Aquí todo el mundo es municipalista hasta que llega la hora de entregar competencias o de soltar la mosca. Un nuevo caso que lo confirma es la abultada deuda que la Junta mantiene congelada a los Ayuntamientos como consecuencias del Plan Aula 2000 que forzaba a éstos a pechar con la construcción o mejora de los centros de sus respectivas localidades contando con un futuro pago de la Junta que nunca llegó. La deuda en cuestión asciende a 146 millones de euros y se refiere a obras realizadas en el periodo 1997-2004 que, según reconoce la propia responsable del ramo, han contribuido a mejorar sensiblemente la realidad escolar, a pesar de lo cual la Junta que le endosó esa responsabilidad suya a los consistorios, no le ha pagado luego, lo que sugiere dos preguntas: por qué la Junta transfiere a los Ayuntamientos una obligación suya, y dónde está el dinero que supone que debería haber presupuestado para resarcir esa deuda. El toque está en saber si, en realidad, con ambas cuestiones estaremos haciendo una misma pregunta.