Está bien que el PSOE andaluz se rinda a la evidencia y decida enviar a la Justicia los numerosos casos de prejubilaciones fraudulentas realizadas bajo su gestión institucional, desde la consejería de Empleo de la Junta. Y mejor estaría que aceptara investigar el caso en el Parlamento admitiendo, por si fuera poco, que entre esos prejubilatas ilegales, confirmados por la propia Junta, figuran destacados altos cargos del partido. Se equivocan quienes aún pretenden darle árnica al más feo asunto registrado en la autonomía así como los que traten de ribetear de negro esta trama suficientemente opaca de por sí.

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