Ése podría ser, por desgracia, un justo eslogan una vez demostrado, al cabo del tiempo, que era verdad, como denunciamos entonces, que los pueblos del Condado fueron abastecidos con agua contaminada en 2007 a pesar de que las Administraciones conocían la peligrosa circunstancia. Tanto la Mancomunidad de la comarca como la consejería de Salud permitieron durante 44 días el suministro y el consumo a sabiendas de que el agua que llegaba a esos miles de onubenses estaba gravemente contaminada. Sobran comentarios pero no una pregunta: ¿quién o quiénes deben responder ante el juez por semejante atentado? La propia Junta debería ser la que diera el paso pero si no lo da, ahí está la Justicia para darlo.