El viaje político

Chaves se va a China tras las huellas del Rey, seguramente reclamado con urgencia por graves necesidades andaluzas. Los políticos guardan para el verano estos superviajes oficiales, costosísimos y generalmente inútiles (ya me dirán qué va a conseguir en China Chaves que no haya logrado el Jefe del Estado), al que, encima, no acuden solos sino acompañados del séquito que merecen sus augustas personas. Y le pasan la factura al pueblo soberano, claro está, ajenos a tantas necesidades reales, incluso inaplazables, con toda la tranquilidad del mundo. Si en Andalucía hubiera un Parlamento digno de tal nombre exigiría que el Presidente explique para qué ha servido, siquiera alguna vez, uno solo de esos prohibitivos periplos que no son más que vacaciones gratuitas pagadas por el contribuyente. Es tal el convencimiento de que lo merecen todo por su bella cara que ni se plantean que la región más pobre de España pague viajes tan suntuarios como inútiles. Y tanta la debilidad de nuestra democracia que ni siquiera existe la posibilidad de pedirles, ni por una vez, que justifiquen tanto despilfarro.

Ciega imprevisión

Si una provincia que aumenta de población en verano como lo hace la onubense debe aumentar proporcionalmente sus fuerzas de seguridad, carece de sentido meter la cabeza bajo el ala y, con cuatro sofismillas de andar por casa y unos cuantos policías en prácticas, salir del paso año tras año. Pero si esa provincia se ve marcada, como a la nuestra acaba de ocurrirle, por una amenaza terrorista innegable, no dotarla de un dispositivo extra constituye una auténtica temeridad. El baile de cifras que se trae el Gobierno deje ver a las claras que se están haciendo malabares para escurrir el bulto y seguir adelante como si el acontecimiento de Ayamonte no hubiera sucedido y la amenaza que implica no debiera ser tenida en cuenta antes que nada por la autoridad. Ojalá no hay que lamentarlo, pero si así fuera esa autoridad no podrá venir luego con el cuento de los imponderables porque hasta el más lelo comprende la necesidad de reforzar ahora, sin tardanza, la seguridad de la provincia.

Abandono absoluto

Si hace unos días se denunciaba el abandono de los quemados del gran incendio de hace tres años en las provincias de Huelva y Sevilla, cuyos montes ni siquiera han sido limpiados todavía, tras el incendio del domingo en Niebla, los propios trabajadores del Infoca –calificando de “abandono absoluto” la situación de la zona quemada– descubrían lo que la Junta consigue ocultar hasta que no tiene remedio: que los trabajos de limpieza y conservación del monte que se vienen llevando a cabo resultan insuficientes. No se ignora que esa tarea es vasta y compleja pero menos debe olvidarse que el riesgo que corre esta provincia, devastada por el fuego verano tras verano, hace imprescindible un plan general, público y acordado que comprometa a todas las Administraciones y sea capaz de borrar la imagen pública que las representa como inútiles montajes partidistas que entregan al azar la suerte de todos. Debería aclararse, para empezar, cómo de “absoluto” era esa “abandono” denunciado ayer en Niebla. Y debería existir un cauce para reclamar la responsabilidad a quien corresponda en casos semejantes.

