Desde Huelva hasta Almería, nada menos que 17 provincias, ha desmantelado la autoridad montajes más o menos sofisticados para estafar al desdichado más extremo: el inmigrante sin papeles. Un negocio que no es nuevo y que, en ocasiones, se ha producido en las mismas narices de esa autoridad, una maldad incomparable tal vez que debería ser castigada con una severidad ejemplar y más un país que tanto sabe de emigraciones y tanto debe a la inmigración. Nadie tan indefenso como esos parias y por eso mismo tan expuesto a la rapacidad canallesca de una delincuencia que tampoco debe de ser tan difícil de detectar en esos pueblos y en esos tajos tan pequeños. Con todo lo que estamos viendo en esta sociedad enloquecida, estafar a un hombre pobre que busca un trabajo para vivir, no queda muy lejos de lo peor.

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