Nuevo Pastor

Cuentan y no acaban en Santander sobre el nuevo obispo de Huelva, monseñor Vilaplana: que si su obsesión es la pobreza, que si se desvive por “los de abajo”, que si da hasta lo que no tiene… En Huelva, en cambio, la recepción se ha resuelto de entrada en la consabida comidilla cofrade, un poco en línea con la ya supongo que olvidada polémica mantenida con su antecesor, del que algún capillita conspicuo llegó a decir que, con un castoreño en la cabeza, venía a ser un picador. El obispo tendrá que entender, por supuesto, la peculiar idiosincrasia que tanto valora la religión popular, pero resulta obligado que las hermandades de lo que sea acepten su papel subordinado en el orden eclesiástico. Dicho esto desde fuera del tinglado –que es como está dicho—sólo queda apostar por una paz que permita a quien encabeza una institución tan influyente ejercer su papel profundo sin perderse en tiquismiquis. Porque ya digo que, en su anterior diócesis, cuentan y no acaban sobre ese pastor en relación con esas cosas fundamentales en las que en Huelva queda tanto por hacer. 

Los otros viejos

En España es mala cosa ser viejo. Se ha perdido el colchón tradicional que la familia clásica y extensa brindaba al anciano. Se ha prescindido casi en absoluto de la experiencia bajo la sugestión de una cultura exaltadora de la misma juventud a la que maltrata desde la infancia. No hay espacio para la “tercera edad” salvo en el autobús del Inserso ni audiencia para su voz salvo en los teatrales periodos electorales. Lo que está ocurriendo con las residencias de ancianos –malos equipamientos, alimentación impropia, malos tratos– es, con triste frecuencia, una auténtica calamidad aparte de un crimen tolerado por unas Administraciones voluntariamente ciegas y sordas.  Nunca hubo más retórica ni mayores presupuestos para atender a los mayores, pero jamás la vejez fue tan agraviada. Ah, pero hay viejos y viejos, y sin necesidad de extremar las crononologías, hay jubilatas y jubilatas. La experiencia de la jubilación en España es también lamentable a causa de un régimen de pensiones cicatero, y con un canto en los dientes, porque de no haber forzado el primer Gobierno del PP el Pacto de Toledo, la tesis que venía imponiéndose era la del ineluctable fin de las pensiones, es decir, la del “sálvese quien pueda” tras la vida laboral. Un médico, un metalúrgico, un juez, un profesor o un bombero se jubilan con las habas contadas y recontadas que les despacha una Seguridad Social reflejo de una sociedad productivista en la que el mérito es un valor de presente o no es nada. Tanto produces tanto vales: cuando dejas de producir eres simplemente una carga y como carga serás tratado. Habas recontadas, digo, que a duras penas llegan a fin de mes –las encuestas sobre el particular son aterradoras—y que están forzando a esa franja creciente de la sociedad a revivir la comedia galdosiana del “buen pasar” y, si me apuran, el paso trágico del hidalgo de gotera caricaturizado por el autor del ‘Lazarillo’ con migas en la barba. Una pena, el negocio de los viejos, a pesar de la ‘barra libre’ farmacéutica –que a tantos ha enriquecido—y del autobús del Inserso.
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Pero no todos los viejos son igualmente tratados, ni todos los jubilatas ofendidos por las mismas miserias en un país en el que los legisladores, es decir, los diputados y senadores, comienzan por favorecerse descaradamente con un régimen asistencial escandaloso si se le compara con el de los trabajadores del común y en el que, encima, han sido los Gobiernos sedicentes “socialistas obreros” los que han descrestado todas las ignominias agravando el régimen general de pensiones con nuevas exigencias (la última vez en julio pasado) pero estableciendo privilegios tan vergonzosos como los blindajes del retiro de los políticos. Acabamos de enterarnos de que Maragall –cuatro añitos de “honorable” tras sus vacaciones en Roma—percibirá 125.000 euros durante los primeros cuatro años de cesante y 94.000 durante el resto de su vida, es decir, el doble de las doradas pensiones que ya se habían autoadjudicado Chaves o Ibarretxe, que a la hora de trincar poco cuentan las diferencias ideológicas. Y ello en la laboriosa Cataluña cuna del movimiento obrero, como una burla chusca de aquellos austeros ancestros que administraban al céntimo las “cajas de resistencia” sostenidas con sus propios sufragios. La desvergüenza de los blindajes presidenciales es la penúltima prueba de la desmoralización de la política, de la crisis irreparable de la idea de la vida pública como servicio, de la realidad de una profesión hobbesiana y rapaz a la que no estorba en absoluto el hecho de las ofensivas diferencias entre ciudadanos y políticos por la sencilla razón de que es ella misma la que la ha establecido. La vejez en España ha dejado de ser un estado respetable para convertirse en una carga que miran con enojada displicencia estos próceres sin mayores méritos que el oportunismo partidista. Hace tiempo que sabemos que carecen de ideas. Ahora sabemos también que no tienen vergüenza.

