Es una tomadura de pelo el hecho de que los centros de acogida de la autonomía andaluza mantengan desde hace tres años a 835 menores marroquíes enviados a la Península por sus propias familias, mientras Marruecos no mueve un dedo para su pactada repatriación. Es un abuso que sólo se explica por la absurda sumisión de la autoridad española y andaluza a los caprichos de una Administración proverbialmente arbitraria y que funciona, frente a la nuestra, desde una clara superioridad consentida. La Junta debe exigir al Gobierno que presione al país vecino para resolver este problema no sólo por el huevo sino también por el fuero.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.