Si desde la oposición va a pedirse en otoño la equiparación del enseñante al funcionario público para defenderlo frente a agresiones que así no serán faltas sino delitos, los sanitarios andaluces denuncian que, en su caso, ni siquiera esa providencia ha servido para frenar a los salvajes que en sólo un quinquenio han agredido a 600 profesionales. No se explica la incapacidad de la autoridad para proteger a unos trabajadores esenciales que, desde hace tiempo, vienen siendo progresivamente avasallados en plan bárbaro por unos usuarios de los servicios públicos que se creen sus dueños realengos y, desde luego, actúan impunemente como si lo fueran. Es necesario reforzar la protección y aplicar con severidad la normativa en una comunidad que no tiene por qué doblegarse ante un puñado de bestias.

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