Se comprende la asfixia de ese presidente patronal, Ricardo Arranz, ante la que está cayendo sobre el sector. No pueden admitirse, en cambio, de ninguna manera, sus argumentos exculpatorios y, menos aún, su justificación de las corrupciones. El tema es viejo; somos corruptos porque nos obligan, tragamos porque carecemos de pruebas. Pero hay algo que falla en la base de esas razones y es que esos empresarios –cuya promoción estelar queda a la vista—no abren la boca hasta que en la cacharrería no irrumpe el elefante. ¿Por qué no ha dicho nada la patronal, por qué ni uno sólo de esos perjudicados se ha ido a un juez, a Anticorrupción, a la autoridad que fuera (no sería la primera denuncia secreta que aquí se produce, desde luego) y le ha contado que “las instituciones”, así, en bloque, los expolian y tratan de forzarlos al cohecho? La ley es para todos, incluso para ese gremio privilegiado que lleva años enriqueciéndose exponencialmente a base –según su dirigente—de delinquir bajo presión. Resulta demasiado fácil, aunque no deje de resultar elocuente, echarle toda la culpa a la Administraciones.

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