Un responsable directo del negocio ha declarado en el juicio por el “caso Malaya” que la Junta de Andalucía no recurrió ni impugnó uno solo de los muchos cientos de convenios urbanísticos urdidos en el Ayuntamiento de Marbella durante el gilismo. Buena ayuda para los acusados de aquel saqueo que siempre podrán decir, en consecuencia, que ellos trabajaban a la luz del día sin que los servicios del gobierno regional le dijeran ni mu. Lo que ha ocurrido en Marbella no resulta concebible sin esa ceguera de la Junta que ahora confirma un juntero. Quizá es cierto aquello de que no hay verdad que pueda permanecer indefinidamente oculta.

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