No quiere quedarse enteramente al relente el fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga a la hora de enjuiciar el papel de la Junta en los desaguisados del “caso Malaya” o del saqueo marbellí. El hombre insiste en que la Junta “no es parte perjudicada”, lo que le impediría personarse como tal en el procedimiento abreviado, pero que bien pudiera hacerlo ejerciendo la “acción popular”. O sea, que está de acuerdo con el leñazo que el juez instructor propinó a la Administración autónoma por cerrar los ojos mientras cobraba una millonada en impuesto por obras ilegales, pero tampoco quiere que la sangre llegue al río. Normal, sobre todo tras los espectáculos últimamente vividos como consecuencia de la actuación “jerárquica” de las Fiscalías, órganos, al parecer, firmes en el primer tiempo del saludo ante le Gobierno que es quien nombra y renombra. De todas formas, se resquebraja la pretensión de Chaves de la ajenidad de Junta y prospera la tesis de la responsabilidad civil de su Admistración. Algo de sentido común, ya veremos si también para la Fiscalía.

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