Muchos ciudadanos no comprenden por qué la mala administración no comporta la adecuada sanción judicial. ¿No se sanciona al mal administrador privado cuando actúa temerariamente, fuera de la ley o en perjuicio de terceros? Pues mal se entiende que, en cambio, quienes manejan los fabulosos grandes caudales públicos puedan perpetrar lo que quieran sin que el juez tenga nada que decirles. Los que dejan un déficit que habrán de pagar sufridamente los peatones, por ejemplo, los que gastan saltándose los controles legales, los que dilapidan insensatamente por encima de sus posibilidades, deberían estar sancionados ejemplarmente. Aquí, por el contrario, se les otorga el collar de alguna Gran Orden y el que venga detrás que arree.

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