La infamia inacabable

De nuevo el circo en torno a la tragedia Wanninkof, la estólida imagen de ese presunto asesino múltiple atrapado en su propia novela negra, la imagen dolorosa de esa madre mediática, con foto de la víctima incorporada, que no se corta un pelo a la hora de acusar obsesivamente de semejante delito a quien ya fue absuelta, el cortejo de abogados no menos temerarios, y sobre todo, la foto de un tribunal en evidencia, incapaz de cortar por lo sano esta añeja martingala. Pocas veces ha tenido la Andalucía negra un motivo tan insistente y tan tremendo, pocas una Justicia tan consentidora y una opinión pública tan burlada. Resulta urgente acabar con esta farsa que ha costado al contribuyente tal vez más que ninguna otra entre las famosas y en la que llevamos escuchado mucho más de lo necesario para repudiar con desprecio tanto enredo y tanta manipulación. No es razonable extremar el garantismo al punto de que un sujeto con los antecedentes de ese acusado convierta el proceso en una infamia interminable y quien sabe si en un buen negocio para más de uno. 

Otro palo a la Diputación

Una sentencia como la que acaba de condenar al presidente de la Diputación por violación de los derechos sindicales, sobre todo si es leída en su tenor literal, no cabe duda de que constituye un argumento imposible de superar para un partido de izquierda que, habrá que repetirlo una vez más, se empecina en mantener en su sigla lo de “socialista obrero”. Se ve claro ahora que la guerra sindical que en la Dipu mantienen CCOO y UGT no es otra cosa sino el resultado de un intento de ejercer libremente por parte de la primera y de un pacto servil por cuenta de la segunda, cosa que, desde luego, viene avalando hace tiempo no pocas denuncias de trabajadores, y que subyace bajo la superficie de esa petición fiscal que pide cárcel para Cejudo a causa de un presunto ‘mobbing’ contra un empleado. UGT defiende en la Diputación y ataca en el Ayuntamiento, más o menos al revés que CCOO. Ahora que vienen las elecciones, es posible que a los currelantes no se les escape esta elocuente circunstancia. 

