Cualquiera ha podido conocer las duquitas negras de nuestros opositores, pocos pueden ignorar que el funcionariado autonómico tiene mucho más de clientela partidista que de colectivo meritorio. Desde sus inicios esta autonomía ha ido de parche en coladero y de coladero en parche –recuerden el aluvión de los “preautonómicos” — pasándose por el arco la legítima e imprescindible igualdad de oportunidades que representa el sistema correcto de acceso a la Administración. Y ahora, entre perplejos y “aconcojados”, se le pide al “Gobierno del cambio” que abra de par en par las puertas ¡a los que ya están dentro! ¿Y los que –¡legítimamente!— están fuera? Exigir que se exima  de la prueba legal a los pretendientes no es solicitar justicia sino reclamar un trato de favor que, sin duda, ha de resultar escandaloso para los disciplinados que se esfuerzan por conseguir la igualdad ante la Ley.

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