El ojo de Martínez

Las viñetas publicadas por ‘Martínez’ en El Mundo, relámpagos de ingenio a media distancia entre Siné y El Roto, llevan camino de acabar suplantado el análisis político del mismo modo y por razones idénticas a las que se argüían para sostener que, en fin de cuentas, nadie da mejor y más acabada noticia de la vida que la poesía. La del domingo era de las que hacen época y en ella su personaje –ese profesional de la política curtido en la tenería de su propia indecencia– decía literalmente levantando el índice filosófico: “Los políticos hace tiempo que si por algo trabajamos es por un sistema de promesas y ayudas… preelectorales donde no quede ni un voto…gratis”. No se puede resumir mejor el espíritu de insensata verbena que anima la actualidad en estos amenes de legislatura, seguramente porque, con las encuestas en la mano, el Gobierno no las tiene todas consigo frente a los próximos comicios, o quizá sólo porque el oportunismo electoralista ha sentado ya plaza fija entre nosotros. En las pasadas elecciones municipales hubo candidato que ofreció como aliciente a sus votantes el sorteo de un piso y candidata que lo que regalaba eran papeletas para la rifa de un dormitorio de los de antes, ocurrencias que se han quedado en pañales a la vista de la carrera de mercedes que el Gobierno viene prodigando día a día quizá estimulado por esa idea de ‘Martínez’: que no quede ni un voto gratis. ¿Se puede perder en las urnas prometiendo premiar a las paridas, subvencionar la vivienda de los jóvenes, subir las míseras pensiones de los abuelos, garantizar el derecho a la vivienda al ochenta por ciento de los ciudadanos y reducir los impuestos aunque sea –menos da una piedra– bajando el IRP sólo el dos por ciento bajo la inflación? Pues debe de ser que si, a juzgar por la agitación ambiente, la guerra del fútbol, el cisma de Mediapro y la rebelión del polanquismo ilustrado. El problema de la prodigalidad estriba en que el prodigado nunca cree tener bastante con la dádiva. Un perú que se le diera al elector no garantizaría su voto al cien por cien. Menos mal.

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Por supuesto que las promesas se hacen sin propósito de cumplirlas, como Tierno proclamaba con sincera desvergüenza. No creó González los famosos 800.000 puestos de trabajo con que se estrenó el ‘sociatismo’ ni cumplió su compromiso de premiar con una felación a cada votante cierta aventurera nórdica que hace poco escandalizaba con ese truco al personal, en ambos casos por la propia inviabilidad de la promesa. Chaves no edificó ni la mitad de las viviendas comprometidas cuando aún no garantizaba a todos su derecho, ni le dio a las amas de casa el salario prometido en concepto de vacaciones, ni mantuvo el cacareado ‘salario social’ de los más pobres. De manera que si algo no tiene sentido es la aprensión provocada por la idea de que esta piñata podría arruinarnos, supuesto sin base como sabe bien ese Solbes que se presta, eso sí, a hacer el paripé del administrador responsable y severo que vela por la bolsa de todos y de nadie. No se trata de cumplir, en resumen, sino de prometer, de embargar –como proyecta el personaje de ‘Martínez’– la intención de voto, de corromper la voluntad popular desvirtuándola en el ácido espurio de las promesas, y atraillándola con el bocado del interés. Desde el bebé al anciano, pasando por el joven, la ‘maruja’, el jornalero, el estudiante o el hipotecado, todos disponen de su correspondiente “plan Renove” que nadie puede garantizar que llegue a ejecutarse alguna vez –como tantas otras cosas comprometidas, después de todo– pero que, de momento, así a bote pronto, quién sabe si puede movilizar un voto tal como los esemeeses de la otra vez hicieron el milagro del voto bullanguero. Y es que lleva razón ‘Martínez’: no hay razón para dejar un solo voto sin pago en esta sociedad subsidiada. Anuncian los obispos que desde ahora los curas no trincarán del erario público. ¡Pues van a ser los únicos!