A otra cosa

Ni una palabra en los discursos de fin de semana de Rajoy y Arenas sobre el Estatuto andaluz que está siendo amañado en Madrid a cencerros tapados. El PSOE busca el consenso con el PP (sabe que sería poco presentable un Estatuto con dos de los cuatro partidos en contra) y el PP no sabe lo que busca, desconcertado por su propio derrotero en otras comunidades, como la valenciana. El PP de oposición no tiene idea clara sobre la autonomía como el PSOE gobernante no la tiene sobre qué hacer con la inmigración ilegal o con la política hidráulica, pongamos por casos. De manera que saldrá adelante un Estatuto que a nadie interesó nunca más que los políticos (Guerra ‘dixit’) y que ya no interesa ni a ellos, una vez liquidado el brete catalán, que era lo que se trataba de encubrir con nuestra cortina de humo. La política es así: todos como un solo hombre/mujer en la hora fácil, ni Dios ante la dificultad real. En cuanto a los ciudadanos, quizá sea cosa de pedirle al maestro Mingote que reedite el viejo chiste de ‘Gundisalvo’, aquel de las “elecciones” franquistas: “Vote a ‘Gundisalvo’, hombre. ¡A usted qué más le da!”. Pues eso mismo. 

Ecologismo crítico

El alcalde de Almonte, al margen de otros motivos menos inobjetables, ha conseguido –y la verdad es qué uno no sabe cómo ni porqué—fama de hombre del ecologismo, y como tal actúa o actuó durante años en la ejecutiva provincial y en el propio Senado. Por eso tiene especial interés eso que ha dicho, con motivo del enésimo atropello de un lince del Parque, de que ya le gustaría a él “ver la misma preocupación por la seguridad humana” que la manifestada por las Administraciones a favor de esa especie protegidísima. Muy justo y cabal, el comentario, un comentario que, de haberlo hecho alguien de fuera de la panda, hubiera sido anatematizado “de vehementi” por verdes, rojos y malvas. No significan las palabras lo mismo en una boca que en otra. Escuchar tan razonable alegato en boca de Bella, por ejemplo, puede escandalizar a muchos que seguro que no tendrían mejores argumentos para defender lo contrario. 

