Es lógico que el ex-consejero Luciano Alonso lamente el calvario que ha supuesto para él y su familia su doble proceso judicial provocado por el caso de los “contratos fantasmas”. Es delgada la raya que separa la “conducta irregular y reprochable administrativamente”, como dice la sentencia del TSJA, y la responsabilidad penal. Pero el señor consejero debe aceptar que esos “contratos fantasmas” justifican sobradamente el escándalo social y político, como no ha escapado –a juzgar por lo que dice en su sentencia– al mismo juzgador que lo ha vuelto a absolver. Ni no llegar ni pasarse: la Junta –y éste caso es paradigmático— prodiga estos manejos en el filo de la navaja en detrimento –también lo dice la sentencia—de su propia credibilidad. Lamentable lo del consejero. Pero, sin duda, también “reprochable”.