Nuevo sindicalismo

Fue todo un éxito la presentación, en el repleto paraninfo de la ujniversidad Pablo de Olavide, del nuevo Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), nueva formación constituida en un principio por la aproximación del viejo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el Foro Sindical Andaluz, Autonomía Obrera y otros colectivos que, en total, representan hoy por hoy a 25.000 afiliados pero que aspira a representar no menos de 40.000 en un par de años, plazo en el que todos ellos se integrarán definitivamente en el nuevo proyecto. El SAT dice venir en busca de un sindicalismo distinto, directo y no burocrático, combativo y no determinado por los intereses de la ‘concertación’ como sus hermanos “mayoritarios”, aparte de salvar la brecha que separa a los trabajadores de sus propias organizaciones y llenar ese hueco con su presencia activa. A juzgar por la levantada del telón, apunta bien la propuesta. Sólo queda por comprobar si quedan energías en el trabajo andaluz para romper el círculo vicioso que cerró hace mucho la estrategia de concertación.

La mejor defensa…

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero la discreción aconseja no seguir los refranes al pie de la letra. La querella interpuesta por el ex-presidente de la Diputación, José Cejudo, contra la funcionaria que osó denunciar ante la Inspección de Trabajo su presunta (aunque más bien evidente) situación de ‘mobbing’ obedece –como ya va siendo habitual entre nuestros políticos, empezando por el propio Chaves– al intento de silenciar los recursos judiciales a base de réplicas inversas contra cualquiera que, en uso de su legítimo derecho, tenga la audacia de criticar al Poder o apelar a la Justicia para defender su fuero frente al arbitrio de los barandas políticos. Cejudo tiene pendiente, por lo demás, otra demanda por la misma causa que habrá de juzgarse estos días, pero en cualquier caso, no es ningún secreto que en la Diputación, como están hartos de denunciar algunos sindicatos, la política de personal no se viene ajustando al modelo más deseable. Esa funcionaria, por ejemplo, igual que el otro rebelado, andan en manos del médico desde hace demasiado tiempo a pesar del decidido apoyo sindical recibido. Tratar de tapar las bocas desde los despachos no parece la mejor solución para recobrar el sosiego.

Coyunda a plazos

Una diputada extranjera acaba de proponer en su país la más imaginativa prótesis jurídica de la pareja humana discurrida al menos desde el neolítico. Consiste su iniciativa –me ha parecido pillar al vuelo– en limitar la duración del matrimonio a siete años de modo y manera que los cónyuges tengan oportunidad de renovarlo voluntariamente o declararlo obsoleto sin salirse de la ley ni tener que recurrir a ella, que suele ser peor todavía. Pocas cosas tan curiosas como esa mala vitola que rodea a la vieja institución en una sociedad que no sólo se agolpa a la puerta de parroquias y juzgados para conseguir una fecha nupcial sino que registra en estos momentos un auténtico boom de la coyunda legal en la que es preciso incluir, desde hace poco, por si algo faltaba, la estadística nada despreciable de casorios homosexuales. ¿Por qué tan mala prensa, de dónde le viene al matrimonio tanta rechifla si su suerte parece más que garantizada a pesar de la extraordinaria sangría que supone hoy por hoy el divorcio, normal o ‘exprés? Sobre pocas cosas se ha acuñado tanta filosofía parda y tanta burda retranca como sobre esa institución que parece sacar fuerzas de su propia flaqueza como empeñada en garantizar su viabilidad más allá del cuestionamiento constante a que la sometió siempre la dura competencia de la vida. La diputada imagina que limitar la duración a un plazo razonable –y el siete, una vez más, ejerce su irresistible sugestión simbólica– permitiría a ella y a él disponer con mayor libertad de su vida y, como consecuencia, reducir el recurso a la infidelidad que hasta hoy ha funcionado como el mejor antídoto de la desilusión. A D’Ors suele atribuirse apócrifamente el dicho de Dumas hijo de que el matrimonio es carga tan pesada (‘cruz’, dice la versión vetónica) que ha de llevarse entre tres, pero los acontecimientos se han encargado, en todo caso, de desmontar la presunción masculina de que, como pensaba nada menos que Taine, así como la mujer entra en la vida por el matrimonio, el hombre sale de ésta por esa misma puerta. La progresiva liberación de la mujer ha desmontado, en cualquier caso, el prejuicio de que la infidelidad es cosa de hombres y la diputada en cuestión cree adelantarse a los acontecimientos ofreciendo una fórmula flexible para ambas partes ante el fracaso de esa vigorosa institución.

