El negocio de las prejubilaciones ilegales perpetradas entre el Ayuntamiento de Sevilla y la consejería de Empleo de la Junta –casi 700 millones de euros para pagar subvenciones y ayudas al margen de la Ley—es de lo peor hasta ahora descubierto en la saga de las corrupciones, y del proceso judicial en marcha pueden derivarse sanciones que habrían de recaer sobre algunos primeros espadas del partido en el poder. Extraña sobremanera el silencio de Griñán –inspector de Trabajo, hay que repetirlo—ante esta estafa en toda regla. Presidente de la Junta y secretario general de su partido, si lo prolonga deberá soportar sin derecho a protesta las peores sospechas.

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