Las denuncias contra la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAPSA), perteneciente a la consejería de Agricultura de la Junta, en relación con la competencia desigual que viene practicando incluso en terrenos muy alejados de sus competencias teóricas, devuelve a la actualidad el problema que esos montajes de que la Junta se vale, a modo de Administración paralela, para “agilizar” la gestión eludiendo las fiscalizaciones establecidas por la Ley, suponen en la medida en que se comportan como auténticos competidores ventajistas al conseguir que instituciones públicas controladas por la Junta y su partido les adjudiquen contratos de obras a dedo en perjuicio de la empresa privada. La Junta no sólo tiene en ellas una vía de escape para burlar el control legal sino que contribuye a arruinar a esos sectores con sus arreglos partidistas. DAPSA, en todo caso, no es la única arruinadora de que dispone un gobierno autónomo que ha conseguido duplicar la Administración aunque haya sido a ese doble y privativo precio.

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