La danza macabra

Va a resultar que se equivocaba Apollinaire al dictaminar que nadie puede danzar toda la vida con el cadáver del padre a cuestas. ¡Vaya si se puede! Si hace poco se armaba la tremolina diplomática reclamando el cuerpo de El Zarqaui, una noticia recién llegada de Buenos Aires revela el proyecto del peronismo sin fin de instalar el cadáver de dictador, junto al de Evita, en una especie de templo laico dentro de la CGT. El guión incluye el consabido cortejo fúnebre a campo a través desde la Chacarita a la central sindical, un macabro ritual que tiene varios precedentes en la historia argentina como los tiene en la española desde doña Juana la Loca hasta el traslado de Primo de Rivera desde Alicante a El Escorial, siempre con el tenebrismo de los tafetanes negros y las antorchas nocturnas. Alguien ha escrito ahora con tino el término ‘necrolatría’ para referirse a estas medievales “danzas de la muerte” replicadas en plena modernidad, pero yo creo, conociendo los percales, que con usar ‘necrofilia’ tendríamos más que de sobra para aludir a unos usos sólo explicables desde la mentalidad más siniestra. A Evita la raptaron muerta los milicos de Aramburu en 1955 para llevarla, tras una odisea en la que intervino hasta Pío XII, al cementerio de Milán donde reposarían hasta que, tras el secuestro y asesinato de aquel, un canje permitiera su traslado a la célebre cripta de Puerta de Hierro –ante la que cuentan que el General concelebraba sus misterios asistido del Brujo y la Perona—y, finalmente, al panteón familiar del cementerio porteño de La Recoleta sobre el que campea el lema viejo “Volveré y seré millones”. Se cuenta una historia terrible sobre las custodias de ese cadáver exquisito cuyo sudario acabó subastado en Christie’s, pero tampoco faltan cuentos sobre el de Perón, cuyas manos fueron amputadas por unos profanadores y al que anduvieron pensándose muy en serio como restaurar, en plan soviético, Menem y hasta Duhalde, sin contar con la patraña de la presunta hija que alguna vez, allá por los 90, reclamó su fúnebre alícuota para comprobarle el ADN. ¡Vaya si se puede danzar toda una vida con esa carga! Tratando del tema, Vargas Llosa habló hace diez años de “los placeres de la necrofilia”. No les digo más.
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Extraño país, Argentina, laberinto difícil en el que de la noche a la mañana, de creer a los optimistas, se ha pasado del “corralito” a otros buenos tiempos, tras tres años consecutivos de crecer al 9 por ciento, una gestión fiscal que ha roto en superavit, un alto nivel de reservas, avances decisivos en la reestructuración de la deuda externa y control razonable de la inflación, pero en el que, si damos crédito al realismo crítico, también habría crecido la tasa de paro y, más allá de una pobreza calculada en casi cuatro millones y medio de afectados, se calcula una “tasa de indigencia” que concierne nada menos que a 2.700.000 personas. Ése es a grandes rasgos el paisaje real en el que maquinan los necrófilos para instituir el nuevo culto a su dios cívico –un poco como los positivistas franceses hicieron con Augusto Comte al levantarle la famosa capilla– y sólo dentro de él tiene sentido buscar las claves de un psiquismo colectivo incapaz de desprenderse de sus dos ganchos tradicionales, la necrofilia y la cleptocracia, a pesar de disponer de más de un “analista” por metro cuadrado. Un extraño país en el que cabe el humanismo de Cortázar o la sabiduría de Borges junto al tétrico esperpento de aquel coronel Koenig que era, según Vargas, alcohólico, paranoico, tenebroso, fetichista y amante necrófilo. Más de un taxista porteño me ha explicado la “hiperinflación” con maneras profesorales pero siempre hubo una pregunta sin respuesta entre tantos amigos argentinos y era la que inquiría la razón de la religión peronista. Ver a la CGT, el mítico sindicato, organizando funerales a estas alturas puede tal vez reavivar nuestra perplejidad pero no tiene por qué sorprendernos demasiado.

