La corrupción no es sólo cosa de sus manijeros sino también de las Administraciones que la posibilitan con su inhibición y hasta con su complicidad. Se ha visto durante todos estos años de bonanza arrolladora, en los que Junta y Ayuntamientos han dejado hacer a los “emprendedores” cuanto les vino en gana. Por eso es doblemente intolerable la decisión de demoler -por no haberse ajustado en su día a la normativa que esas Administraciones tenían la obligación de hacer cumplir– las viviendas compradas de buena fe por ingenuos a los que no podía pasar por la cabeza que fuera ilegal lo que estaba a la vista de todos. Nunca una decisión política hizo crujir de esta forma la imprescindible seguridad jurídica.

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