¿Quién paga aquí los platos rotos de la arbitrariedad político-administrativa, a qué bolsillos se cargan las facturas ocasionadas por los errores o por los “errores”, ya me entienden, de unas Administraciones que lo mismo conceden ilegalmente un casino de juego que venden una finca invendible sin informar al comprador de la carga que pesa sobre ella? Pues paga el ciudadano de a pie, el contribuyente que el mes que viene habrá de retratarse junto al caballo de cartón de Hacienda, el mismo que paga en silencio el gasto hecho por una Diputación que se lo monta rumbosa en El Rocío o los que ocasionará el caos consentido en Marbella durante tantos años. Debería existir la posibilidad de sancionar la arbitrariedad para que quienes miren para otro lado o se hagan el loco mientras se produce uno de esos disparates, peche con su culpa y efectos. Lo que no tiene sentido es que se diga –y se ha dicho incluso desde la Justicia—que un escándalo de facturas falsas como el del Ayuntamiento de Sevilla tiene mucho de ‘mediático’ cuando todos sabemos que el peatón pillado en algo similar da con sus huesos, irremisiblemente, en la cárcel.

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