…y no fue. El zafarrancho organizado por la sentencia del “caso Mari Luz” deja en evidencia que el objetivo prioritario e irrenunciable del Gobierno es controlar a los jueces, laminar el imprescindible principio de la separación de poderes. ¿Por qué no se abrió una comisión parlamentaria para averiguar si ese caso era un accidente aislado (que es como se lo ha tratado) o una inevitable consecuencia de la situación indecorosa que atraviesa la Administración  de Justicia? Pues porque no convenía al Poder dejar en evidencia que ése y sabe Dios cuántos casos similares son la consecuencia de la negligente actitud Gobierno y Junta más que del error de un juez. Ambos han aprovechado el “caso Mari Luz” para desencadenar una campaña de desprestigio contra los jueces que facilite su posterior sometimiento al poder político. Ni Junta ni Gobierno han querido saber qué pasa en los Juzgados; es más fácil demonizar a un juez y desprestigiar a la Justicia en su conjunto. Si acaban logrando su objetivo, ni más ni menos habrán liquidado la democracia legítima.

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