Ha dicho el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo que, a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal, hay que demoler las viviendas ilegales, cosa inobjetable donde las haya al menos con la ley en la mano. Pero enseguida le han salido al paso los Registradores que, “si estuvieran inscritas en el Registro” o hubiera de por medio terceros hipotecarios, esto es adquirentes de buena fe, entonces nanay de la China. El ciudadano perplejo se preguntará si es posible que en el Registro se inscriban fincas ilegales y de quién es la responsabilidad cuando esto ocurre, porque resulta evidente que siendo esa institución una oficina pública para la defensa tanto del propietario como de los demás, no tiene mucha ni poca lógica que cualquiera llegue a la ventanilla y, legal o ilegal, registre lo que le dé la gana. El personal está perdiendo la olla a marchas forzadas bajo la borrasca especulativa. Como alguien no lo remedie el ladrillo va a llevarnos a una situación de inseguridad jurídica incompatible con la democracia más elemental. 

1 Comentario

  1. A mi parecer ya están ustedezs en ello pues las leyes, según leo, se las salta a la torera la autoridad.

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