La cámara oculta

Pocos temas han suscitado tan encendida polémica como el del uso de la cámara oculta. Se quejan de ella los perjudicados, mayormente, aquellos a los que su irrefutable testimonio ha bajado del pedestal para dejarlos literalmente a los pies de los caballos. ¡Oh, las garantías que la democracia prodiga! Pocas instituciones democráticas han sido defendidas con tanta pasión por los delincuentes y asimilados, aunque hay que decir que no poco apoyados por un celo judicial rayano en la superstición. Aquí hay casos de cohecho probados y hasta reconocidos por sus autores que han sido archivados a causa de algún defecto de forma, y ningún demócrata –tampoco el que suscribe—protestarán porque se mantenga un fuero tan necesario, al margen del desconcierto y la desmoralización que, como es natural, estas decisiones provocan en la opinión pública. Los reportajes de El Mundo/Antena 3 han revolucionado ese debate que insiste en que el uso de la cámara o el ocultamiento de la identidad profesional supone un quebranto insufrible del derecho de los pillados. Un canalla mexicano dedicado a vender órganos de jóvenes sin recursos, una organización especializada en amañar concursos de belleza, un friqui especialista en la estafa de la pseudomedicina que no se tentaba la ropa a la hora de descalificar el diagnóstico médico, una mafia dedicada al tráfico de armas o a la trata de blancas: todos y cada uno de esos miserables han protestado en nombre de la sacralidad del derecho, incluso después de que la jurisprudencia haya establecido de manera tajante la legitimidad de ese procedimiento periodístico en el supuesto de la investigación veraz que verse sobre un asunto de interés social, y que siempre que entre la información lograda y el eventual daño causado exista una lógica proporcionalidad. Hasta la gentuza que se mueve a sus anchas en los ambientes más abyectos se nos ha vuelto de repente “procesalista” y encendida paladina del imperativo ético. El mundo al revés. Muchos creemos que para tratar de ponerlo al derecho no debe temblarnos el pulso.
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A esa caterva de malevos y friquis se unen ahora los obispos vascos, cabreadísimos porque uno de esos reportajes nuestros los han dejado en la más denigrante evidencia como cómplices activos, en no pocos casos, de los terroristas y, lo que no sé si es peor si cabe, como ideólogos del terror que ellos justifican en los reconocidos términos del mito nacionalista. Alegan que se ha abusado de la ética periodística al ocultarles la cámara testimonial y, por supuesto, la personalidad de los investigadores, como si el toque estuviera en la formalidad del reportaje y no en la clamorosa evidencia de que el clero vasco apoya moral, institucional y hasta físicamente a ETA, como si disimular la condición de periodista fuera peor que esconder en la parroquia a unos asesinos que acababan de darle matarile –como decía Corcuera—a unos ciudadanos inocentes. No apetece, de verdad, seguir con esta matraca. Al obispo Setién –casi más allá de la  caricatura que de él hace Ussía—debería darle vergüenza su justificación del crimen o su abono de las estúpidas y falsarias tesis aranistas en lugar de protestar porque alguien más listo que él haya demostrado al mundo –y al Vaticano, por cierto—una complicidad con el terror que él teoriza sin complejos. Porque ahora tenemos pruebas materiales, seguramente no adecuadas procesalmente pero terminantes, de que tanto él como sus segundos y terceros pertenecen al ámbito psíquico de la banda y, llegada la ocasión, también a su espacio estratégico. Con la cámara oculta y la identidad fingida, vale, pero más claras que el agua. Ahora sabemos por boca de ella misma, que la Iglesia vasca está con ETA y no con el millar de víctimas, que la comprende, que la justifica, que la respalda y que, llegado le caso, le da seguro asilo. ¿Qué es una lástima que lo sepamos por la cámara oculta? La verdad es que, moralmente, este alegato resulta un auténtico insulto.

El ojo del CAA

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha tenido a bien llamar la atención a una tele municipal, la de La Línea, por apoyar al PP a través de “una permanente confusión entre información y opinión con el objetivo manifiesto de ensalzar la labor del equipo municipal de gobierno”. ¡Carajo, si parece que está hablando de Canal Sur! A uno le ha sorprendido esta salida del bienpagado y expletivo consejo por la sencilla razón de que no hay una sola tele municipal (o más ampliamente, local) que no sea partidaria, pero sobre todo porque resulta un auténtico sarcasmo atreverse a hablar de parcialidad en los medios públicos andaluces y olvidarse de la tarea sistemática y descarada que perpetra “la Nuestra” desde su creación hasta la fecha. ¿Qué diría el CAA de ese ‘NO-DO’ de Chaves, de Zarrías, de la Junta en general y demás instituciones del partido, qué diría de los programas de promoción de la política institucional, qué de las campaña de publicidad y que, en fin, de la información diaria? Mientras no diga nada –que no ha de decirlo—meterse con ésta o aquella emisorita no dejará de constituir una injusticia además de un agravio. 

Aquí su negocio

Eso es lo que dice la publicidad del “complejo Mirador”, el proyecto del marido de la candidata, inevitablemente aireado tras las acusaciones de corrupción lanzadas por ésta al propio alcalde: “Aquí su negocio”. Lo que no se comprende es quién aconseja a esta política bisoña que tire piedras sin tino teniendo tan cerca y frágil el propio tejado, aunque no hay más que pegar la oreja para percibir claro el rumor de desaprobación que circula dentro del propio PSOE. Demasiados indicios apuntan a que esa candidatura lo va a tener más bien crudo y de sobra saben los interesados que así será, en buena medida, por la colaboración de sus propios conmilitones descontentos, sin despreciar el efecto negativo que entre los votantes más informados y conscientes están provocando estos disparates. En cualquier caso, no hay duda posible de que Parralo es una de las personas menos indicadas para entrar a saco en el urbanismo onubense en el que este negocio de su esposo no es el primero ni será el último que salga a relucir. Ella, que acusa de traficante al más pintado, debería ser la última en extrañarse. 

