La imputación de esos cuatro delitos al ex-director de trabajo, Daniel Rivera, al que, por lo que sea, la Junta de Griñán le paga la defensa, eleva gravemente la tensión en el caso de los ERE y las prejubilaciones falsas, porque concierne ya sin lugar a dudas al mandato de Griñán. ¿Habrán pensado los buhoneros que han amañado la comisión parlamentaria en que esta decisión complica las cosas y en que no ha de ser, seguramente, la última que les ponga cuesta arriba el apaño que pretenden? ¿Qué va a decidir el Parlamento en ocho o diez días frente a lo que la juez Alaya lleva investigando años? Es muy probable que esta breve y tardía comisión acabe rebotando contra los mismos que han creído que habría de servirles de salida de urgencia.

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