La Historia oficial

Otra vez anda por medio el debate sobre la enseñanza de la Historia, es decir, la discusión sobre si la ‘socialización’ del conocimiento del pasado debe hacerse por libre o atraillada con mano firme por el comisario del Poder. Se comenta por doquier el proyecto de la Federación Rusa de oficializar una nueva historia de esa “nación de naciones” (que ésa sí que lo es) que sin salir del Kremlin le han pergeñado a Putin un grupo de escribas partidistas. Rusia tiene un problema, eso es algo sabido, a la hora de asumir el pasado con más sombras que luces de la era soviética, un problema tan grave que más de una vez ha permitido ver en él cierto complejo de culpa oscuramente sentido por las nuevas generaciones y, en especial, por los sectores más o mejor sintonizados con el estilo de la cultura occidental, y ese complejo parece ser que es lo que se trata de subsanar trocándolo nada menos que por el clásico sentimiento de orgullo nacionalista, es decir, por otro complejo igualmente expuesto a excesos o déficits en la valoración. De lo que se trata, obviamente, es de dotar a un personaje gris como Putin de una vitola presentable, y a esos intelectuales orgánicos no se les ha ocurrido nada mejor que establecer un parangón con el padrecito Stalin cuya obra de unificación, victoria bélica y éxito industrializador pasan nuevamente a primer plano para ocultar el horror de todos conocido. El texto en cuestión es un manual para educadores y será oficial, es decir, obligatorio, lo cual no debe extrañarnos en un país como el nuestro en el que se procede actualmente al desguace de la Historia común, “que es la única verdadera”, para sustituirla por las diferentes crónicas regionales animadas por los héroes propios de sus mitologías de pacotilla. Algo, como ha señalado el profesor Chic, que ha ocurrido antes en muchos países, desde los EEUU hasta China, y que verosímilmente ocurrirá sin remedio cada vez que la ínfula política se sobreponga al criterio objetivo y de la Historia se pretenda hacer una catecismo antes que un manual de ética colectiva. Eso de que el historiador es un profeta que mira hacia atrás, como decía Heine, no es más que una broma. En la realidad de la vida, el historiador tiene que elegir entre ser un censor o un elegíaco.

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Creo que una de las propuestas del partido nuevo (no sólo “nuevo partido”, ojo) de Savater y Rosa Díez, será ésa de reclamar el derecho de la colectividad a compartir una versión común del pasado, es decir, la facultad del Estado de impedir que la transmisión de la Historia se fragmente en la trituradora autonómica en perjuicio de la objetividad y a favor solamente de un impostación lugareña del mito. La Historia no debe ser una disciplina ‘ideológica’ sino una “investigación” (ése es su étimo griego) neutra y, en este sentido, ‘amoral’, es decir, no dirigida a “formar” las conciencias sino a “informarlas”, no puesta al servicio de intereses coyunturales o fantasías mitológicas, sino dispuesta como un instrumento de autoconocimiento de los pueblos y, en lo posible, construido, sin encono ni parcialidad, como proponía, no sin alguna ingenuidad, el genio de Tácito. Hoy es poco probable que se recuerde la conclusión del sabio y reaccionario Joseph de Maestre en el sentido de que, en el fondo, la Historia es la única “política experimental” de que disponemos y, por eso mismo, la única buena. Lo demás es pura propaganda, esa vaina que, según Valéry, justifica lo que se quiera con sólo disponer de manera adecuada los espejos de la cámara. Los comisarios del Kremlin o los que asisten a nuestra autonomías acaban dando, por caminos opuestos, en un mismo trampantojo al sustituir en su labor la Razón por la Moral. Es lo que pasa, indefectiblemente, cuando el historiador es sustituido por el escriba o, como dice Chic siguiendo a Paul Johnson, cuando el político desplaza al chamán. Vale que la Historia sea maestra de la vida. Lo malo es que cada maestrillo tenga su librillo.

