Buena la hubiera hecho el Gobierno si llega a mantener en lugar de dar marcha atrás en el decretazo que prohibía a los Ayuntamientos endeudarse aún más a base de préstamos. Pero la realidad es que, viviendo enormemente por encima de sus posibilidades, nuestros consistorios han inflado una burbuja que se calcula ya lanzada hacia los 7.000 millones de euros, cantidad imposible de redimir en esta coyuntura y que, en cualquier caso, exigirá medidas excepcionales si es que antes no nos da un  disgusto mayúsculo. Es urgente que los propios Ayuntamientos se dispongan a evitar la explosión de esa burbuja que dejaría paralizada a la misma ciudadanía que los ha visto derrochar a manos llenas.

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