La lengua cortada

Hace años que Alemania lleva adelante una costosa campaña de difusión de su idioma por todo el mundo, consistente, entre otras cosas, en subvencionar infinidad de cursos gratuitos por doquier, aparte de reforzar las instituciones docentes, públicas o privadas, que funcionan en la mayoría de los países. Los franceses mantienen hace la intemerata, desde Chile hasta Vietnam, desde Suecia hasta España, sus famosos liceos y escuelas, auténticos nuncios de una “cultura y civilización francesas” que llega a todas partes. Otros países apoyan más o menos sus lenguas, fuera de Inglaterra que sabe perfectamente que su idioma es hoy una verdadera ‘koiné’ y no precisa por ello de apoyo alguno. ¿Y nosotros? Pues nosotros gastamos lo que podemos (y a veces lo que no tenemos) en algunas instituciones de variable prestigio, al tiempo que nos encargamos de cargarnos la lengua dentro del propio país, que es lo verdaderamente devastador, bien consintiendo que se incumpla lo establecido en la propia Constitución, bien cerrando los ojos ante el avance de las taifas autonómicas que aspiran a la secesión y que, como en Cataluña especialmente, hace mucho que batallan por extirpar el español de la escuela y, a ser posible, de la calle. Ahora mismo, el llamado “hexágono” balear, un gobierno de seis socios encabezado por el PSOE, acaba de anunciar que va a reducir el horario de enseñanza del castellano eliminando el proyecto de trilingüismo ideado por el anterior gobierno del PP para equilibrar las cosas y contentar a todos. Craso error, en todo caso, porque eso supone no entender que lo que los lobos nacionalistas persiguen no es mantener o fomentar su lengua vernácula (que eso es tan legítimo como casi inevitable) sino desarraigar de una vez por todas esa seña decisiva de la identidad que es el idioma. El complejo de los nacionalistas –un complejo de clara inferioridad– no busca superarse sino destruir al envidiado. Y hoy el propio partido en el poder cede ante esa pretensión indecente y tal vez suicida por el plato de lentejas que es un gobiernillo hexagonal.
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Curioso: la opción balear consiste en eliminar el español para centrar el aprendizaje escolar en un plan de “inglés para todos, pero sin reducir el catalán”, una extraña elección que dejaría perplejo no digo ya a un británico sino a un galés empeñado en mantener contar viento y marea el pulso con la avasalladora lengua inglesa. Dicho de otra manera, que prefieren que se hable inglés en esa tierra española antes que español, es más, que tal vez lo que buscan es que no se hable la vieja lengua materna que hace muchos siglos convive con la terruñera, como si la extirpación de una lengua fuera una providencia aceptable en cualquier sistema cultural, como si la muerte (en realidad, habría que hablar de asesinato) del segundo idioma mundial y su sustitución por el discurso lugareño fuera de recibo en un país civilizado. Ahora bien, no confundamos, no tomemos la cuestión lingüística por un problema cultural o un pulso ciudadano, sino como la consecuencia fatal de una decisión política respaldada por el Gobierno y su deliberada estrategia de permitir que las autonomías campen por sus respetos en lugar de integrarse en un proyecto común y plural. No sobrevaloremos a los régulos de las taifas: ellos hacen lo que hacen porque se lo permite progresivamente un Estado debilitado al que el Gobierno pone sin recato en almoneda cada vez que le viene bien, empezando por una lengua que asombrosamente le importa un rábano a nuestra dirigencia, como si la lengua fuera separable de la mentalidad y no funcionara como su sostén último. Rimbaud echaba de menos el día en que todos los hombres se unieran en una sola lengua universal. Estos catetos se conforman con recrearse vindicativamente, como el que rompe una vidriera de un cantazo, en la parla doméstica de la aldea natal.

Los que se van

Cada día nos desayunamos con la noticia de un concejal electo que dimite defraudado. Esa tropa se presenta, por lo visto, aupada sobre la ambición del poder y no concibe siquiera la política como servicio público, el sacrificio que parece obligado en quien acaba de pedirle el voto a los ciudadanos alegando su vocación de representarlos con todas sus consecuencias. Y lo peor es que si se le echa un vistazo a sus curriculos no se ve en la mayoría de los casos nada que supere la medianía más modesta, lo que quiere decir que esta clase política sobrevenida y consecuencia de la partitocracia es el oficio que cobra más con menos méritos y, encima, se cabrea y coge las de Villadiego si no le dejan el primer sillón. Jovencitos sin oficio ni dedicación conocido, parados sin mejor perspectiva, titulados medios y más chicos, gente corriente y encumbrada a la que se le queda chica el acta si no le dan, además, la vara y, ni que decir tiene, un sueldo que jamás cobraron antes de llegar a la política ni cobrarán nunca el día que se vayan de ella.

Servicios mínimos

No es nuevo que los servicios encuadrados en la ‘delega’ del Gobierno fallen y provoquen situaciones de saturación o atasco, como no lo es que en cada caso se alegue lo mismo: la penuria o el fallo del material. Gente haciendo cola, venida de madrugada de los pueblos, total para recibir un corte de mangas a última hora, cientos de viajeros poco previsores que se ven si un documento tan importante como el pasaporte porque la burocracia de la delegación carece de medios o de capacidad. Y encima, el silencio. Ni los policías encargados, ni el comisario jefe –¡que exige  los ‘medios’ cita previa para una consulta de urgencia!– ni, por descontado, su excelencia el señor delegado se digna explicar al menos las causas de este fracaso administrativo que causa daños graves a los contribuyentes. Queda todavía mucho personal de oficina que cree que el servicio público es un don gratuito que puede solicitarse pero nada obliga a conceder. Cosa que a lo mejor no ocurría si el responsable máximo fuera un experto y no un paracaidista de partido, cualquiera sabe. De momento, ahí están las colas y los nones. ¿Bago? Por supuesto, sin novedad.