La Junta, a estas alturas del culebrón, puede clamar cuanto quiera, retorcer argumentos o invocar sus fantasmas familiares, pero los palos de esa nada sospechosa Cámara de Cuentas resultan, en última y fundamental instancia, demoledores: “Un agujero de 48’8 millones de euros en subvenciones sin justificar, retrasos de dos años para comprobar las justificaciones de los beneficiarios y hasta un 89 por ciento de ayudas para la formación concedidas durante un año sin ningún tipo de control”. ¡Es la Cámara de Cuentas la que lo dice, oigan, no la “canallesca”! Es posible que Susana Díaz no pueda darle un vuelco a esta situación de vergüenza–ella misma está “tocada” por una firma propia—pero está condenada a intentarlo o a convertirse en su cómplice sin atenuantes.

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