Sostenía la Presidenta hoy en funciones que los docentes, pobres criaturas, no necesitaban el fuero de “autoridad pública”, para protegerse de la amenaza o la agresión, porque tenían amparo de sobra en la protección de la Junta. Y ahora esa Junta acaba de decir que abrirle la cabeza a un profe no es más que “un riesgo inherente a su profesión”. ¿Cabe mayor insensibilidad y mayor desprecio por los trabajadores públicos? La indiferencia ante la inseguridad en que tienen que ejercer su trabajo los profesores y médicos andaluces –patente en las innumerables agresiones registradas cada año– constituye uno de los mejores indicadores del autismo en que se mueve la voluntad política. Sería interesante conocer qué riesgos piensa la Junta que serían inherentes a los mandamases de la vida pública.

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