Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pero la discreción aconseja no seguir los refranes al pie de la letra. La querella interpuesta por el ex-presidente de la Diputación, José Cejudo, contra la funcionaria que osó denunciar ante la Inspección de Trabajo su presunta (aunque más bien evidente) situación de ‘mobbing’ obedece –como ya va siendo habitual entre nuestros políticos, empezando por el propio Chaves– al intento de silenciar los recursos judiciales a base de réplicas inversas contra cualquiera que, en uso de su legítimo derecho, tenga la audacia de criticar al Poder o apelar a la Justicia para defender su fuero frente al arbitrio de los barandas políticos. Cejudo tiene pendiente, por lo demás, otra demanda por la misma causa que habrá de juzgarse estos días, pero en cualquier caso, no es ningún secreto que en la Diputación, como están hartos de denunciar algunos sindicatos, la política de personal no se viene ajustando al modelo más deseable. Esa funcionaria, por ejemplo, igual que el otro rebelado, andan en manos del médico desde hace demasiado tiempo a pesar del decidido apoyo sindical recibido. Tratar de tapar las bocas desde los despachos no parece la mejor solución para recobrar el sosiego.

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