Ciertos o conjeturales, confirmados o pendientes de prueba, los escándalos atribuidos a dirigentes políticos en el ámbito del urbanismo y/o la especulación no cesan ni a la de tres. ¿Qué significa que el delegado de la Junta en Almería –la primera autoridad autonómica de la provincia—se vea envuelto sin salida en la acusación de participar una empresita que facturaba a la Diputación por un tubo? ¿Y qué quiere decir que la Diputación gaditana venda a una empresa (que a su vez ya ha traspasado la patata caliente a otras manos) un pinar en un precio ocho veces inferior al de mercado? ¿Qué fue del delegado de Medio Ambiente decapitado en Huelva por negarse a refrendar el megaproyecto auspiciado por el secretario provincial y que el propio Chaves hubo de parar en seco ante la bronca provocada? No sólo en Marbella cuecen habas y no sólo allí borbotea e hiede el puchero político. El Parlamento, por pura dignidad, debería elaborar una relación de casos sospechosos o demostrados y proceder en consecuencia, si quiere que la democracia conserve su cada vez más cuestionada legitimidad.

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