La III Modernización

No sé si se equivocó lo dijo adrede, pero ZP usó una vez ese lema, la “III Modernización”, para situar a la Andalucía actual. Lo malo es que hechos son amores y no buenas razones, y ya me dirán como cohonestar ese proyecto vanguardista con el hecho, claramente tercermundista, de que 40.000 criaturas vecinas de diez pueblos del Condado onubense, se hayan tirado mes y medio trasegando agua no potable, o si lo prefieren, “no apta” para el consumo humano, según el propio SAS. ¿Qué modernidad es ésa que tiene una comarca tan amplia sin agua de beber, y que tarde 44 días en determinar analíticamente la condición del agua suministrada? ¿Y qué responsabilidad tienen el SAS, la consejería de Salud o la subdelagación del Gobierno en esta temeridad cuyos efectos, por fortuna para ellos, no hay mnodo de determinar a corto plazo? Si esta era la “Modernización” que en Chaves hace pivotar su “régimen”, aviada va esta autonomía que no sin razón figura a la cola de España en la práctica totalidad de los indicadores.

Crisis de confianza

El problema de la tardanza del SAS y sus servicios en verificar que el agua (no)potable de esos 10 pueblos del Condado era peligrosa para los consumidores no se agota en el propio conflicto y sus eventuales consecuencias políticas, sino que se verá prolongado en la crisis de confianza que en los ciudadanos en general tiene que producir la comprobación de que cada vez que se plantea una alarma sanitaria (epidemiológica o de la naturaleza que fuere) el SAS se dedica a navegar contemplando el mar y los peces en espera de que la galerna amaine y los afectados la olviden. ¿Cómo explicar que un laboratorio moderno tarde mes y medio en detectar unos niveles nocivos de determinada sustancia en el agua de la red? ¿Faltan medios, es cuestión de incompetencia, o acaso la tardanza responde a las clásicas estrategias de ocultación y desdramatización que constituyen, al parecer, el único recurso grato a esos barandas? 40.000 vecinos sin agua sana constituyen un escándalo socioeconómico, pero mes y medio de tardanza es una prueba de incapacidad que merece, por lo menos, alguna sanción proporcionada.

Amenes papales

Otra vez salta a la actualidad el tema de la muerte de un papa, en esta ocasión nada menos que la reciente del papa Wojtila, sobre las causas de cuyo deceso acaba de postular una anestesista italiana, Lina Pavanelli, las más graves sospechas. Según la doctora, rápidamente replicada por los galenos pontificios, Juan Pablo II pudo morir –ella dice si más que murió– a causa de ciertas maniobras de sus propios médicos que habrían evitado la prolongación de aquella conmovedora agonía por el procedimiento de no colocarle la imprescindible sonda gástrica por la que había de alimentarse hasta que fue demasiado tarde. Vuelve, como se ve, la polémica sobre aquellos malos momentos en que los propios médicos de confianza admiten que ponían y retiraban esa sonda de acuerdo con las necesidades de imagen de un pontífice moribundo al que se llegó a filmar de espaldas durante su última procesión del Viernes Santo para evitar el macabro espectáculo, aunque todo indica que, en esta ocasión, de lo que se trata es de potenciar cierta campaña a favor de la eutanasia que tiene lugar en Italia y a la que la Iglesia, como en todas partes, se opone con uñas y dientes. La muerte de los papas ha dado mucho juego a la información, escrita o de simple transmisión oral, desde aquel Esteban que sólo reinó unas horas, a la media docena larga que no llegó completar el mes de pontificado, un tema recuperado y sin solución definitiva, de momento, a propósito del truculento final de Juan Pablo I, hace tiempo incluido en el cine negro, y sobre el que hoy sólo los voluntaristas se permiten mantener ya la versión oficial. Incluso un papa tan carismático como Pío XII –que había previsto su óbito con tanta serenidad como para encargar a su séquito, en plan príncipe Pacelli, que lo amenizaran con el segundo movimiento de la Tercera de Beethoven– vio turbado, al parecer, ese trance por las violentas alucinaciones que divulgó sin contemplaciones su infiel médico de cabecera y que originaron en su momento un agitado escándalo. El nimbo de prestigio de la institución ha hecho con frecuencia de la muerte del papa un motivo de leyenda que los hechos se han encargado de sobrepasar, ciertamente, más de una vez o más de dos.

