Si ayer informaba este diario a sus lectores de los contratos blindados que las Administraciones gestionadas por el PSOE han puesto de moda, hoy nos enteramos de otro caso, el de la Diputación de Huelva, obligada judicialmente a pagar a la propiedad de un fastuoso inmueble que alquiló en su día los cerca de 700.000 euros que le adeuda por rescindir el contrato antes de cumplirse el plazo. ¿Por qué “blinda” la Junta sus alquileres, desechada la idea del agio si es que esto es posible? No lo sé pero es obvio que este personal administra el dinero de nuestros impuestos como quien tira con pólvora ajena. ¿No sería lógico establecer una responsabilidad subsidiaria de quienes incurrieran en pelotazos semejantes?

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