La memoria de piedra

Una fuerte reacción laica se ha opuesto con energía a la idea del alcalde de Ploërmel, una escondida aldea del centro de Bretaña, de construir en la plaza pública una estatua del papa Wojtila de nueve metros de altura enmarcada en un arco solemne rematado por una cruz. Dicen los laicos que el que quiera estatuas, que las pague y las eleve en su jardín, lo que no deja de constituir un argumento razonable al margen de que la erección de monumentos a personajes célebres es un hábito inmemorial de la Humanidad tan antiguo como controvertido. En Francia se cuenta siempre la pifia de la Asamblea revolucionaria al ordenar, en octubre de 1793, el derribo y destrucción de la famosa Galería de los Reyes que preside la fachada principal de Notre-Dame de París, barbaridad originada por el equívoco de que aquellas estatuas representaban a los monarcas franceses cuando, en realidad, se referían a la realeza de Israel. Tras la caída de la Unión Soviética una ola de derribos sirvió para certificar al mundo la hondura de un cambio promovido, en buena medida, por los mismos que habían honrado a aquellas estatuas ante las que  resignaban sus ramos de novia las recién casadas, lo que constituyó una especie de ensayo general para la función que habría de celebrarse en Irak tras la entrada de los invasores que derrocaron al tirano. Echar abajo las estatuas es una especie de sueño tanto de los oprimidos como de los revanchistas, salvo acaso en Inglaterra, donde el dictador regicida que fue Cronwell sigue luciendo el palmito encaramado en su pedestal nada menos que en plena fachada del Parlamento. Aquí la Transición había obviado esa ceremonia hasta que alguien cayó en la cuenta de que la alta rentabilidad emocional que puede proporcionar el descenso de una estatua ecuestre puede, sin duda, servir de pantalla para tapar agravios mucho más lesivos y urgentes, sobre todo si se la hace coincidir con un homenaje al antagonista del descendido. Es probable, en fin, que nunca termine esta danza y contradanza de las estatuas que tiene garantizado el entusiasmo lo mismo en democracia que en tiranía, al menos en un país como España, en el que la guerra de los símbolos, llegado el triste caso, no se ha detenido ni a la hora de fusilar al Corazón de Jesús o a una Virgen venerada.
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No sé, cómo es natural, si ese alcalde acabará entronizando a Wojtila en su plaza pública o, por el contrario, ganarán los recurrentes y habrá que erigir otro símbolo en su lugar, pero como regla general siempre tengo presente la conclusión de algún escritor,  gabacho precisamente, que sostuvo la idea de que una estatua no se eleva si no es como pretexto para derribar otra. Que a mí, mismamente, me caigan mejor que el de Franco los monumentos a Largo y Prieto levantados a dos pasos del pedestal vacío, no quiere decir que en cualquier momento no se levante la protesta exigiendo apear, junto al represor del disparate revolucionario de Asturias, a quienes cargaron con la inmensa responsabilidad de concebirlo o respaldarlo. Siempre hubo quien, como Chateaubriand, mantuvo que los monumentos forman fatalmente parte de la historia en toda sociedad humana, pero también quienes, como los sacerdotes egipcios, se esmeraban, a la muerte del faraón, para garantizar que la efigie del antecesor quedara borrada para siempre, a golpe de cincel, de la memoria colectiva. Y como es previsible que los siga habiendo siempre, parece lo más discreto –al menos mientras el maniqueísmo ejerza su ‘pathos’ sobre nuestros paraísos– renunciar a estos memoriales pétreos que nacen irremediablemente con fecha de caducidad indeterminada pero cierta. Yo sólo conozco un monumento que esté clamando por su destrucción y es el del Tenorio que consagra en Sevilla sus versos más delincuentes. Por los demás, no sería yo quien moviera un dedo iconoclasta, convencido de que el tiempo se encargará de ello indefectiblemente.