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Ya veremos los resultados, pero de momento no tenemos otra que atenernos a la sindéresis y lo que ésta nos dice es que la novedad propuesta puede que amenace más que proteja a la cuitada fidelidad. Un casorio no es un empleo que pueda limitarse por mandatos, y no sólo porque, al menos durante los últimos diez mil años, la Humanidad no haya dado, a pesar de tanta queja, con una fórmula mejor de convivencia en libertad, sino porque durante ese periodo el derecho urdido en torno a la pareja humana viene dando por buena la sugestión marxista de que el matrimonio es una llave de la familia y ésta una “célula de reproducción social”, esto es, contando con el hecho estadísticamente aplastante de que la pareja inicial no se cierra en sí misma sino que se reproduce en una descendencia imprevisible. ¿Haría más libres y sinceros los casorios un contrato de caducidad tan expeditivo o, por el contrario, esa misma duración limitada terminaría por constituir un nuevo factor de inestabilidad frente al ideal romántico de la pareja perpetua? Desde luego no son los católicos quienes podrán lamentar la propuesta teniendo en cuenta que, para el Apóstol, el matrimonio no parecía  –“más vale casarse que abrasarse”– más que una alternativa extrema. En el mismo lugar de Taine al que me he referido aparece un calendario desolador: un hombre y una mujer –decía al sabio– se estudian tres semanas, se aman tres meses, se pelean tres años y se toleran treinta. El pesimismo conyugal, ya saben. En pocos temas el hombre se ha peleado tanto consigo mismo.

Las manos en la masa

La comedia que están representando el PSOE y sus Administraciones en Sevilla capital, tras la recalificación salvaje de su propia sede provincial con un beneficio de cinco millones y medio de euros, es de vergüenza y traca. La suspensión de las obras dispuesta por la Gerencia, obligada por la manifiesta destrucción de elementos protegidos legalmente, más si cabe, puesto que el alcalde, que es quien bendice la recalificación, es también el presidente del bando beneficiado. Ha habido incontables episodios de corrupción o irregularidad en el PSOE de Chaves –desde la condonación de su propio crédito en una caja a los talones de Gil en el ‘caso Montaner’– pero quizá nunca se supo de una hazaña tan descaradamente afanadora como ésta. Suspender la obra es, con toda evidencia, un paripé. Todo lo que no sea dar marcha a atrás en este minimarbellazo de partido servirá tan sólo para ganar tiempo y perder prestigio.

Donde las dan las toman

Y van… Nuevo palo del TSJA a la Junta y a la oposición municipal del PSOE, cuyas respectivas campañas contra el Ayuntamiento legítimo –que duran ya más de doce años– empiezan a resultar indignantes además de una miajita cómicas. La venta de terrenos del Ensanche estaba en regla y, por tanto, la zancadilla de la Junta deja de tener el poco sentido que pudiera haber pretendido, mientras el concejo ve expedito el camino para acercar la Ciudad a la Ría. Con lo que poco le ha durado al chavesbarrerismo el contento por el revés del consistorio en le asunto Endesa, en el que él, por cierto, se abstuvo escrupulosamente de pronunciarse. Lo dicho, donde las dan las toman. Ahora bien, parece que ya está bien, que el PSOE debe ir pensando en otra estrategia de lucha contra Pedro Rodríguez, visto que en el Juzgado las pierde todas y que cuando una vez se lleva el gato al agua enloquece de contento. Boicotear la acción del Ayuntamiento es perjudicar a los onubenses. Insistir en ello tras tanto batacazo, una simple prueba de impotencia cuyo coste para la capital, eso sí, debería reprochársele a sus causantes.