Delitos publicados

Varios hechos recientes han devuelto a la actualidad el eterno debate sobre la justicia o improcedencia de imponer a los convictos de graves delitos y pecados la pena suplementaria de la vergüenza pública. Uno de ellos ha sido la decisión de una veintena de localidades del entorno de Bogotá que han decidido legalmente someter al escarnio a los violadores publicando sus imágenes, para escarmiento y edificación general, en vallas callejeras pagadas por el consistorio. Coincidiendo con sus colegas de Cali, los legisladores de Ohio andan debatiendo, mientras tanto, una norma que permita a la autoridad estigmatizar a esos perversos delincuentes obligándoles a lucir una chapa verde sobre el pecho al modo como los nazis señalaban a los hebreos con la estrella de David. Por su parte en Atalla, Alabama, el juez Robertson ha impuesto a dos personas la obligación de vestir durante dos fines de semana consecutivos sendas camisetas impresas en las que campea el infamante lema que los declara ladrones de grandes almacenes. Aquí no se ha llegado tan lejos pero hay que recordar que, en su día, el ex-presidente Bono pugnó con fuerza por imponer su proyecto de registrar públicamente a los maltratadores, de modo y manera que la sociedad en su conjunto de viera protegida de ellos por la misma información y, de paso, qué duda cabe, se les infligiera un severo castigo. Los antropólogos coleccionan cientos de señales de este tipo, es decir, de marcas de desocialización tendentes a excluir del grupo al anómico al quietarle ese discutible derecho a la privacidad que podría ser lesivo para los incautos, pero también asestándole un golpe irreparable al eventual propósito de enmienda. Nunca se pusieron de acuerdo los juristas sobre la legitimidad del “sambenito” (el saco o camisón amarillo con la cruz de san Andrés con que la Inquisición marcaba a sus víctimas) pero parece como si actualmente la cuestión no fuera ya “de principio”, sino que se tratara, simplemente, de un recurso punitivo proporcionado a la monstruosidad de esos delitos que proliferan en nuestra sociedad. Todo valdría para detener esta locura progresiva que nos aterra un día con la imagen de una red pederasta que paga por contemplar violaciones de bebés y al siguiente con el reportaje de urgencia del linchamiento gratuito de un mendigo. Es vieja la teoría de que el castigo, conocida la falta, ha de ser ejemplar además de medicinal. Eso de que la sanción debe corregir o al culpable o al público parece que va estando más claro que el agua.
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La actitud infamante que defienden los desocializadores cae por las antípodas de la mantenida por los profetas de la resocialización. ¿Se debe extirpar al infame definitivamente del cuerpo social o bien debemos esforzarnos por reintegrarle a él? En algunos foros relacionados con los hechos que comentaba he escuchado proponer que, puestos a publicar las fechorías y los fautores, no se limite tanto el criterio sino que se amplíe para dar cabida dentro de la dura medida, entre otros, a los reos de guante blanco cualquiera que sea su condición social. La irrenunciable dignidad de la persona obliga a renunciar a este expeditivo recetario, por supuesto, pero no sin que nos ronde por la cabeza que tal vez no resultara descabellado introducir alguna dosis, siquiera homeopática, de publicidad en el marco de una sociedad que depende en tan alta medida de la imagen. La exhibición de impunidad, tan frecuente esta temporada, vendría a contrapesar la gravedad moral de una pretensión semejante. Por lo demás, sorprende que una sociedad tan tolerante con el fuero íntimo, que permanece impasible mientras se le pone en almoneda, conserve ese sentido del respeto por la intimidad del infame. Ezra Pound en una jaula era un escarnio. De Juana paseando a costa del Estado, francamente, no me lo parece menos.

El dinero público

La curiosa iniciativa lanzada desde al Ayuntamiento sevillano animando a contribuir en una colecta para comprar el lienzo de Velásquez “Santa Rufina” que subastará la casa Sothesby’s en julio ha levantado no pocas protestas entre quienes creen, con sobrada razón, que al contribuyente no se le puede exprimir dos veces, una vía impuestos y otra vía voluntaria. Es lógica obligación de las instituciones, de la Junta en este caso, no permitir que esas obras de arte se anden diseminando por el mundo, peor no se comprende por qué el razonable proyecto de impedir esa dispersión comprándolas de una vez por todas, ha de endosarse a la voluntad pública, como si no estuviéramos al cabo de la calle del gasto suntuario que despilfarran esas instituciones, empezando por la que convoca la colecta. Limosnear con un objetivo tan serio como es recuperar al arte perdido resulta de lo menos serio que pueda pensarse. Sólo con pasajes y dietas de cargos y carguetes de ese Ayuntamiento estaba aquí la Santa Rufina hace la intemerata. 

La bola de cristal

Ya están aquí las encuestas. Para la capital, la cadena radiofónica más regiminista augura una mayoría sobrada del ‘Superalcalde’ que tal vez pudiera –según otras fuentes igualmente poco adictas a su proyecto y persona– incluso incrementar su ventaja actual. Ya veremos. Es pronto para echar cuentas y extasiarse en la bola de cristal, pero le clima callejero habla por sí solo en el mismo sentido de las encuestas, que están hechas, no se olvide el dato, antes de que la candidata Parralo tuviera la osada ocurrencia de tildar de cateta a la propia capital, cuyo “centro” disgusta sobremanera, al parecer, a su estimativa cosmopolita. Tampoco se movería el panorama por abajo, a pesar de las peregrinas promesas que estamos oyendo a sus esforzados paladines, de manera que todo apunta a que el día de Pentecostés tendremos otra victoria de Pedro Rodríguez, la  cuarta. Cada cual que lo explique como quiera, está en su derecho. Modestamente, uno  cree que si eso ocurre es porque unos han hecho las cosas bien y los otros del peor modo.