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No parece probable –no hay precedentes de algo similar– que el asunto se acabe aclarando y lleguemos a saber a ciencia cierta si la inacabable moribundia de Wojtila siguió su curso natural o fue “auxiliada” con el fin de acortar tan tremenda pasión por las mismas manos anilladas que condenan con firmeza el derecho a disponer de la propia vida incluso en casos extremos, y hay que recordar que en aquellos duros momentos el clamor contra la prolongación artificial de aquellos amenes fue prácticamente universal. Se trata, en definitiva, de la cuestión eterna de la doble moral, que no resulta tan difícil imaginar en el ámbito cerrado del poder vaticano pero que, como es lógico, subleva a tanta gente como viene reclamando aquel derecho cuya prohibición debe mas que nadie al veto eclesiástico. Estos días hay ruido también, de nuevo, a propósito del baratillo que la diócesis romana ha montado en Internet para vender presuntas reliquias del difunto papa y que ha recibido enérgicas críticas incluso desde dentro de la organización, pero el imaginario sigue su curso y las peticiones se multiplican en la almoneda mientras los apóstoles de la muerte asistida tratan de barrer para adentro apoyados en la declaración de esa doctora que, desde la universidad de Ferrara, no duda ya en afirmar que le fallecimiento de Wojtila fue calculado hasta en sus mínimos detalles cuando así lo dispuso quien podía disponerlo. Un caso que podrá constituir una contradicción, por descontado, pero que no tiene color comparado con el enredo mafioso en que naufragó su predecesor. A Juan VIII lo crujieron a palos tras envenenarlo alevosamente. En esa procelosa crónica a puerta , como ven, siempre habrá a la mano algo peor.

Digo y Diego

Genial la inconsistencia de la proclama republicana de los ediles del PSOE en Humilladero, que han dado marcha atrás en cuanto el jefe de la fila ha soplado con fuerza el silbato. Pero no hay que engañarse porque es manifestación, que puede pacer excéntrica e insignificante, es sin duda un paso más en el guión de la rebeldía constitucional trazado por cuatro minoritarios sin el menor relieve, pero obviamente envalentonados por el clima de insumisión propiciado desde el propio Poder. Les guste o no que se diga, la guerra de las banderas es inseparable de la ofensiva antimonárquica, y una y otra remiten a la permisividad de un Gobierno débil pero que ha hecho del radicalismo una coartada estratégica. Van a conseguir devolvernos 30 años atrás sólo porque casi todas esas fuerzas carecen de auténticos programas de futuro. Los concejales del PSOE dando marcha atrás son una anécdota. La desmoralización progresiva de la nación, en cambio, no es ninguna broma.

Provincia y política

La Diputación, el “Ayuntamiento de Ayuntamientos”, esa expletiva institución “provincial” que compite absurdamente con la autonomía, anda entretenida con sus politiqueos –los juicios por ‘mobbing’ contra sus barandas, las caprichosas reclamaciones del viejo hospital de La Merced o del Gran Teatro–  mientras la sufrida provincia soporta problemas como ese –inconcebible en plena ‘II Modernización’– de mantener a diez pueblos sin agua por haber sido considerada la del suministro como no apta para el consumo humano. Ni Junta ni Diputación bastan para frenar una situación semejante que declara la fragilidad de nuestras infraestructuras y servicios básicos y, por supuesto, la indiferencia con que esos fundidores de presupuestos contemplan los problemas reales de los ciudadanos. Diez pueblos sin agua constituyen un escándalo que descubre el tercermundismo que, en muchos aspectos, subyace bajo la apariencia de modernidad.