Mucha hablar y mucho proclamar derecho y maravillas, pero la verdad es que la Junta trata a los emigrantes más en función del color del municipio donde malviven que en razón de su condición humana. Lo que está ocurriendo en la localidad onubense de Lucena del Puerto, donde ha tenido que intervenir el Defensor del Pueblo ante lo extremado de la situación, no tiene nombre: siete mil criaturas desprotegidas y carentes de todo lo imprescindible porque el Ayuntamiento “independiente” del pueblo está siendo castigado por la Junta que le niega una subvención de casi medio millón de euros a pesar de la bancarrota en que el gobierno municipal del PSOE legó al actual. Que tras las elecciones, en el Pleno, los sociatas avisaran al gobierno legítimo de que la Junta y demás Administraciones afines les “cerrarían el grifo” no fue una baladronada sino la expresión de un método político vigente hoy en toda Andalucía.

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