Reelegido Chamizo por unanimidad (y por fortuna) como Defensor del Pueblo Andaluz, los partidos políticos se enfrascan, una vez más, en su actividad favorita: repartirse los cargos y carguetes públicos para repartirlos entre sus fieles clientelas, incluso en instituciones –piénsese en el escándalo sin parangón que estamos viviendo en al Administración de Justicia– que deberían “funcionarizarse”, por así decirlo, es decir, dejar a sus agentes a solas con sus conciencias y sin vínculo alguno con los “aparatos” que los nombran. Los “adjuntos” del Defensor, por ejemplo, que según le ley de la casa sólo a él corresponde proponerlos, forman parte, desde la crisis de la “pinza” para acá, de ese botín a repartir que administran los partidos, y ello a pesar de que esa norma ya fue modificada dos veces precisamente para ampliar el número de adjuntos y que hubiera para todos. ¿Por qué no dejarán que esa Oficina al fin prestigiada funcione siquiera como una Administración normal en vez de cómo un guiñol manejado desde el Parlamento? Eso es algo que Chamizo debería exigir de una vez.

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