo tanto rico y tanto pobre, tanto millonario y tanto “pobre severo”. A uno, por ejemplo, no le escandaliza nada que un expresidente de ese color tenga amigos potentados, pero lo deja más que perplejo que los amigos más visibles que tenga sean precisamente los opulentos. Eurípides decía que la riqueza no es nada, pero que lo es todo, fíjense qué ambigua acuidad. Esos clásicos “nada” y “todo” son los conceptos que hoy se retuercen en la conciencia de una izquierda rampante que sabe cuánto puede esperar de la “nueva clase” sin descartar que le hagan un sitio en ella. Djilas lo anunció hace la tira de años. Ahora ya no es teoría sino simple realidad.