La decisión de los procesados por el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, de pactar con la Fiscalía la devolución de lo afanado a cambio de suprimir el juicio, es la mejor demostración de la realidad de esas infracciones que, en cualquier democracia medianamente rigurosa, acarrearía un seísmo en todo el gobierno municipal. A ver cómo se le explica ahora a los contribuyentes desde al Ayuntamiento de la capital de Andalucía que facturar en falso tampoco es tan grave, pues basta con devolver el dinero defraudado –sólo en caso de evidencia—y santas pascuas. ¿Financiación ilegal del partido y no lucro personal? Pues quizá peor me lo ponen y, sobre todo, peor se lo ponen a ese alcalde en el que no confía ya ni su propio partido

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