Parece un chiste eso de que la guardia Civil haya debido llevar al Congreso de los Diputados el aviso de la juez Alaya por no haber encontrado en sus domicilios a los ex-presidentes Chaves y Griñán, que eran los “pre-imputados”. Y extraña la interpretación dada al hecho en la Cámara, que parece confundir una diligencia de localización en el lugar de trabajo con un desafuero. El PSOE, más desbordado cada día, pide ya al Consejo General del Poder Judicial que quite de en medio a esa instructora implacable. Y uno se empieza a preguntar si este supremo escándalo no acabará cerrado en falso a cambio de cerrar también el que abruma al adversario. Si eso llegara a ocurrir, nunca habría estado más clara en España la connivencia de la clase política en peso.

3 Comentarios

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