El Imperio de la ley

No hay una sola causa que explique la arbitrariedad con que funcionan las Diputaciones, sino que hay muchas, entre ellas y sobre todas, la lentitud de la Justicia y el irreversible beneficio político que comporta la política de hechos consumados. Ahí tienen a la Diputación de Almería coleccionando autos y sentencias adversas como si oyera llover –lleva reunidas en este momento veintinueve nada menos–, como un ejemplo señero del régimen de arbitrariedad en que se mueven esas instituciones obsoletas que nunca debieron sobrevivir a la descentralización autonómica y que funcionan, en realidad, como gran silo y asilo de los partidos que las gobiernan. Algo debería poder hacerse cuando una institución es reprobada veintinueve veces por la Justicia pero no hay nada que hacerse pueda, al parecer. Con las Diputaciones no queda otra solución que, como tantos políticos confiesan ‘off de record’, ir pensando en disolverlas en un régimen autonómico con todas las de la ley. 

Hermanos separados

Sé bien que hablamos de un tema aviejo, de una reliquia del imaginario progre incapaz de percatarse del paso del tiempo, pero la vuelta a la actualidad de la reclamación de una carretera Huelva-Cádiz, la plantee el PP o su porquero, es algo que el PSOE (la Junta de todos, la Diputación de ellos) no va a tener más remedio que acabar tomando en cuenta tras la incorporación de los empresarios a la demanda. La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), las Cámaras de Comercio de esa capital y de Jerez, junto a las de Sevilla, Huelva y Ayamonte, además de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) representan a un sector demasiado amplio e influyente de la vida de las dos provincias que no puede ser olímpicamente desoído por un arbitrismo que, a estas alturas, resulta ya un poco arcaico. No tiene sentido mantener el histórico aislamiento de dos capitales geográficamente vecinas más allá del elemental acuerdo medioambiental cuando estamos ya unidos por autopista en todas las direcciones posibles.

La tortuga judicial

Hace años que sigo con interés el “affaire Seznec”, grandísimo embrollo judicial francés inaugurado en 1923 con una cadena perpetua impuesta a un ciudadano bretón acusado sin pruebas de haber matado a otro. Sin crimen, sin confesión, sin víctima siquiera, Guillaume Seznec pasó el resto de su vida en penales, primero en el terrible de la isla de Saint Martin-de-Ré y luego en el famoso de la Guayana francesa que Papillón haría célebre con su epopeya presumiblemente inventada. El año del bicentenario de la Revolución (1989) viví de cerca en París la constitución de un  grupo de apoyo formado de notables e intelectuales (por ese orden) que proponía –Seznec había muerto en el 54–  la revisión del proceso, y poco después se abriría una comisión encargada que acabaría rechazando la petición siete años más tarde, lo que dio lugar a que el Consejo General de Bretaña acordara por unanimidad renovar la solicitud, finalmente decidida por la ministra del ramo en el año 2001. Más de ochenta años después se celebra estos días el nuevo juicio en medio de un debate social que mantiene intactos, al cabo de tantas décadas, las posturas y prejuicios de los primeros actores, en medio de un novelesco enredo de pruebas falsas, testigos inencontrables y hasta policías sospechosos de haber fabricado contra el pobre Seznec las evidencias precisas para salir del paso. De Francia se pueden despotricar muchas cosas pero no cabe sostener que esa gran nación no conserve viva la vieja tradición justiciera que le viene derecha de la Ilustración..
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No saldría bien parada nuestra opinión pública ni nuestro sistema judicial de una comparación con los del país vecino. Cuando pasen ochenta años no quedará en pie ni un alma entre los testigos abrumados del 11-M (como no quedan del fracaso del pobre Seznec), por ejemplo, y la triste odisea de las asociaciones de víctimas, manipuladas o sin manipular, no habrá de dar de sí  más que para unas líneas entresacadas a duras penas de la hemeroteca. Pero casos como el deplorable de la condena de Seznec –sobre todo si finalmente se consigue la rehabilitación del condenado– tendrían que hacer reflexionar a los apresurados partidarios de cerrar como sea un proceso tan agujereado como el que nos traemos entre manos en España a pesar de le evidencia de la extrema debilidad de la instrucción y de la inverosimilitud de sus conclusiones. Nadie ha resuelto en Italia a estas alturas el “caso Sofri” a pesar de la contribución excepcional de Carlo Ginzburg en su defensa y haría falta todo un Voltaire para repetir la hazaña de aquel “caso Jean Calas” que inspiró al filósofo el “Tratado sobre la Tolerancia”, o un Zola bragado capaz de enfrentarse a una galaxia judicial con tanto agujero negro y tanta estrella rutilante. La experiencia demuestra que con frecuencia lamentable la opinión pública se divide esquizofrénica sajada por la filosa navaja de la pasión, como si tomar partido fuera preferible a buscar la verdad o como si los graves desafíos de la realidad obligaran a la Justicia a forzar sus propias limitaciones. Un país que ochentaytantos años más tarde sigue atento las vicisitudes de un proceso que busca rehabilitar a un condenado que murió hace medio siglo constituye todo un ejemplo de seriedad para oponer a quienes querrían perpetrar en el nuestro una faena de aliño para liquidar el mayor atentado de nuestra historia. Uno que ha conseguido reducir el pleito a una confrontación partidista, en cambio, apenas merece la Justicia que dice reclamar desde ambas orillas. Es posible que jamás sepamos toda la verdad de esta historia como nunca descifraremos probablemente el complot que acabó con Kennedy o cual fue la verdadera historia del famoso molinero de Friuli. A esos que se desgañitan protestando contra la teoría conspiratoria habría que recordarles que poco podrán hacer ellos mismos fuera de su propia teoría de la conspiración.

