La moda de la “okupación” de viviendas ajenas se ha convertido en un derecho “discutido y discutible” que, al fin y al cabo, es sostenido por el hasta ahora vicepresidente del Gobierno o por la alcaldesa de Barcelona entre otras eminencias. Cómo será que la noticia no es ya que la Junta autónoma mantenga “okupados” 300 pisos de su propiedad, sino la sentencia de un juez que ha rechazado la petición de un “okupante” burlado por el legítimo dueño y que pretendía el desahucio de éste para recuperar lo ajeno con respaldo legal. El mundo al revés, no me dirán que no, el disparate invadiendo el derecho penal bajo el disfraz de un bienhechor recurso progresista que, al fin y al cabo, resulta explicable teniendo en cuenta que el poder regional no basta ni para conservar lo suyo.

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