Estado sin derecho

Tras el revuelo inicial no ha vuelto a oírse nada serio en torno al extraordinario suceso del párrafo que se le “coló” al Tribunal Constitucional en su esperada sentencia sobre las listas aberchales: se “coló” y otra cosa, y si usted es escéptico, pues peor para usted porque no le queda otra que tragar, lo mismo frente a ese inverosímil escándalo que de cara a la defección descarada del Fiscal del Estado al dar marcha atrás en su anunciado propósito de iniciar los trámites de ilegalización de ANV una vez demostrado que esa sigla fantasma no es sino una ‘segunda marca’ de Batasuna, es decir, de ETA. Que el Estado de Derecho vive un momento difícil lo demuestra el espectáculo televisivo del candidato del PP por Sevilla entregándole al alcalde/candidato del PSOE, ante las mismísimas cámaras, un fax del partido detallando pormenorizadamente a una asociación de vecinos como defraudar al erario público con una factura falsa e indicándole sin ambages el detalle del reparto, exhibición impúdica contra la que de poco servirá el latiguillo de las “mentiras del PP” que el manual de campaña establece en el centro de la estrategia de esta municipales. Se han triplicado en un año los delitos urbanísticos, se consienten asambleas de organizaciones registradas como terroristas en las que se establecen las instrucciones para la militancia en campaña, la vista del 11-M pone en evidencia esos ‘agujeros negros’ de los que tanto se ha hablado con conocimiento de causa y sin él, altos mandos policiales se lucen en los tablados mitineros mientras algún alcalde monterilla rifa un piso entre los asistentes a su mitin y los propios sindicatos policiales andan obsequiando generosamente a sus afiliados gastando cientos de miles de euros en sus propias campañas. Hay un dato bueno: hemos crecido al 4 por ciento, pero eso no cuestiona la gravedad de la crisis jurídica y moral que vive nuestra sociedad. China crece al triple de esa cifra mientras en su interior mueren de hambre enormes poblaciones y se liquidan las niñas para ajustar a conveniencia la estructura demográfica. Se usa la ley al derecho y del revés. Cuando Cicerón afirmaba que la medida del derecho es su utilidad, hacía un tremendo ejercicio de ironía.
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La cuestión es hasta dónde puede resistir un orden social su propio desorden, en comprobar cual es el límite de la proverbial elasticidad del poder. Está claro que este Gobierno flota decidido a capear cualquier galerna, enteramente desentendido de su credibilidad, cuyo estrepitoso fracaso endosa al adversario como si las pruebas incontrastables no deshicieran sin remedio esa estratagema. Una presidenta del TC mantenida fuera de plazo y ‘sine die’ en su puesto, a la que se le ‘cuela’ –dejémoslo ahí– en una sentencia clave un párrafo decisivo que favorece al Gobierno, un Fiscal decidido a sacar adelante, al precio de que sea, el objetivo de quien lo nombra, un alcalde acorralado por la evidencia que carga contra el mensajero como único recurso: no es dudoso que, aunque no sepamos dónde exactamente, en alguna parte debe de hallarse el límite de lo soportable incluso para un Gobierno-fakir que levita o duerme, alternativamente, sobre esos clavos tan desgarradores. El toque está en encontrar ese límite y eso no va a ocurrir, por la cuenta que a todos les trae, antes de que se ventile el pleito ritual de las municipales, tras las cuales sería sencillamente indecente que se pasara página como si nada se hubiera descubierto en esta etapa. Nunca un Gobierno con tanta estabilidad artificial fue realmente tan débil, nunca esta democracia, cada día más precaria, tuvo menos base sobre la que sostenerse en equilibrio siquiera inestable. El Estado de Derecho ha alcanzado un mal pasar de mínimos. Verdaderamente la democracia resulta en sus crisis un hueso más duro de roer de lo que pudiera creerse.

La plaga urbanística

Según la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del TSJA durante el año pasado se multiplicaron por tres las causas abiertas para investigar delitos urbanísticos. Afirma el fiscal hay mogollón de parcelaciones ilegales no investigadas hasta ahora “por pasividad” o “falta de regulación”, a pesar de lo cual postula que no cree que esas irregularidades se deban a la negligencia de Ayuntamientos y demás Administraciones implicadas. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad?, habría que preguntarse con cara de panoli. Pues la respuesta la da la Fiscalía almeriense la cual achaca este disparate “a la pasividad, cuando no a la complicidad, de las Administraciones y organismos públicos” a los que compete el control en ese negocio. Ya puede el Gobierno hacer leyes del Suelo y de lo que quiera que, mientras deje rodar la bola de su propia conveniencia junto a la de la ajena, no habrá solución a este delito del siglo. 

Lepe imparable

Si se confirman los pronósticos hoy en danza, el alcalde de Lepe, Manuel Andrés, podría ganar por goleada las elecciones del día de Pentecostés. Lo que debería provocar que los responsables políticos –y no sólo los de su partido, el PP– cayeran en la cuenta de que es, en efecto, posible encontrar “gente nueva”, líderes de refresco para sustituir a los clásicos, jóvenes con ideas y ganas y, seguramente, con mejor formación que los que los precedieron en las responsabilidades públicas. ¿Qué sería de Manuel Andrés si lo llegan las manos libres durante la legislatura que ahora acaba, es decir, sin lo llegan impedirle con normas y burocracias que hiciera realidad los planes que, probablemente, 

podrá materializar tras los próximos comicios? Imaginaciones aparte, lo cierto es que ahí tienen un liderato que funciona –como en otros pueblos de la provincia– ya desligado generacionalmente de quienes hicieron la larga transición.