Desrizar el rizo

No entiendo la protesta de la Junta y su empecinamiento frente al proyecto cordobés de “legalizar” ciertas parcelas ilegales, porque eso precisamente –legalizar lo ilegal—es la solución que la Gestora que Chaves ha puesto en Marbella propone para salir del paso o la que se ha utilizado más de una vez, pro ejemplo en una Chiclana en la que las viviendas ilegales se contaban por miles y fue la propia Junta la que decidió legalizarlas. La Junta usa con grandes prisas una vara para medirle las costillas a un empresario de El Puerto la demolición de cuya obra está pendiente de recurso pero cierra los ojos y deja pasar el tiempo frente a algún amigo del expresidente González que no tiene ya ninguna razón para no demoler su construcción ilegal en Monteenmedio. El negocio del ladrillo ha descrestado sobre toda previsión y ya no hay quien lo pare como no sea con providencias tan absurdas como ésa de legalizar lo ilegal que sería una puerta abierta para los futuros infractores. A ver cómo sale ahora la Junta de su propio laberinto repartiendo por igual palos y cataplasmas. 

¿Vacante en Ayamonte?

El alcalde de Ayamonte, Rafael González, ha anunciado como el que no quiere la cosa que existe un alto porcentaje de probabilidades de que no se presente a las próximas elecciones municipales. Habrá que ver qué ocurre, sea cual sea el porcentaje teórico, porque no es la primera ni la segunda vez que ese destacado alcalde anuncia su retirada, pero en todo caso, de cumplir su anuncio no cabe duda de que supondría un quebradero de cabeza para el PSOE, que tiene prácticamente asegurada la alcaldía con él. Se libraría el partido, eso sí, de un hombre de disciplina difícil, que ya se ha enfrentado al “aparato” en varias ocasiones y que mantiene con el consejero Saldaña, su antecesor, pésimas relaciones que él define como “ni buenas ni malas sino inexistentes”. Y abriría una interesante incógnita en el mapa electoral, no sólo por la suerte de su pueblo, sino por la repercusión que su retirada pudiera tener en la Costa. Pero nadie se precipite, insisto, porque con González no se sabe nunca. Lo único probable, en este momento, es que en ese “aparato” la noticia habrá sido acogida con tanta preocupación como alivio.