Insistimos: es normal que un juez y una secretaria de juzgado que provocan con su negligencia una situación irreparable sufran la correspondiente sanción, como lo es que entre ambas haya una proporcionalidad razonable. Ahora bien, la realidad de los Juzgados es tremenda desde hace muchos años y cada vez peor, y la gran responsabilidad por esta situación recae sobre la Junta de Andalucía –que con tanta vehemencia reclamó las competencias sobre esa Administración–, sorda sistemática a las reclamaciones de los jueces y funcionarios. Lo que se va a hacer, al fin, con el “caso Mari Luz” es un ejemplo diáfano de esa gran trampa que consiste en castigar al autor material para dejar en penumbra a los auténticos responsables. La Junta no invierte en Justicia porque no es electoralmente rentable: ésa es la clave. Abrumados bajo una montaña de papel, quienes administran esa Justicia no son los primeros culpables. El Ministerio lo sabe muy bien. Por eso está haciendo lo que está haciendo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.