Lo que faltaba: un arzobispo condenado –es decir, un arzobispo delincuente, si el presumible recurso no lo remedia– y, nada menos, que a instancias de un sacerdote de su propia diócesis. Con un fondo de dineros por medio (el viejo lío de CajaSur, la banda de la Iglesia), que lo complica todo sin remedio y le presta al asunto un triste tono de lo menos evangélico. A la Justicia parece no haberle temblado la mano ante el relieve del reo, pero hay voces que van pregonando que, al contrario, quién sabe si la condición de monseñor le habrá al reforzar las presiones sobre el caso. Sea lo que fuere, un grave problema para la Iglesia andaluza, evidentemente más por el fuero que por el huevo, una áspera cuestión para la jerarquía y, en cualquier caso, una demostración de que en la democracia no rigen privilegios ni exenciones.

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