Defender al defensor

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no es personaje que precise defensa. Se defiende solo desde siempre y, desde luego, no sería la primera vez que hubiera de hacerlo frente a sus ‘compañeros’ de partido, ésos a quienes suele decirse, probablemente sin fundamento, que Churchill consideraba los enemigos políticos peores y más arriscados. El miserable juicio de intenciones en que el ex ministro Montilla, ese charnego irredimible, ha tratado de basar su crítica al recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto de Cataluña presentado por el Defensor, constituye, en cualquier caso, una demostración superlativa de la alarmante incapacidad de ciertos sectores de su partido para entender el sentido de los pactos de Estado que pueden y deben establecerse para encarar los problemas de fondo que afectan a toda la sociedad. Decir, en efecto, que Múgica haya recurrido ese peregrino Estatuto –tan controvertido en toda España como escasamente respaldado por la ciudadanía catalana, todo debe recordarse—a causa de su sentimiento familiar por la pérdida de su hermano víctima de ETA ya es miserable, pero achacar esa sensata y legítima decisión a su agradecimiento al PP que, por dos veces, avaló su nombramiento constituye, además de un argumento ruin, una clamorosa ilustración de aquella incapacidad para entender el consenso de Estado que ha arruinado ya problemas tan delicados como el efectivo control judicial, la rampante amenaza de la inmigración ilegal o la presunta negociación de paz con los terroristas en que el Gobierno anda empantanado. Hay gente como Montilla en nuestra política que fulmina cualquier iniciativa surgida fuera del entorno del “aparato” ignorando que no hay ejercicio más noble en democracia que el acuerdo previo de los grandes rivales electorales en torno a los temas de interés común. Múgica no necesita alabarderos que le defiendan, ya digo, pero la miseria de Montilla no afecta solamente al prestigio del Defensor sino que compromete el entendimiento de la democracia y eso ya es peor.
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Es más, es posible que a actitudes como la de Montilla quepa atribuir algunos de nuestros males políticos más decisivos, como el que implica la propia incapacidad para entender que la elección consensuada de un cargo de competencia universal se justifique en sí misma, más allá o más acá de los forcejeos y ambiciones partidistas. Quizá a Montilla le parezca de perlas que el PSOE de Zapatero propusiera y firmara un Pacto Antiterrorista al alimón con el Gobierno del PP mientras bajo cuerda y a cencerros tapados continuaban los contactos con la banda criminal, pero eso no es bueno sino que constituye una infamia. Y por lo visto, le parece mal que para designar a un personaje incuestionable como garante del interés de todos, los dos grandes partidos –la inmensa mayoría de la nación—acerquen sus posiciones hasta dar con la personalidad adecuada en lugar de recurrir al procedimiento digital al que políticos de corto recorrido, como Montilla, deben su irresistible ascensión. He oído decir por ahí que menos mal que el PSOE –probablemente convencido de las pocas posibilidades que le quedan al sentido común ante el propio TC– no ha reaccionado del todo mal a la importante iniciativa de ese Defensor que es, con diferencia, uno de sus más acreditados dirigentes históricos. A mí me parece, sin embargo, que esas frases de compromiso no bastan para compensar la doble y asquerosa ofensa que el hasta ayer ministro y hoy candidato ha infligido a quien es tal vez la única autoridad española capaz de conseguir el apoyo indubitable de tirios y troyanos. Múgica no ha hecho otra cosa que justificar plenamente el mérito en el que confiaron al nombrarle los dos grandes partidos, sin perder de vista la voz de la calle. Montilla, por su parte, no es más que un pequeño miserable del que pronto no volveremos ni a oír hablar.
 

Poderes delegados

El caso del futuro del PSOE a la alcaldía cordobesa, Rafael Blanco, haciendo y deshaciendo decisiones administrativas con el visto bueno de la Junta y del Gobierno a pesar de no ser políticamente nadie en este momento, demuestra que la lucha electoralista agota enteramente la razón política. ¿Cómo se puede puentear al Ayuntamiento legítimo de la capital, con qué derecho se faculta a un señor particular (que eso y nada más es, por el momento, el futuro candidato) a presumir de ser el “desbloqueador” de proyectos que, a la vista de los visto, todo hace pensar que habían sido bloqueados por las autoridades responsables para facilitar el lucimiento del futuro mesías salvador? La utilización de las instituciones autonómicas para su propaganda electoral que hace sin disimulos la Junta debería tener una respuesta parlamentaria, pero ya que esta resulta aritméticamente imposible tal vez fuera bueno que se dilucidara incluso si es legal que un ciudadano particular ejerza la autoridad que no puede tener con el visto bueno de la Junta.